La fiscalía chilena citó a declarar como imputado al jefe de la Iglesia de Chile, el arzobispo de Santiago Ricardo Ezzati, por presunto delito de encubrimiento de abusos. Con la citación, que tiene fecha para el 21 de agosto, la justicia cierra el cerco sobre la alta jerarquía del clero acusada de encubrimiento de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica chilena.
Tras conocer la citación de la fiscalía de Rancagua, a unos 100 kilómetros al sur de Santiago, epicentro de las investigaciones al clero chileno por abusos, Ezzati emitió un comunicado en el que se leía: “Reitero mi compromiso y el de la Iglesia de Santiago con la búsqueda de la verdad y con el respeto a la justicia civil”. Ezzati tendrá que declarar como imputado por la presunta responsabilidad de encubrimiento de abusos sexuales perpetrados, entre otros, por su mano derecha, el sacerdote Oscar Muñoz, en detención preventiva desde la semana pasada por abuso sexuales a siete menores.
Luis Bahamondes, teólogo de la Universidad de Chile estima que Ezzati tiene los días contados en el cargo, al igual que a otros jerarcas, como el cardenal y arzobispo emérito de Santiago Francisco Javier Errázuriz, dos de las mayores figuras de la Iglesia chilena. Sin embargo, el académico afirma que pareciera que la Iglesia no cae en la cuenta de la gravedad de la situación. “La Iglesia chilena todavía no logra dimensionar la magnitud de la situación por la que está pasando, pues sigue considerando más bien como un error o como una negligencia y no como lo que realmente es, un delito penal”, dijo Bahamondes.
Una de las reacciones más contundentes vino de la mano de Juan Carlos Cruz, víctima del expárroco de El Bosque, Fernando Karadima, quien se expresó en la misma línea que el teólogo en su cuenta de la red social Twitter: “Hoy la fiscalía llama a Ezzati como imputado, y no me cabe duda que lo seguirán muchos más (…). Le quedará poco tiempo como arzobispo de Santiago, pero recién empieza su nueva misión de responder por su encubrimiento, mentira y otros delitos ante la justicia. Que se preparen el resto del episcopado, Errázuriz y compañía”.
En allanamientos en varias diócesis, entre ellas la de Santiago, la fiscalía encontró documentos con denuncias de víctimas que hasta ahora no solo habían permanecido acalladas sino que los responsables seguían sin castigo. Los abusos de Muñoz salieron a la luz cuando la fiscalía registró las oficinas de los arzobispados de Santiago y Rancagua el 13 de junio, donde se habrían encontrado las identidades de al menos 40 víctimas de delitos cometidos por religiosos.
La decisión del papa Francisco de investigar las denuncias y hablar con las víctimas rompió el muro de silencio que rodeaba a la jerarquía eclesiástica chilena, acusada de encubrimiento. En lo que va de año, el Papa envió a Chile en dos ocasiones al arzopispo de Malta, Charles Scicluna, que lidera el equipo doctrinal que se encarga de las denuncias de abuso dentro de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Según detalló la fiscalía en un informe dado a conocer el pasado lunes, por lo menos 158 obispos, sacerdotes y laicos han abusado sexualmente desde 1960 de al menos 266 personas, entre ellas 178 menores de ambos sexos. Sin embargo, Bahamondes cree que serán muchos más cuando salgan a la luz los documentos incautados.
Cada día, la sociedad chilena asiste atónita a nuevas declaraciones desgarradoras de víctimas, como el caso de Constanza Acuña, de 28 años, quien en una entrevista al diario digital El Mostrador, contó que a partir de los 10 años y durante una década fue abusada sexual y psicológicamente por el sacerdote Belisario Baldebenito Erices, quien se ganó la amistad de sus padres en una parroquia cerca de Valdivia (centro-sur) para obrar en total impunidad. El 1 de diciembre de 2017 Constanza denunció al sacerdote ante el obispo de Villarrica, Francisco Stegmeier, y puso en copia al obispo Ignacio González, en ese entonces integrante del Consejo de Prevención de Abusos. Unos días después le contestó el vicario judicial de la diócesis de Villarrica, Alejandro Gutiérrez, para preguntarle por la causa, pero Constanza no quería que fuera él quien se ocupara de su caso porque éste era ahijado de ordenación de su abusador, quien no escatimó amenazas contra ella y su familia para que retirara la denuncia. Sólo cuando Scicluna viajó a Chile fue que Constanza se animó a presentar una denuncia penal a través del Programa de Atención a Víctimas del ministerio de Interior.
El enviado de Francisco también recibió denuncias de monjas que testificaron en contra de sacerdotes que habían abusado sexualmente de ellas. Estos casos se dieron a conocer en un reportaje emitido en la televisión chilena, donde uno de los más resonantes fue el de Yolanda Tondreaux, quien afirmó que los abusos se iniciaron apenas se puso los hábitos. La religiosa aseguró que no recibió ninguna ayuda, sino que por el contrario, cuando le informó lo que sucedía a su superiora, dijo que la trató de mentirosa y la mandó a confesarse con el mismo cura al que había denunciado. Yolanda y otras monjas aseguraron que, aunque habían hecho las denuncias ante Scicluna, aún no recibían respuesta oficial.
Recientemente, el diario La Tercera publicó una carta del ya exobispo de Rancagua Alejandro Goic, escrita en 2013 cuando presidía la Comisión Nacional de Prevención de Abusos. En ella, advertía a Ezzati que los abusos eran un pecado gravísimo y un delito civil, y que no hacer nada para condenarlos convertía a los jerarcas de la iglesia en cómplices. Era la época en que -ante la prescripción de los delitos de abusos sexuales en la justicia civil cometidos por el sacerdote Fernando Karadima, que fue apartado de sus funciones por el Vaticano- el escándalo saltaba a la opinión pública ante la insistencia de algunas de sus víctimas.
Ahora, el Papa tiene en sus manos la suerte de una treintena de obispos que le presentaron su dimisión tras ser convocados al Vaticano en mayo. Hasta el momento, solo ha aceptado la renuncia de cinco –cuatro de ellos por ignorar o encubrir las denuncias– aunque la lista puede aumentar considerablemente en breve ahora que la justicia ha empezado a cerrarles el cerco.