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La Procuración General bonaerense mantiene la buena práctica de publicitar los datos estadísticos de diferentes variables del mundo penal: cantidad de causas iniciadas, evolución de las personas privadas de la libertad, los números de la justicia penal juvenil, la violencia contra las mujeres, la violencia institucional. Estos datos permiten conocer con un grado de aproximación bastante más certero a la mera intuición cómo estamos, si las acciones en materia de seguridad pública y administración de justicia han mejorado o empeorado de un año para el otro.
Al 17 de diciembre de 2017 teníamos 46.904 personas privadas de la libertad, aportando más de la mitad del total de la población penitenciaria de la Argentina. Recordemos que de acuerdo al último censo nacional de 2010, la provincia de Buenos Aires tiene menos del 40 por ciento del total de la población, de donde se aprecia una evidente disparidad en la composición de la población penitenciaria.
Otro dato importante es el comportamiento de la curva de crecimiento de la población penitenciaria de los últimos cinco años (medido en cantidad de personas privadas de la libertad cada 100.000 habitantes): en 2012 era 198, en 2013 era 202, en 2014 era 230, en 2015 era 240, en 2016 era 252 y en 2017 era 276, crecimiento cercano al 40 por ciento en 5 años, tasa que tampoco se compadece con el crecimiento poblacional general, que se ubica en el 7 por quinquenio. En comparación, la tasa de encarcelamiento argentina se ubica por debajo de 180/100.000.
El 80 por ciento de la población penitenciaria bonaerense es aportada por los Departamentos Judiciales del conurbano. El que más aporta es Lomas de Zamora (16 por ciento), seguido por San Martín (12), La Matanza (11) y La Plata, Quilmes y San Isidro (9 cada uno). En el otro extremo, Necochea (218 detenidos) y Pergamino (361 detenidos), con valores apenas por encima del 0 por ciento, seguidos por Trenque Lauquen y Junín (1) y Bahía Blanca, Dolores y San Nicolás (2).
Si se relaciona la cantidad de detenidos de cada Departamento Judicial con sus respectivas poblaciones totales, el distrito más encarcelador es Moreno-General Rodríguez (376 por cada cien mil), seguido por Mercedes (352), San Martín (333), San Nicolás (330) y Dolores (313), bastante por encima de la tasa promedio provincial (276) y muy por encima del promedio nacional (180, aproximadamente). En el otro extremo, aparece como el menos encarcelador Bahía Blanca (166), seguido por Necochea (178), Trenque Lauquen (187) y Mar del Plata (216). Obsérvese que en este último grupo se ubican dos Departamentos Judiciales relativamente pequeños, que pueden hacer pensar en una conflictividad menor que explique el menor encarcelamiento. Pero junto a ellos aparecen las dos principales ciudades del interior bonaerense, que reúnen aproximadamente un millón y medio de habitantes, con otras complejidades en su composición.
El otro dato de interés es el empleo de métodos alternativos a la prisión rigurosa (prisión domiciliaria y/o control por monitoreo electrónico). Los Departamentos Judiciales con situaciones más complejas, con mayor tasa de encarcelamiento (claramente, los del Conurbano) son los que menos recurren a los métodos alternativos: los que tienen los más bajos índices de personas sometidas a esas opciones son La Matanza y San Martín (2 por ciento cada uno de ellos), Morón y San Isidro (3 cada uno), Lomas de Zamora y Moreno-General Rodríguez (4 cada uno). En el otro extremo, Necochea (28), Pergamino (26), Dolores y San Nicolás (17). Es decir, los Departamentos Judiciales que más deberían recurrir a mecanismos alternativos para paliar las consecuencias de la sobrepoblación son los que hacen caso omiso a estas posibilidades. El promedio para toda la provincia es de un 6 por ciento del total de la población penitenciaria sometida a prisión domiciliaria o control por monitoreo electrónico.
Los datos arrojan que el 43 por ciento de las personas privadas de la libertad se encuentra bajo el régimen de la prisión preventiva, por la supuesta existencia de un riesgo procesal (peligro de fuga o entorpecimiento probatorio), que es una cifra que ha disminuido con el correr del tiempo y respecto de otras provincias y países de la región, pero que sin embargo se maximiza si lo traducimos en un número concreto de individuos: 20.064. Cantidad que también trepa si le agregamos las personas detenidas en base a una sentencia condenatoria no firme, que ampara todavía a la persona por el principio de inocencia (11 por ciento). De donde, solamente el 46 por ciento de las personas privadas de la libertad se encuentran regularmente detenidas, esto es, con una sentencia condenatoria pasada en autoridad de cosa juzgada.
Respecto del tipo, los delitos contra la propiedad llevan una clara delantera, con un 46 por ciento sobre el total, debiendo destacar que el más usual es el robo agravado por el uso de armas, con un 32 por ciento de casos (recordemos que de acuerdo a la jurisprudencia más extendida “arma” puede ser cualquier objeto con capacidad ofensiva).
Siguen los delitos contra las personas (21 por ciento), en cuyo rubro se destaca el homicidio doloso (10), los delitos contra la integridad sexual (10) y las infracciones a la ley de drogas (9).
Las mujeres privadas de la libertad suman un 5 por ciento del total de la población reclusa (2578 personas). De ese total, el 78 se encuentra alojado bajo régimen riguroso (2004 mujeres), mientras que el 22 restante (574) lo está bajo arresto o detención domiciliaria. Unas 50 de esas mujeres se encuentran junto a sus hijos o hijas menores de 5 años.
Es notable comprobar que el 34 por ciento de los motivos por los que las mujeres bonaerenses se encuentran presas lo es por infracción a la ley de drogas. Otro 27 lo está por delitos contra la propiedad y un 21 por delitos contra las personas.
La población reclusa bonaerense ha venido creciendo en forma geométrica en los últimos años, sin que esa política pública haya impactado en mejorar los niveles de seguridad ciudadana. Se suma al panorama señalado un creciente deterioro en las condiciones de alojamiento de los establecimientos penitenciarios, que contribuyen a incrementar la espiral de violencia que llevó a la mayoría de las personas a ese sitio, con un pronóstico reservado en lo que a futura reinserción se refiere.
* Director ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal y juez penal bonaerense.
