México, según cifras gubernamentales del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Rnped), reporta al 30 de abril de este año 37.435 expedientes de personas no localizadas. “México puede considerarse como una suerte de señal de alarma sobre las nuevas formas de desaparición forzada como el tráfico de personas y trata, tan importante en Argentina”, alertó Pilar Calveiro, investigadora y doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de México. Las formas particulares de desaparición de personas en el neoliberalismo mexicano, señaló la académica, expresan un nuevo Estado fragmentado que está articulado con grandes poderes corporativos legales e ilegales. 

La investigadora, exiliada en México por la última dictadura cívico- militar argentina, comenzó su exposición en el centro de investigaciones Gino Germani, caracterizando las particularidades de la desaparición forzada mexicana que se inició a finales de los 60 bajo el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. En un primer momento aquella práctica nació “incidentalmente” para luego convertirse en una acción sistemática del Estado entre 1974 y 1978, años que coinciden con la “guerra sucia” que derivó en el exterminio de la guerrilla rural y de sus grupos urbanos. El Estado mexicano de ese entonces era bifronte, explicó Calveiro, porque al mismo tiempo que recibía a exiliados de las dictaduras chilenas, uruguayas y argentinas, desaparecía disidentes políticos en centros clandestinos y vuelos de la muerte. 

Calveiro aclaró que una de las singularidades del caso mexicano es la falta de registros y una base de datos completa del gobierno. “Hay allí una responsabilidad no asumida del Estado”, consideró. A medida que la pequeña sala en el sexto piso del Germani se completaba, dejando a concurrentes a la escucha de la conferencia puertas afuera, la investigadora prosiguió su relato donde enfatizó que la impunidad ante los crímenes de lesa humanidad, tanto en los 70 como en la actualidad, responde al papel que ha jugado el aparato estatal. “La pérdida de expedientes, el entorpecimiento de las investigaciones y la falta de registros evidencian la decisión política de sostener la práctica de desaparición forzada como un recurso tolerable ayer y hoy”. A partir de 1979 la desaparición se reduce a menos de diez casos por año, pero se sostiene consistentemente. Sólo en cuatro de los 33 años del período que va de 1968 al 2001 no se registran desapariciones.

Seguidamente Calveiro propuso, en su disertación en el ciclo de conferencias de justicia y derechos humanos organizado por la Universidad de Oxford y el proyecto UBACyt dirigido por Emilio Crenzel, observar los mecanismos represivos que existen hoy en México, a diferencia de los que tuvieron lugar en los 70, para así entender la anatomía del poder político que sustenta la actual y particular forma de violencia.

El primer escalamiento de las cifras de desaparecidos se dio en 2008, con la intervención militar en lo que se llamó la guerra contra el crimen durante la “gubernamentalidad” neoliberal presidida en ese entonces por Felipe Calderón. El segundo aumento de las cifras se dio a partir de 2013 con la llegada de la administración del saliente presidente Enrique Peña Nieto, donde los números aumentaron un 40 por ciento. La autora tomó el concepto de “gubernamentalidad” del filósofo Michael Foucault para entender la dimensión estatal en el neoliberalismo y sus tácticas dirigidas hacia el control poblacional en conjunto con las redes criminales.

Calveiro ilustró esta afirmación con los testimonios que sustentan su investigación basada en artículos periodísticos y sobre todo en los trabajos de Daniel Larrea y de Belardo González, que entrevistan a militares que han participado en la guerra contra el narcotráfico. Allí las denuncias enfatizan la asociación del circuito estatal y el privado en los hechos denunciados. La mayoría de los perpetradores son policías municipales, federales, militares, marinos y narcotraficantes. Los casos denuncian el accionar de éstos como enlaces de redes delictivas, es decir, el secuestro de personas para su venta a estas redes ya sea por información o por venganza. “Asimismo, la eliminación de personas y su desaparición física por parte de policías y militares ocurre en una suerte de tercerización del trabajo delictivo que libera al aparato estatal del trabajo sucio”, opinó. Aquí Calveiro señaló como ilustrativo el caso de Santiago Mesa, un señor analfabeto de 45 años con problemas de adicciones que por 600 dólares al mes desintegró alrededor de 300 personas en el predio que él operaba conocido como “La Gallera”. “Ahí se encontraron miles de litros de seres humanos desintegrados y convertidos en una masa biológica imposible de toda identificación”, explicó Calveiro, disculpándose por incómodos detalles. A esa modalidad se le suman fosas del propio gobierno, clandestinas y hornos crematorios donde se inhuman cientos de cuerpos sin identificar. 

En cuanto a las víctimas de estos crímenes, prosiguió, la poca información sobre las desapariciones forzadas muestra que muchas personas desaparecidas están involucradas en redes criminales. Sin embargo, “hay otra gran parte de casos que ocurren como forma de limpieza social política o territorial hacia personas que obstaculizan la operación de redes criminales”, sostuvo. 

Consecuentemente, México cuenta con 24 periodistas desaparecidos a la fecha y 81 activistas sociales. En particular el estado de Guerrero donde desaparecieron los 43 estudiantes en 2014, es considerado uno de los más grandes territorios de muerte disputado por sus riquezas naturales, que no casualmente coincide con las zonas de localización de las mineras. 

Luego de más de una hora donde Calveiro se dedicó a desarmar el entramado de actores y procedimientos que adquiere la desaparición forzada en el neoliberalismo mexicano; finalmente exclamó que es imprescindible para entender las desapariciones en ese país, pensar la articulación de fuerzas estatales e ilegales. “De manera que tanto por asociación, por connivencia como por la tercerización de la violencia hacia las redes criminales, la desaparición como fenómeno generalizado se tiene que entender en México como un crimen de Estado ejecutado, aceptado o permitido por él”, sentenció la académica, quien además resaltó que el caso del país azteca es importante analizarlo en tiempos en que la derecha neoliberal ha tomado revancha en América Latina.

Informe: Sofía Solari.