La noticia causó revuelo en la sala de periodistas de la Casa Rosada y el Gobierno buscó bajarle el tono para no poner en evidencia las fallas de seguridad que podría marcar el caso. Un supuesto periodista acreditado en Casa de Gobierno fue detenido cuando, al tramitar su inscripción para cubrir la cumbre de ministros del G-20, se supo que tenía un pedido de captura nacional e internacional firmado un año atrás por la justicia de Formosa por los delitos de abigeato –hurto de ganado–, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de documentos públicos. El detenido, Juan Manuel Illescas, estaba acreditado por Radio Integral, una emisora del pequeño pueblo entrerriano de Maciá, donde su director afirmó que no cobraba un peso por sus servicios. Illesca aparece ahora vinculado con una empresa de seguridad privada y relacionado con otra compañía similar que realiza tareas de investigación ubicada enfrente del Ministerio de Seguridad. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, defendió el protocolo de seguridad para acceder a Casa Rosada, que no detectó los antecedentes del acreditado ahora detenido.
La detención se produjo el viernes pasado en el domicilio de Illescas, en barrio de San Nicolás, luego de que tramitara la acreditación para cubrir la conferencia de prensa que dio la jefa del FMI, Christine Lagarde, en el encuentro con los ministros de Economía del G-20 en Buenos Aires. Allí saltaron los pedidos de captura de la Justicia de Formosa, a donde fue trasladado inmediatamente por la Policía Federal.
Illesca, de 49 años, figuraba acreditado en Casa Rosada por Radio Integral, de Maciá. Su director, Jorge Rubén Mendieta, afirmó que Illescas “se limitaba pura y exclusivamente a la información oficial y no cobraba absolutamente nada”. “Este señor Illescas es de nuestro pueblo, es de Maciá. Se fue a Buenos Aires y desde allá empezó a relacionarse con periodistas hasta que nos pidió una acreditación para mantenernos informados sobre las noticias oficiales que se produjeran en cualquier área del gobierno nacional”, explicó Mendieta.
Pero en la investigación surgieron otros vínculos de Illesca, como una relación laboral con la empresa de seguridad SegurArg SRL, ubicada en el cruce de las céntricas avenidas Pueyrredón y Corrientes. Sus empleados afirmaron a PáginaI12 que la empresa emitió un comunicado pero que no tenían autorización para retransmitirlo. SegurArg tiene entre sus clientes –según su página web– a las embajadas de Corea y Paraguay.
Illesca también estaría relacionado con otra compañía de seguridad que realiza tareas de investigación ubicada en Gelly y Obes, enfrente del Ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich. “Illescas no pertenece a ningún servicio de inteligencia nacional, pero si era ‘buchón’ de alguien va a ser muy difícil saberlo. De todos modos, su caso es oscuro”, dijeron fuentes de la investigación.
Desde el Gobierno, en tanto, decidieron bajarle el tono al episodio y ponderar sus medidas de seguridad. Peña señaló que su detención se produjo tras “un chequeo del Gobierno en función del G-20 y surgió este antecedente judicial”, al tiempo que justificó que el incidente “refuerza con más razón el trabajo que se viene haciendo en la Casa Rosada para a implementar a partir de agosto un sistema de acceso que esté conectado con los sistemas de bases de seguridad del país”. De todas maneras, Marcos Peña buscó llevar tranquilidad a la ciudadanía al afirmar que la seguridad del presidente Mauricio Macri no corría peligro.
