Al menos 16 curas y dos monjas están bajo investigación en los fueros penal, civil o eclesiástico por denuncias de pedofilia, en diez provincias y por hechos ocurridos entre 1970 y 2016, de acuerdo con el registro que lleva la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico. “A cada cura abusador le corresponde un obispo encubridor”, advirtió a PáginaI12 Carlos Lombardi, abogado de la Red, en cuyo Facebook, en las últimas semanas llovieron las consultas de víctimas de abuso sexual por parte de otros religiosos católicos, a partir de que salieran a la luz los aberrantes hechos cometidos en el Instituto Próvolo de Mendoza contra niños y niñas sordomudos. Entre los mensajes recibidos, un joven que vive en el norte del país les contó que un sacerdote le trasmitió el virus de VIH cuando lo abusó, en una congregación que promueve el integrismo ultraconservador católico.

Como resultado de esas consultas a través de FB, el abogado de la Red ya se está preparando cinco pedidos de informes a distintos obispados del país, sobre casos de pedofilia que tuvieron lugar en distintas diócesis, para conocer qué hizo la Iglesia una vez que tuvo noticias fehacientes de las conductas delictivas de los religiosos: si deniegan la información abren la puerta para reclamar la responsabilidad civil e iniciar demandas por daños, explicó Lombardi. Ya hay antecedentes en la Justicia: un fallo de 2013 de la Cámara de Apelaciones de Quilmes condenó al Obispado de esa ciudad bonaerense a pagar una indemnización como responsable de los actos de pedofilia que cometió el cura Rubén Pardo, a quien protegió a pesar de que el mismo religioso había reconocido los hechos, en una trama de complicidad que involucró al propio Jorge Bergoglio cuando estaba al frente del Arzobispado de Buenos Aires, tal como informó en su momento este diario.

En otra sentencia, de 2015, la Corte Suprema de Mendoza condenó al Arzobispado de esa provincia, por otro caso, que también contó con encubrimiento de las jerarquías superiores, y ocurrió en una parroquia del departamento de San Martín, a 50 kilómetros de la capital, por parte del cura Jorge Morello. Cuando era seminarista en Rosario, Morello había sido denunciado por dos seminaristas, pero sus dichos fueron silenciados. Todo está documentado en los archivos eclesiásticos. Como ocurrió históricamente en cada diócesis, la consigna fue siempre evitar el escándalo, silenciar las denuncias, proteger a los pedófilos con traslados, para que vuelvan a abusar de otras víctimas, que vuelven a ser silenciadas, apunta Lombardi. Lo sucedido en las sedes del Próvolo en Mendoza y en La Plata es apenas una muestra de un accionar recurrente. 

  • Víboras. Sandra Migliore fue monja. Hoy tiene 50 años y vive en la localidad cordobesa de Justiniano Posse. Cuenta a este diario que sufrió abusos durante el noviciado en un convento de la congregación de Hermanas Educacionistas Franciscanas de Cristo Rey. “Fui abusada por la monja Bibiana Fleitas con la complicidad y el encubrimiento de otras monjas. Fuimos muchas las víctimas entre los años ‘83 y ‘90. Hay denuncias hechas frente a notarios eclesiásticos de diferentes arzobispados, incluso Bergoglio sabía. Luego fue nombrado Papa y se las enviamos de nuevo a Roma. No obtuvimos respuesta”, afirma Sandra. Dejó los hábitos en 1991. Pudo escribir sobre aquellos episodios en el libro Raza de víboras, memorias de una novicia, que publicó en 2014. Muchas víctimas todavía sufren en silencio. “Las mujeres que sufrieron me escriben por privado, algunas se han casado, han tenido hijos y su familia no sabe nada de los abusos. Muchas de ellas aún tienen pesadillas”, dice la ex monja. Tras contar los hechos, fue despedida de la institución educativa de la misma congregación donde trabajaba en Lanús. Entonces, inició una demanda laboral y por daños morales por abuso psicológico por actos padecidos décadas atrás. La causa está en proceso en los tribunales de Bell Ville, Córdoba, con el patrocinio de la abogada Claudia Incatasciato. También cuenta que la religiosa Bibiana Fleitas se fue del país después de la publicación de su libro, y se cambió el nombre. “Está trabajando en un hogar de ancianos de Venezuela como hermana Victoria. Su nombre legal, en realidad, es Leopoldina Fleitas”, apunta Sandra. 
  • Suicidio. La voz se le entrecorta. Pide ante todo que no se publique ni su  nombre ni su profesión. “Conseguí un trabajo nuevo y no quiero perderlo. No sé si les gustaría un revuelo”, pide, casi a modo de súplica. En 2007 se enteró de la condena a 17 años de prisión del cura sanjuanino Napoleón Sasso, por abusar sexualmente de cinco nenas entre 2002 y 2003, siendo párroco de la capilla San Manuel, en el barrio La Lonja de Pilar. La sentencia, con amplia repercusión en la prensa, fue dictada por el Tribunal Oral Criminal N° 1 de San Isidro, en un juicio en el que también se probó que hubo encubrimiento por parte de la jerarquía católica que conocían sus antecedentes pedófilos y las recomendaciones para que no trabajara con menores. Además, durante el juicio se leyó una carta del entonces arzobispo de San Juan, monseñor Ítalo Severino Distéfano, donde exponía el “problema” de Sasso y pedía a un grupo de obispos que encontraran una solución. A pedido de Distéfano, en 1995 Sasso fue internado en una institución llamada Domus Mariae (Casa de María), una especie de casa de rehabilitación destinada a curas con supuestas “crisis”, cuya sede estaba en la localidad de Tortuguitas. Pero luego lo rodearon de niñas y volvió a abusar. Ella –porque también es mujer– tiene casi 30 años. También, siendo niña, fue víctima de Sasso, pero en San Juan, en 1990. Lo conoció en el colegio religioso al que la enviaron sus padres, donde él era párroco y estaba encargado de preparar a los chicos y chicas para tomar la primera comunión. La primera vez que la manoseó fue en la confesión previa a la comunión. “En el confesionario me desabrochó la camisa, yo tenía unos senos incipientes, y me empezó a acariciar un pezón, me quedé muda, paralizada, me hizo señas para que continúe hablando, yo no pude. No sé si me abrochó él la camisa o yo, eso lo tengo borrado. Cuando salí, me hizo señas de que no dijera nada”, recordó la mujer a PáginaI12. Inmediatamente ella se lo contó a sus compañeras, que la esperaban a la salida del confesionario, pero las otras niñas le dijeron que no lo volviera a repetir porque se iría al “infierno”. Y a partir de ese momento no lo compartió con nadie más. Al poco tiempo, Sasso se aprovechó de ella en otra situación: le levantó la pollera del uniforme escolar y le manoseó los genitales. Recién 17 años más tarde, en 2007, cuando leyó en los diarios que había sido condenado, empezó a rememorar aquellos episodios, y pudo contárselos a su familia. Además, recurrió a una psicóloga.  “Me enfermé mucho, tuve anorexia nerviosa por sentir asco hacia mi cuerpo, hacia todo lo que pudiera despertar deseo, adopté una forma andrógina, sufrí depresión desde los 18 años -la voz se quiebra en llanto, hace una pausa y retoma el relato–, tuve un intento de suicidio por el cual estuve tres días internada en coma, y 15 días más en un neuropsiquiátrico, y hace tres años que estoy pudiendo salir adelante, y me he animado a hablar”, dice a este diario, entre sollozos. “Siempre lo quise contar y no encontré nadie que me quisiera escuchar”, afirma. La joven nunca denunció al cura judicialmente. 
  • Misas. Hay otros sobrevivientes de abusos eclesiásticos que intentaron suicidarse. En Catamarca, el cura Renato Rasjido, de 53 años, enfrenta una causa penal, que finalmente fue elevada a juicio en setiembre de 2016. Está acusado por “abuso sexual simple agravado por ser ministro de culto reconocido”, “abuso simple agravado en tentativa”, “abuso sexual con acceso carnal vía anal, agravado” y por “corrupción de menores”. La investigación se abrió a partir de la denuncia que hizo la madre de un adolescente, al enterarse de que el intento de suicidio de su hijo de 15 años se había debido a los múltiples ultrajes sufridos de parte de Rasjido, en la iglesia de Andalgalá, donde el muchachito lo ayudaba en las misas.
  • Iceberg. Quienes llegan a denunciar son apenas la punta del iceberg de la población afectada. En la causa contra el cura Justo José Ilarraz, hay siete denunciantes, y alrededor de cincuenta abusados. Todos seminaristas entre los años ‘88 al ‘93 del Seminario Menor de Paraná. No todas las víctimas pueden o quieren recurrir a la Justicia. En el caso del cura Héctor Ricardo Giménez, de La Plata, se estima que las niñas y niños que manoseó y de los cuales abusó pueden haber sido más de un centenar, a lo largo de cuatro generaciones. Muy pocas denunciaron. Se abrieron causas penales en 1985 y 1996. La última, en 2013, está en proceso de investigación en la Fiscalía N° 3 a cargo del fiscal Marcelo Martini. La impulsa Julieta Añazco, una empleada municipal, de 43 años, que vive en La Plata. Durante más de 30 años anuló en su memoria los abusos padecidos en su infancia en campamentos de verano, de parte de Giménez. Hasta que un día, tres años atrás, al pasar frente a la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, de la localidad bonaerense de City Bell, algo se activó en sus recuerdos. Desde entonces, Julieta, referente de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico, emprendió una lucha comprometida para que el religioso, a quien encontró dando misa en la capilla de un hospital público platense, fuera juzgado. Hoy Giménez vive refugiado en el Asilo para ancianos Marin, de La Plata, que regentea una congregación católica. El Arzobispado de La Plata, a cargo de monseñor Héctor Aguer, le sigue brindando cobijo. 
  • Francisco. Algo en común que tiene todos los sobrevivientes de abuso eclesiástico que integran la Red es que intentaron llegar al Papa argentino para contarle los hechos que sufrieron. “Nunca nos contestó, ni nos recibió. Mientras el Papa se maneja informalmente a la hora de llamar por teléfono (con feligreses), a nosotros ni formalmente nos concedió una audiencia, mientras que a víctimas de otros países las llamó sin mediar formalidades”, lamenta Añazco. Sobre los curas denunciados por abuso en el Instituto Próvolo de Mendoza, también destaca Añazco, lo pusieron en aviso en 2014, a través de un video que grabó la Red de Sobrevivientes de Italia, donde puntualmente mencionaban que el sacerdote Nicolás Corradi, que había hecho estragos en la sede de Verona, estaba en la Argentina. 

La lista de los acusados

La lista de religiosos católicos con denuncias en la actualidad por presuntos hechos de pedofilia en el país: algunas en el fuero penal, otras en el civil o eclesiástico.

  1. Héctor Ricardo Giménez, La Plata. Obispo Héctor Aguer.
  2. Luis Brizzio, Santa Fe. Obispo José María Arancedo.
  3. Domingo Jesús Pacheco, Corrientes. Obispo Ricardo Faifer.
  4. Raúl del Castillo, Mendoza. Obispo José María Arancibia (emérito).
  5. Nicolás Bruno Corradi, Mendoza y La Plata. Obispos Carlos María Franzini y Héctor Aguer.
  6. Horacio Corbacho, Mendoza y La Plata. Obispos Carlos María Franzini y Héctor Aguer.
  7. Félix Alejandro José Martínez, Mar del Plata. Obispos José María Arancedo, Jorge Mario Bergoglio y Antonio Marino.
  8. Agustín Rosa, Salta. Arzobispo Mario Cargnello.
  9. Bibiana Fleitas (monja).
  10. Justo José Ilarraz, Entre Ríos. Obispos Estanislao Karlic y Juan Alberto Puíggari.
  11. Marcelino Moya, Entre Ríos. Obispo Juan Alberto Puíggari.
  12. Juan de Dios Gutiérrez, Catamarca. Obispo Luis Urbanc.
  13. Renato Rasjido, Catamarca. Obispo Luis Urbanc.
  14. Carlos Alberto Dorado, Santiago del Estero. Obispo Adolfo Uriona.
  15. Juan Diego Escobar Gavíria, Entre Ríos. Obispo Juan Alberto Puíggari.
  16. Jorge Luis Morello, Mendoza. Obispo José María Arancibia (emérito).
  17. Sacerdote de una parroquia de Guaymallén, Mendoza, denunciado por la madre y trasladado por el obispo Carlos María Franzini. No se da el nombre del abusador por no contar con la autorización de la madre del menor. Investigación iniciada en el 2014.
  18. María Alicia Pacheco (ex monja), Salta. Arzobispo Mario Antonio Cargnello.