El gobierno de la Alianza macrismo-radicalismo ha cumplido en el 2016 con su principal objetivo en materia económica. Contra lo que muchos pueden suponer no fue disminuir la tasa de inflación, que más que se duplicó con respecto a la recibida del anterior gobierno, ni impulsar el crecimiento económico, que retrocedió casi 3 por ciento el PIB. Pese a la promesa oficial tampoco fue ampliar la frontera de la producción industrial, que se derrumbó 5 por ciento, ni mejorar el consumo en general, que registró fortísimas caídas en casi todos los rubros. La meta central no era conseguir necesariamente mejoras en las variables económicas más relevantes en el primer año de gestión, como puede especularse teniendo en cuenta que cualquier fuerza política busca datos económicos positivos para legitimarse y mantenerse en el poder. Anotar mes a mes cifras interanuales negativas en indicadores económicos, engañando con que son fruto de la herencia recibida a través de un inmenso dispositivo de propaganda público-privado, fue el costo de lo que el gobierno de Mauricio Macri vino a cumplir: “normalizar” la distribución del ingreso. Esa normalización, palabra predilecta de quienes históricamente han liderado política anti populares, consiste en un proceso regresivo en el reparto de la riqueza. La primera etapa fue exitosa como revela el último informe del Indec, pero es una tarea que no ha culminado de acuerdo a lo que se deduce de reclamos al gobierno de economistas macristas y heterodoxos conservadores entusiasmados con la actual restauración neoliberal.
Distribución
El indicador más utilizado para medir la desigualdad de ingresos es el coeficiente de Gini. Es un número entre 0 y 1, en donde 0 representa la perfecta igualdad y 1 implica la perfecta desigualdad. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estimó, en base a los datos de ingresos por decil publicados por el Indec (utilizando la fórmula de Brown), un incremento de la desigualdad del 7,93 por ciento (pasó de 0,4245 a 0,4582) entre el segundo y tercer trimestre de este año.
La distribución del ingreso empeoró en el tercer trimestre con respecto al período inmediato anterior, y también en relación a los terceros trimestre de cada año de los últimos cinco. Es necesario remontarse al 2010 para encontrar cifras peores.
El Indec no distribuyó la información para comparar con años anteriores. Hay que recorrer con mucha paciencia el portal de internet del Instituto para encontrar la serie histórica de Distribución del Ingreso (EPH). Este desafío a la perseverancia de quienes pretenden realizar un análisis más amplio las autoridades del Indec no lo hacen para ocultar lo que es imposible de esconder, que aumentó la concentración de la riqueza durante el gobierno de Macri. Lo hacen para disimularla escudándose en la crisis de credibilidad de las estadísticas públicas desde el 2007. Lo cierto es que el Indec decretó un apagón estadístico interrumpiendo la difusión de indicadores durante un semestre y además no realizó el empalme de las series cuando volvió a publicarlos.
No había cuestionamientos a las estadísticas de ingresos. La elaboración de los cuadros sigue siendo idéntica y la tendencia que surge de las cifras no permite inducir alteraciones en la carga de datos (la observación a la subdeclaración de ingresos es la misma antes y ahora). En la serie histórica que comienza en 2003, el único dato que no está incluido es el del tercer trimestre de 2015 lo que evita la comparación con el de este año.
Estas irregularidades del Indec de Macri recibe la complicidad de muchos que clamaban por la pureza de las estadísticas y, al mismo tiempo, el silencio culposo de otros que no quisieron o no pudieron encarar la crisis de credibilidad del Indec durante el kirchnerismo.
Volver al 2010
La devaluación y eliminación de las retenciones con el consiguiente shock inflacionario, tarifazos, salarios y jubilaciones que subieron por debajo del aumento promedio de precios y modificaciones impositivas regresivas tuvieron el resultado buscado: la mayoría de la población perdió participación en el reparto de la riqueza. En el tercer trimestre de 2016, el 20 por ciento más rico acumuló el 48,4 por ciento de los ingresos de la economía y el 20 por ciento más pobre se quedó con el 4,3 por ciento. En el trimestre anterior, los dos deciles superiores explicaban el 47,9 por ciento de los ingresos, mientras que el inferior capturaba el 4,8. En lo que refiere al ingreso familiar, en el tercer trimestre de 2016 los hogares más ricos ganaron 25,6 veces más que los hogares de menores recursos. Pese al apagón estadístico del Indec de Macri, del mismo modo que durante el kirchnerismo, centros de estudios e investigadores realizan la tarea que el organismo público elude. La distribución del ingreso del tercer trimestre del año pasado se ha ubicado en niveles del 2010. En ese año, el 20 por ciento más rico embolsaba el 49,0 por ciento de la riqueza, y el 20 por ciento más pobre, apenas el 4,1.
En pocos meses, la alianza macrismo-radicalismo logró retroceder seis años en materia distributiva.
Para el bloque de poder hegemónico que está representado en el gobierno del macrismo-radicalismo no es suficiente. Quieren más. La reforma laboral, la previsional y el ajuste en el gasto público son las exigencias visibles tras ese objetivo principal, que es acentuar la distribución regresiva del ingreso. Es una cuestión que los obsesiona. Aseguran que esa es la condición para iniciar un proceso de crecimiento sostenido, en esa ilusión de regresar a los años dorados de la Argentina agroexportadora. No sólo es una opción que persistentemente pretende ignorar la historia argentina sino que colisiona con una economía internacional que está transitando desde el 2008 con paso persistente hacia el proteccionismo.
La mejora en el reparto de la riqueza que se desplegó durante los gobiernos kirchneristas ha sido resistida por diferentes facciones del poder económico. Ahora quieren poner las cosas en su lugar, como lo fue en cada momento histórico que predominó un gobierno de las elites.
Puja distributiva
Cuando a fines del 2006 los salarios recuperaron la pérdida provocada durante los años de la crisis de los últimos años de la convertibilidad y alcanzaron los niveles de 1998, la puja distributiva empezó a intensificarse. Esto se reflejó en tensiones inflacionarias que comenzaron en 2007 y se mantuvieron en los años siguientes de los gobiernos kirchneristas. Esa puja quedó de manifiesto cuando el establishment reclamó a Néstor Kirchner emprender el ajuste que resistió desplazando a Roberto Lavagna del ministerio de Economía.
Esa disputa adquirió más fuerza en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. La respuesta fue una mayor intervención estatal para mejorar la participación de la base de la pirámide de ingresos. Lo hizo a través de diferentes vías: paritarias libres fortaleciendo desde el Estado la posición de los trabajadores frente a los empresarios, Asignación Universal por Hijo, movilidad jubilatoria, subsidios a las tarifas y regulación de precios de la canasta básica. De ese modo, con años mejores y otros no tanto pero con una innegable tensión orientada hacia la redistribución progresiva del ingreso, trabajadores formales e informales, cuentapropistas, autónomos y jubilados mejoraron su posición relativa en el reparto de la riqueza.
Esto es lo que no era tolerado por el bloque de poder que demoniza ese proceso como “populismo”. Su ejército de voceros no se cansa de repetir que un esquema económico “populista” es insostenible. Este obviamente enfrentaba desafíos y restricciones para su desarrollo que se expresaron con nitidez en el segundo gobierno de CFK, período en el cual la distribución del ingreso se amesetó sin empeorar. El establishment postula la necesidad imperiosa de enterrar el populismo para abrazarse al neoliberalismo, experiencia que ya ha derivado en crisis social, económica y política en décadas pasadas.
En esa campaña de descalificar al populismo se suman con entusiasmo economistas del establishment que, con la impunidad conferida por el poder, dicen sin vergüenza que los salarios en dólares habían alcanzado niveles muy elevados que es lo mismo que proponer una devaluación para pulverizar el salario real; o afirman sin pudor que el consumo de esos años era una fantasía lo que implica que los sectores populares no se merecen tener acceso a un mejor bienestar; o aseguran que el nudo del desarrollo en Argentina es la pasión igualitaria de una parte importante de la población que convirtió la equidad en un valor político prioritario.
Enemigo
La corriente conservadora sostiene que salarios y jubilaciones aumentando en términos reales que derivan en una distribución progresiva del ingreso impiden lanzar a la economía a un sendero de crecimiento. Bajos salarios, apertura comercial e integración pasiva al comercio internacional (proveedora de materia prima) es la propuesta de las elites que el macrismo celebra e implementa. Es la receta del modelo agroexportador, hoy disfrazado como supermercado del mundo cuando en realidad la economía local fue colocada en una góndola del mercado mundial absorbiendo bienes de consumo final importados. Es un modelo que requiere condenar a la industria nacional y deprimir el salario.
La veloz redistribución regresiva del ingreso en el primer año de la alianza macrismo-radicalismo viene a dar respuesta al postulado conservador de que la búsqueda de la equidad con medidas proteccionistas e industrialistas -señaladas como “populistas” porque promueven salarios altos– no es compatible con el crecimiento. Es una tesis falsa para la economía argentina y no corroborada en experiencias de países de desarrollo exitosos.
Como en 1955, en 1976 y ahora después de la experiencia kirchnerista, para el bloque de poder que hoy tiene su representante en la Casa Rosada el nivel de los ingresos de la mayoría de la población tenía que retroceder. En ese proyecto de país el salario sigue siendo el enemigo principal ayer, hoy y mañana. Macri está cumpliendo entonces con el objetivo económico principal: “normalizar” la distribución del ingreso que se había alejado del curso natural dibujado por las elites.