La política de defensa de un Estado soberano y el rol de sus FF.AA. debe ser una política de estado que trascienda los avatares de las meras coyunturas. Es por tal motivo que la Constitución asigna al Congreso de la Nación la atribución y potestad de definir tales cuestiones, conforme lo previsto en su art. 75 inciso 27.

Un decreto carece de la entidad jurídica suficiente para institucionalizar un cambio de paradigma respecto de las funciones de las FF.AA. Como es sabido, uno de los grandes consensos democráticos se estructuró justamente alrededor de la idea de delimitar con toda claridad las funciones de defensa respecto de las de seguridad interior. De tal modo, las FF.AA. están concebidas para la defensa y resguardo de la soberanía, teniendo vedada toda injerencia en asuntos de seguridad interna.

Nuestra historia, la reciente y la no tanto, nos enseña por qué resulta siempre desatinado involucrar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior, lo que supone desnaturalizar el sentido de su existencia para degradarlas como simples fuerzas pretorianas de ocupación. Pero no sólo eso. La experiencia de Colombia, de México o de Brasil están a mano y nos enseñan, también, lo terriblemente desafortunado que puede significar esta idea de poner a las FF.AA. a cumplir una tarea diferente para la que fueron concebidas como institución.

El gobierno viene acumulando fracaso tras fracaso, y desacierto tras desacierto. Ante la imposibilidad de bajar la inflación y de ordenar las variables macroeconómicas, vislumbra un escenario de desazón social que exigirá disciplinamiento y rigor punitivo. Como sabemos, ese camino no lleva jamás a ningún buen resultado. Ese camino es el camino de la sinrazón y un síntoma de agotamiento de la iniciativa política. En efecto, cuando la política fracasa es que surgen estas ideas absurdas que procuran un control, orden y disciplina social que nunca terminan funcionando. Si no hay justicia social, será difícil la convivencia ciudadana. Si no hay trabajo, iremos derechito a un escenario de protesta y conflictividad que no podrán acallarse ni con palos ni con rigor punitivo.

La salida a este laberinto signado por la recesión económica y el desplome de todas las variables de desarrollo humano, sólo será posible si nos salimos del paradigma especulativo y retomamos la huella de un proyecto productivo con base industrialista, capaz de generar trabajo, capacidad exportadora, divisas e ingresos genuinos al Estado. 

Los soldados de la Patria no están para ejercer funciones policiales. Están para la magna tarea de defender nuestra soberanía. Ojalá que el Congreso de la Nación asuma el ejercicio de una potestad que le pertenece de un modo exclusivo y excluyente, y ponga fin a este decreto que resulta ilegal, ilegítimo, inconstitucional e insanablemente nulo. 

* Abogada. Cumplir-PJ.