La penalización del aborto no sólo produce muertes que podrían ser evitadas y mujeres que, en muchos casos, quedan con secuelas permanentes, sino que además pone obstáculos a los servicios de salud que en el marco de la ley actual ven complicada su intervención por la falta de medicamentos adecuados, de la capacitación de los profesionales y los controles estatales, según señala un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El principal escollo es que el misoprostol y la mifepristona, los medicamentos esenciales para una práctica segura y no invasiva, se consiguen, uno en una presentación que no es la adecuada, y el otro, sólo en el mercado negro, ya que no está autorizado en el país. “Si se legaliza el aborto esta situación se modificaría porque el Estado deberá garantizar el acceso al tratamiento tanto por el subsector público, como por obras sociales y prepagas”, sostiene el análisis de la Fundación.

El informe “Aborto: una práctica segura con medicamentos y métodos no invasivos” señala que en el contexto actual, la penalización obstaculiza el acceso a los medicamentos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mifepristona y el misoprostol, que permiten abortos seguros en más del 90 por ciento de los casos.

El misoprostol está registrado en noventa países para uso obstétrico, en tanto la mifepristona –que combinada con el misoprostol potencia su eficacia– está autorizada en Estados Unidos, Canadá, países de Europa, México, Colombia y Uruguay.

Sabrina Balaña, médica generalista e integrante del equipo de género de la Fundación, dijo a este diario que en el país “el misoprostol está autorizado para problemas gastrointestinales, por eso la única presentación farmacéutica que hay –Laboratorios Beta, nombre comercial, Oxaprost– viene combinado con diclofenac. Está fabricado para otro fin y en el prospecto no figura el uso obstétrico. Y si bien el Laboratorio Domínguez tiene una presentación para uso hospitalario, no sirve porque es de 25 miligramos, cuando lo que se necesita para el tratamiento son 4 comprimidos de 200 miligramos cada uno en cada toma. Esa presentación se utiliza en el marco del trabajo de parto”, razón por la cual, explicó, hay un uso “off label” de los medicamentos. Es decir, se los utiliza para otra cosa que las que figuran en los prospectos o que el uso que autorizó la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología (Anmat), porque por usos y costumbre se sabe que funcionan.

La médica detalló además que “el diclofenac es un problema que complica el uso, porque la mujer puede ser alérgica o producirle efectos adversos. Pero también porque puede reducir el efecto que buscas con el misoprostol. Es decir, tenemos un medicamento del que una parte sirve, y la otra que resta eficacia”.

En cuanto a la mifepristona, que la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia recomienda en uso combinado con el misoprostol, porque eleva de 92 a 98 por ciento la eficacia del tratamiento, no está disponible en la Argentina.

“El aborto inseguro no es solo un momento. Si alguna de las cuestiones que se presentan en ese proceso no están garantizadas, como contar con el misoprostol adecuado o el instrumental necesario para realizar la  aspiración manual endouterina (Ameu), que no está en todos los centros de salud, un proceso seguro se transforma en inseguro”, remarcó. 

El tratamiento con misoprostol que recomienda la OMS es de 12 comprimidos, divididos en tres tomas de cuatro comprimidos cada una, a intervalos que varían: por vía sublingual cada 3 horas, y por vía vaginal cada 6.

La presentación de Oxaprost 50 miligramos, de 16 comprimidos, ronda los 3400 pesos. En un 80 por ciento de los casos es suficiente un único tratamiento para la interrupción del embarazo; hay casos que requiere un segundo intento, y un diez por ciento que no responden y necesitan de otro método: Ameu o legrado.

La mala calidad del misoprostol que se vende para el tratamiento, y la ausencia de la mifepristona habilitan, para aquellas mujeres que cuentan con recursos, un mercado ilegal que, lejos del control estatal, también es inseguro.

Por otra parte, como señala el informe de la Fundación, el misoprostol no se encuentra incluido en el Programa Médico Obligatorio que deben cubrir las obras sociales y las empresas de medicina prepaga. Y “el laboratorio, que goza del monopolio de producción y comercialización, impone precios exorbitantes. El impacto en el gasto de bolsillo en medicamentos es mayor en quienes tienen menores ingresos. La proporción del costo de Oxaprost en relación al salario mínimo aumentó de un 12 por ciento en 2012 a más de un 30 por ciento en 2018. En este período el precio del medicamento multiplicó más de diez veces su valor, pasando de 330 pesos a 3400”.

La legalidad, concluye el informe, podría generar un escenario favorable para que otros laboratorios se interesen en la producción de estos medicamentos, en las presentaciones adecuadas para la interrupción de embarazos, generando mayor competencia y por lo tanto disminuyendo sus costos de comercialización. También podría fomentar una política de producción pública de estos fármacos.