Desde Santa Fe
El juez federal Reinaldo Rodríguez benefició con “falta de mérito” y dejó en libertad al ex diputado del PJ que operó como PCI del Ejército, Julio “Tipi” Ramos, en una investigación por delitos de lesa humanidad. La prueba de cargo es el testimonio de otro ex militante de la Juventud Peronista, Luis Felipe Solé, quien denuncia a Ramos desde hace 34 años porque asegura haberlo visto operar en un centro clandestino de la dictadura donde estuvo secuestrado y así lo declaró cinco veces ante seis jueces, entre ellos el propio Rodríguez, desde 1986 hasta 2017. En su indagatoria, Ramos negó los hechos y dijo que desconocía el chupadero. Por lo que Rodríguez consideró que era “palabra contra palabra” y exculpó a Ramos por presunta “falta de pruebas”. En la causa “no se encuentran elementos de convicción suficientes para estimar” que el ex legislador “haya participado en los delitos que se le imputaron”, que eran supuesta “privación ilegal de la libertad” y “tormentos” a Solé.
Ramos estuvo preso cinco días. Fue detenido el jueves 5, en su casa en la ciudad de Vera, indagado al día siguiente, y el martes 10, Rodríguez lo dejó libre por “falta de mérito”, en plena feria judicial.
Solé demanda justicia desde hace 34 años. Desde que su madre, Ana María Rivas de Solé, denunció ante la Conadep, en febrero de 1984, la persecución a sus hijos: Luis sostiene que Ramos estuvo presente cuando lo interrogaron y torturaron en el centro clandestino donde le preguntaban por el “paradero” de su hermano menor, Alberto Solé, quien está desaparecido desde 1977. Por esa causa, Luis declaró ante el juez federal Héctor Tripicchio, en agosto de 1986. Y luego, en los 32 años que siguieron, ratificó la misma denuncia otras cuatro veces: ante el propio juez Rodríguez, en abril de 2011; ante el conjuez Ricardo Lazzarini, en setiembre de 2011; ante el Tribunal Oral de Santa Fe que integraban los jueces de Rosario, Beatriz Caballero de Barabani, Omar Digerónimo y Ricardo Vázquez, en diciembre de 2015. Y la quinta, otra vez ante el juez Rodríguez, en setiembre de 2017.
El relato es el mismo. Estaba preso en la cárcel de Coronda. Entre “fines de 1976 o principios de 1977” lo trasladan a un centro clandestino, con un paso previo por una comisaría de la zona norte, que cree que es la 11ª. Y en el chupadero, entre cadenas, lo interrogan por su hermano Alberto. “Ramos actuaba a cara descubierta y se dirigía a mí a cara descubierta con pleno conocimiento de que yo sabía quién era él", dijo.
La causa de 1986, el juez Tripicchio la cerró por las leyes de impunidad. En 2009, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia intentó reactivar la investigación, sin éxito. Hasta que 20 años después, el fiscal Martín Suárez Faisal reabrió el proceso, aunque tuvo que insistir cuatro veces en el pedido de indagatoria y detención de Ramos: en diciembre de 2016, en febrero y diciembre de 2017, y en junio de 2018.
El juez Rodríguez no le cree a Solé. A su juicio, la sola “palabra” de la víctima –a pesar de una insistencia de tres décadas-, sin otros “indicios o pruebas que permitan verificar los hechos” no alcanza para “certificar la participación” de Ramos en la represión.
Rodríguez dijo que Ramos “negó la imputación” y dijo “desconocer” el centro clandestino, consideró que el caso era “palabra contra palabra” y por lo tanto, al “no haber otras pruebas” debía dictar la “falta de mérito” del imputado. "Aunque no desconozco las dificultades” para investigar los hechos “por el paso del tiempo” y obtener “elementos de convicción que permitan comprobar una hipótesis delictiva, lo cierto es que no se ha podido acreditar siquiera la fecha aproximada en que habría ocurrido el suceso, ni el lugar donde habría sido ejecutado. Tampoco, se puede afirmar, aún reconociendo la existencia del hecho, que el imputado efectivamente haya estado en el lugar, ni que haya sido autor o participe del delito endilgado”, se justificó el juez.
