El informe de auditoría de Vialidad Nacional incluye un punto que es claramente político: objeta que se haya destinado a la construcción de rutas en Santa Cruz el 11,2 por ciento del total nacional del presupuesto de rutas. A primera vista no hay desproporción porque la provincia sureña abarca el 10,5 por ciento del territorio nacional. 

Pero, además, se trata de una decisión política adoptada por un Poder Ejecutivo que surgió de las urnas. Y hay que agregar que el plan de obras figuró año a año en el presupuesto nacional votado por el Congreso. 

El juez Julián Ercolini, en el procesamiento dictado contra la ex presidenta, los funcionarios y Lázaro Báez incluye el sorprendente concepto de que la distribución del presupuesto en rutas debe tener como base la cantidad de población y los niveles de pobreza. O sea el juez se autoadjudica el derecho de decidir qué criterio está bien y cuál está mal. Se entromete en decisiones políticas. 

La Auditoría deja en claro que el noventa por ciento de las obras fueron realizadas por convenio de la Dirección Nacional de Vialidad con la Provincia de Santa Cruz. Significa que los fondos salieron del presupuesto nacional y que las licitaciones, adjudicaciones, control de obras y certificación para que las constructoras cobren estuvieron en manos de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) de Santa Cruz. El Ministerio de Infraestructura, la Secretaría de Obras Públicas, realizaba inspecciones al azar en todo el país o, cuando había una denuncia, a veces anónima, a veces mediática. Como surge de la Auditoría no existieron irregularidades de envergadura. Pese a ello, Ercolini le echó la culpa a una asociación ilícita encabezada por la ex presidenta y ni siquiera llamó a declarar a los sucesivos gobernadores de la provincia o a los ministros de obras públicas de Santa Cruz, que eran los responsables del control. Muestra cómo está direccionado  el expediente.

La otra acusación  es que de las 83 obras de rutas realizadas en Santa Cruz, las empresas de Báez ganaron licitaciones en 51 casos. El texto no cuestiona esa situación con ningún argumento: es que distintas empresas se presentaron a los concursos y, según dice Ercolini, en algunos casos eran sólo constructoras de Báez. Sin embargo, no hubo cuestionamientos de ninguna otra empresa a las licitaciones ni el informe señala ninguna denuncia de otras compañías a las que se le hubiera impedido presentarse o que consideraran tramposas las adjudicaciones. En todo caso, también eso entraba en el terreno de las responsabilidades provinciales, no nacionales. 

Finalmente, el texto de la Auditoría señala que Báez cobraba mucho más rápido que las demás empresas. El informe consigna que una vez terminado un trabajo, el constructor santacruceño cobraba, en promedio, a los 35 días, mientras que las demás empresas tardaban unos 210 de cobrar. De ser cierto (el documento de Vialidad no es una pericia, no hubo control de las partes) esto exhibe un favoritismo o una eficiencia mayor en unos que en otros. No es un delito. 

Ante las conclusiones de la Auditoría, en el que se manifiesta que Báez no cobró ninguna obra que no haya hecho y que la falta de finalización en algunos de los trabajos está explicada, Ercolini pudo usar poco del informe. Entonces recurrió a una declaración del titular de Vialidad, Javier Iguacel, hombre del PRO, que se despachó con datos que contradicen el informe de auditoría.