El ex presidente colombiano Alvaro Uribe anunció ayer que renunciaba a su banca en el Senado por las investigaciones que realiza en su contra la Corte Suprema por los delitos de soborno y fraude procesal, para los que corre una pena de ocho años de prisión.
“La Corte Suprema me llama a indagatoria, no me oyeron previamente, me siento moralmente impedido para ser senador, enviaré mi carta de renuncia para que mi defensa no interfiera con las tareas del Senado”, indicó Uribe en su cuenta de Twitter.
En otra publicación en la misma red, Uribe dijo al nuevo presidente del Senado, Ernesto Macías –adscrito a su mismo partido Centro Democrático– que se siente impedido para actuar como senador y al mismo tiempo preparar su defensa, por lo que pidió que se aceptara la renuncia.
A través de un comunicado, la Corte informó que la determinación de abrir una investigación formal al ex presidente por presunta presión a testigos se había tomado luego de lo que calificaron como una rigurosa indagación realizada en los últimos meses.
En el año 2012, Uribe presentó una denuncia contra el senador izquierdista Iván Cepeda acusándolo de un supuesto complot para desacreditarlo públicamente. El ex mandatario sustentó su denuncia contra Cepeda con falsos testigos en cárceles colombianas que tenían como objetivo involucrarlo en actividades de grupos paramilitares. No obstante, el 16 de febrero de este año el máximo tribunal rechazó abrir el proceso contra el senador Cepeda, y, en cambio pidió investigar a Uribe bajo la sospecha de haber manipulado testigos para embarrar al senador, como sugieren interceptaciones telefónicas. “Como reacción a esa providencia judicial y al parecer con su consentimiento, personas allegadas al ex presidente Uribe habrían emprendido nuevos actos de manipulación de testigos”, sostuvo la Corte.
De igual manera, el tribunal indicó que antes de presentarse a indagatoria, Uribe tendrá la oportunidad de conocer las pruebas que lo comprometen y contará con el tiempo suficiente para preparar su defensa.
La renuncia del ex presidente a su banca en el Senado generó un terremoto político y las reacciones de todo el arco no tardaron en llegar. “A Uribe se le acabaron las dilaciones, los pretextos, es hora de que afronte su responsabilidad’’, sostuvo el opositor Cepeda a la revista colombiana Semana. El parlamenario, además aseguró que la decisión de la Corte demostraba que la justicia en Colombia debe ser ejercida sin ningún tipo de discriminación: “Todos los ciudadanos, sin ningún tipo de distinción, están obligados a responder ante la justicia. Esta es una actuación sin precedentes”. Cepeda, quien es la víctima en el proceso, además, agregó que evaluará con sus abogados constituirse también en parte civil en dicho proceso.
La compañera de fórmula del izquierdista Gustavo Petro en las últimas elecciones presidenciales, Ángela María Robledo, puso el foco directamente sobre el presidente electo, Iván Duque, un discípulo de Uribe. “¿Qué dirá hoy Iván Duque de su eterno presidente cuando es llamado a indagatoria Uribe? ¿Respetará la división de poderes que establece nuestra Constitución?”, escribió Robledo en su cuenta de Twitter.
Desde la orilla uribista le han manifestado respaldo a su líder. Samuel Hoyos, representante en la Cámara por el Centro Democrático, aseguró que la decisión de la Corte Suprema está politizada y lo defendió: “Creo en la inocencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez y estoy seguro de que podrá demostrarla”.
A lo largo de su carrera, el exmandatario se ha defendido de señalamientos que lo relacionan con grupos paramilitares, en parte motivados por la política de mano dura que aplicó contra las guerrillas de izquierda.
Bajo su gobierno, unos 30.000 paramilitares se desmovilizaron tras una serie de violaciones de derechos humanos, y varios de sus comandantes terminaron extraditados a Estados Unidos por narcotráfico
La decisión de la Corte Suprema, encargada de juzgar a los congresistas, sacude a las filas del futuro oficialismo a 13 días de que asuma el poder Iván Duque, delfín político de Uribe. Sin embargo, como el proceso al ex mandatario no tiene nada que ver con su trabajo como senador, su renuncia hizo que la investigación pase automáticamente de la Corte Suprema a la Fiscalía General de la Nación, entidad que dirigirá el proceso.