Fiscalía desarchivó una causa por violencia institucional y cerró otra. Se trata de dos investigaciones por hechos de “gatillo fácil” en los que hay funcionarios de la fuerza involucrados en la muerte de dos jóvenes. Ambos expedientes pasaron por archivos previos, cambiaron de fiscales, y ahora los abogados querellantes esperan avanzar en la investigación del crimen de Maximiliano Zamudio, que tenía 16 años cuando fue ultimado por un prefecto que estaba franco de servicio. Esa causa quedará en manos de la fiscal Karina Bartocci. En tanto, el caso de Alejandro Ponce, un joven que fue encontrado sin vida en el río Paraná, en noviembre de 2015, tras una persecución policial, no prosperó y los querellantes pedirán que un juez resuelva la situación en audiencia oral y pública. “Insistimos con que en ambos casos hubo responsabilidad de los agentes”, aseguró el abogado querellante Guillermo Campana.

Zamudio fue asesinado en barrio Tablada, el 27 de mayo de 2015, por un cabo de la Prefectura Naval que ingresó al pasillo en el que vivía el chico. Los familiares aseguran que hubo un diálogo –desconocido- y que el prefecto "le disparó a quemarropa" al adolescente. Los abogados querellantes lamentaron desde el inicio que Fiscalía "desestimó las declaraciones de familiares y testigos"; y "creyó en la versión del prefecto, basada en un supuesto intento de robo" por parte del chico. En ese caso, el abogado Guillermo Campana indicó que “está encaminado” y ahora --tal como venían pidiendo y como recomendó la auditora de fiscales, María Cecilia Vranicich, el año pasado— será investigado por la fiscal de Violencia Institucional.

Ponce, de 23 años, fue hallado sin vida en el río el 2 de noviembre de ese mismo año. Había desaparecido tres días antes, luego de una persecución policial. La tarde del 30 de octubre, efectivos de la comisaría 3ª, la policía motorizada y el Comando Radioeléctrico, acusaron a Alejandro y a su hermano de robarle a una pareja en la zona de los silos Davis. En la huída, los hermanos terminaron en el río. "Alejandro no sabía nadar, y fue agredido por los policías, que en vez de ayudarlo a salir lo insultaron y le tiraron piedras", aseguró la familia. “En este caso vamos a pedir que intervenga un juez o jueza. Llevaremos el caso a audiencia para que la fiscalía dé explicaciones y se resuelva. Aquí faltan pruebas, porque no hay motivo certero de la muerte”. Es que si bien la primera autopsia apunta a que el chico se ahogó, los querellantes quieren saber porque tenía sangre en el rostro y un golpe en la cabeza. “Nadie investigó eso”, se quejó Campana. “Seguimos pensando que hubo responsabilidad de cuatro efectivos que bajaron aquel día a la barranca”.

A principios de 2017, el fiscal Moreno archivó por primera vez los expedientes, pero la lucha de las organizaciones en las calles y dentro del Tribunal generó el desarchivo. En esa instancia, el fiscal regional Patricio Serjal fue quien se comprometió a darle continuidad a las causas. La idea, entonces, era "agotar las líneas de investigación" que solicitaron los abogados de las familias.

Las causas pasaron a otros fiscales. Sin embargo, a inicios de este año ambos funcionarios (Rafael Coria y Pablo Pinto) asumieron como jueces penales y las causas volvieron a archivarse. La lucha comenzó nuevamente. “Todo esto es corolario de la obra que inició de Moreno. Los otros dos fiscales tampoco hicieron nada y tuvieron una actitud corporativa”, se quejó Campana. Y agregó que el caso de Ponce, “Fiscalía Regional avaló ese no hacer”.