El Senado avanzará el próximo 7 de agosto con la firma del dictamen sobre la ley de extinción de dominio, que le permite al Estado recuperar los bienes producto del delito. Así lo resolvieron ayer los senadores de Cambiemos, el Bloque Justicialista y el Frente para la Victoria en el plenario de comisiones de Justicia y de Seguridad Interior. Las bancadas mayoritarias decidieron postergar dos semanas la firma del despacho para trabajar en la unificación de las tres principales iniciativas y buscar la aprobación por unanimidad o amplia mayoría. El objetivo principal es evitar que la Cámara de Diputados pueda insistir con su media sanción, calificada como “ilegal”, “inconstitucional” e “inaplicable” en la Cámara alta. Durante la reunión, distintos senadores –y principalmente el rionegrino Miguel Pichetto– denunciaron “operaciones” realizadas desde las redes sociales tendientes a “distorsionar la discusión” (ver nota aparte).

Pese a que el oficialismo había llegado al plenario de comisiones con la idea de emitir dictamen y apurar el tratamiento de la ley de extinción de dominio, la intervención del senador Ernesto Martínez (Cambiemos-Córdoba) logró un giro en el devenir de la reunión. Los senadores del Bloque Justicialista y del Frente para la Victoria recogieron la propuesta y se mostraron abiertos acercar posiciones para alcanzar un dictamen unificado.

“El proyecto que salga del Senado tiene que reunir los dos tercios para no volver al disparate y al mamarracho de Diputados”, afirmó Martínez, que hizo su propuesta pese a que el macrista Federico Pinedo minutos antes había pedido avanzar con el proyecto elaborado por Cambiemos. El objetivo de los senadores está vinculado con el trámite parlamentario: Si el proyecto aprobado en el Senado no logra un amplio consenso, los Diputados podrían insistir en su media sanción por mayoría simple.

El texto aprobado en 2016 por la Cámara baja establecía que se podía proceder al desapoderamiento de los bienes por pedido del fiscal de la causa, sin que exista sentencia previa. Los distintos especialistas que expusieron en la Cámara alta advirtieron que esa situación era violatoria de las garantías constitucionales y del principio de inocencia. Por ese motivo, ayer el senador Rodolfo Urtubey, del Bloque Justicialista, detalló que, entre otros cambios, proponen que el decomiso se realice recién cuando exista sentencia penal de primera instancia. Según esta iniciativa, la acción es de naturaleza civil pero en el marco del proceso penal y será impulsada por el procurador del Tesoro. Tanto Cambiemos como el FpV sostienen que no debe ser el procurador sino el Ministerio Público Fiscal quien tenga legitimidad para iniciar la acción.

La iniciativa del justicialismo sostiene que en caso de que el acusado confiese o se de a la fuga, se puede establecer el “decomiso anticipado”, incorporado por sugerencia del ex camarista y ex diputado radical Ricardo Gil Lavedra. “No será necesario esperar al fin del proceso penal”, puntualizó Urtubey, al señalar que no será necesario esperar a que el caso sea resuelto por la Corte Suprema.

Desde el Frente para la Victoria presentaron ayer mismo un proyecto propio. “Entendemos que se deben ampliar los delitos que habilitan la extinción de dominio dado que es importante incorporar delitos vinculados con cuestiones económicas, financieras, con el manejo de la Bolsa y de información privilegiada, incluyendo a los casos de la existencia de empresas offshore, que se utilizan para esconder bienes productos de delitos de lavado de activos, evasión, trata de personas y narcotráfico”, manifestó Marilin Sacnun. El proyecto del bloque, que también integra la ex presidenta Cristina Fernández, incluye no sólo a corruptos sino también a los corruptores. “Cuando el resultante del delito esté en el exterior o en una sociedad offshore se podrá recuperar el equivalente con bienes radicados en el país. Lucha contra la corrupción en serio”, aseguraron desde el FpV. “La media sanción de Diputados es una triste versión de lo que se denomina ‘derecho penal de autor’ que viola el principio de culpabilidad del derecho penal liberal y, por supuesto, el principio de inocencia”, completó Anabel Fernández Sagasti. En una línea similar, Pichetto advirtió que “el tema había que abordarlo con seriedad, no desde la demagogia punitiva”.