El propósito de este documento es advertir sobre las implicancias del nuevo acuerdo entre el gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional. El Grupo Fénix sostiene que éste implica una grave claudicación de la soberanía nacional y la consolidación de un modelo de endeudamiento, ajuste y dependencia que agravan las condiciones existentes y constituyen un severo obstáculo para recuperar un modelo de desarrollo con equidad.
Hoy, como en 2001, el Plan Fénix quiere ofrecerle a la sociedad una alternativa al modelo neoliberal económicamente inviable y socialmente injusto, ante las horas aciagas que vive nuestro país y nuestro pueblo.
Antecedentes
El FMI fue creado en el acuerdo de Bretton Woods en 1944 para colaborar en la estabilización del capitalismo de posguerra, específicamente, en la regulación de los desequilibrios del sector externo de los países miembros.
Más allá de que para los países en desarrollo el FMI fue siempre sinónimo de ajuste y devaluación, luego de los años ‘70, el Fondo se alejó aún más de sus funciones específicas y se convirtió de facto en una suerte de interventor de las economías para implementar políticas neoliberales, como un virrey colonial del sector financiero internacional concentrado.
El Premio Nobel Joseph Stiglitz y numerosos economistas, aun aquellos que profesan la corriente ortodoxa de la economía, han criticado que el FMI aplique una receta única en todos los países sin atender las distintas estructuras económicas, contextos y particularidades nacionales.
En las Cartas de Intención del FMI con algunos países, estos incluso se obligan, entre otras acciones, a cerrar escuelas y universidades públicas, y a introducir reformas previsionales y laborales. Todas medidas que afectan el crecimiento de largo plazo y quitan derechos, afectando el desarrollo, la equidad y atentando gravemente contra la sustentabilidad política, económica y social de las naciones.
Ante la falacia del argumento de que se trata de un nuevo FMI, decimos que es el mismo de siempre y que impone, como única receta, políticas de ajuste que deprimen las economías en diversos países desarrollados y en desarrollo. Son testimonio de esto la experiencia de Argentina en los años ‘90 y los casos de Ucrania y Grecia, como así también, las fuertes protestas sociales por la implementación de similares recetas en Jordania y Haití.
Soberanía
Argentina es país miembro del FMI desde el 19 de abril de 1956 y contrajo en ese año su primer crédito, iniciando un derrotero con muy malas experiencias a lo largo de 50 años. Los acuerdos con ese organismo limitaron la soberanía y generaron políticas de ajustes ineficientes y antipopulares. Nuestro país, junto con Brasil, recién en enero de 2006, pudo cancelar la deuda con el FMI y retomar el carácter soberano de sus políticas.
Sin la injerencia del FMI, fue posible desendeudarse realizando políticas anticíclicas para sostener el crecimiento durante la crisis global, recuperar los fondos previsionales y reformar la Carta Orgánica del BCRA para regular las finanzas y ponerlas al servicio de la economía real y no de la valorización financiera.
Hoy, Argentina vuelve al FMI luego de 12 años de prescindir de sus intervenciones y presiones.
Diagnóstico
La actual crisis no es producto de una pesada herencia, sino que fue generada por las políticas de este Gobierno. Tampoco es una consecuencia de la crisis global porque Argentina es el país que más devaluó su moneda (un 50 por ciento en 2018). La crisis afectó, en particular, a los pocos países que tienen apertura irrestricta, dolarización de su deuda y alto déficit de cuenta corriente.
Las políticas monetarias y cambiarias han sido erráticas, generaron inflación y recesión, y han beneficiado solamente a los sectores altamente concentrados en perjuicio de las pymes, los asalariados y el resto de la sociedad.
El problema principal de Argentina, en cuanto a desequilibrios macroeconómicos causantes de la crisis, no es el déficit fiscal, que se agravó al reducir y eliminar impuestos y al liberar la liquidación de exportaciones, como sostiene el Gobierno.
El nudo central de la crisis monetaria actual es el déficit de cuenta corriente y la fuga de capitales, resultado de múltiples medidas tomadas por el Gobierno desde el comienzo de su gestión, entre la cuales se destacan: a) la apertura importadora que destruye la economía real, la producción y el empleo, y b) la desregulación financiera, que generó una bicicleta especuladora, una deuda que se ha tornado insostenible y la apertura de cuenta de capital.
Consecuencias
El texto de la Carta de Intención con el FMI revela un conjunto de objetivos sumamente negativos para el país y de muy difícil cumplimiento.
Estos acuerdos llevan implícito para el Gobierno el renunciamiento a su independencia en la toma de decisiones y al uso de instrumentos de política necesarios para resolver efectivamente sus problemas.
Las metas de recorte del gasto público ponen al sector público en una dinámica de creciente deterioro de sus capacidades para cumplir sus funciones básicas, aunque no se pone similar énfasis en reducir las erogaciones por servicios de deuda externa.
El stand by aceptado implica limitaciones en el uso de reservas y otros instrumentos de regulación cambiaria, y en el financiamiento del Banco Central al Tesoro. Estas rigideces quitan margen de maniobra para poder administrar las políticas económicas y tienden a agravar la crisis.
Entre las condicionalidades inaceptables está la venta de activos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad, lo que desfinanciará el sistema previsional, además de buscar su privatización, empujando a la pobreza a los actuales y futuros jubilados.
En este sentido, el FMI consagra políticas que solo sirven al sistema financiero. Las recetas aplicadas y el acuerdo con el FMI no auguran salir de la crisis, sino solo profundizarla.
El acuerdo busca convertir al Banco Central en un organismo alejado de las necesidades del país. Se busca volver a un Banco Central sometido al poder financiero local y global, que solo se ocupe de la inflación y se desentienda del crecimiento, el empleo y la equidad social, lo que deriva en una depresión secular, como es el caso de la Unión Europea.
También se plantea limitar el financiamiento del Banco Central al Tesoro Nacional, lo que implica forzar un endeudamiento en el mercado y agravar el problema de la deuda pública.
De nada sirve un Banco Central si se hace más insolvente al Tesoro. Con esas políticas, el Banco Central no puede cumplir sus objetivos. Por lo contrario, debe coordinar con otros organismos y coadyuvar a objetivos múltiples de política económica.
Uno de los principales problemas es la falta de coordinación y consistencia de las políticas de Gobierno con el Banco Central, pero, a su vez, es muy coherente y consecuente con las políticas de saqueo, expoliación de nuestras riquezas y su fuga al exterior, y la concentración del ingreso.
El Banco Central no es un banco más. Es el emisor y no debe guiarse por criterios de empresas comerciales; hoy, sin embargo, se consagra como un Banco Central que no es independiente de sus regulados, o sea, del sistema financiero.
Con el objetivo de consolidar en el tiempo sus políticas, el Gobierno busca blindar al neoliberalismo y a los intereses de los sectores que hoy tienen a sus CEOs como colaboradores dilectos, dejando funcionarios cuestionados y vinculados al sistema financiero en un futuro gobierno del Banco Central, con la excusa de limitar las causales de remoción y de establecer mayorías especiales para la misma. De cumplirse estas intenciones, sería introducir un caballo de Troya en el país y, eventualmente, en un gobierno popular.
La libre flotación de la moneda en un país dolarizado genera más costo fiscal por el lado de la deuda. El fuerte crecimiento de la deuda en dólares es altamente preocupante y acelera la inflación. Máxime habida cuenta de la indexación en dólares de las tarifas. El Gobierno ya ha conseguido el peligroso resultado de que los ratios de deuda en relación al PIB sean graves y pongan al país en zona de insustentabilidad por su riesgo crediticio.
En síntesis, el acuerdo con el FMI obligará a una drástica contracción económica que no servirá para resolver el problema clave del sector externo, pero que dañará la estructura productiva y social de nuestro país, además de debilitar las capacidades estatales y la soberanía nacional.
Propuestas
Sostenemos que esta no es la única opción. Es tan solo la opción que ha buscado el Gobierno para profundizar un modelo de dependencia y concentración de la riqueza.
El Parlamento Nacional debe intervenir y evitar que se suscriban acuerdos lesivos al interés nacional, a la soberanía del país y que conlleven al empobrecimiento de nuestro pueblo.
Se requieren soluciones nacionales. Frenar la apertura financiera y aplicar controles de capital para detener la sangría de divisas para evitar el endeudamiento y la fuga de capitales. Es imprescindible un racionamiento de divisas, priorizando el uso de las reservas para el desarrollo económico.
Se impone la necesidad de introducir tipos de cambio múltiples para fomentar un proceso de industrialización y de mayor densidad nacional, y desvincular los precios internos de los externos para evitar una alta inflación que afecte al salario real y a los bolsillos populares a expensas de rentas extraordinarias que refuercen la inequidad, el fomento de lo importado y la fuga de divisas.
La política económica requiere un giro de 180 grados. Es imprescindible un proyecto nacional que implemente un plan de corto, mediano y largo plazo cuyo eje sea el desarrollo y la equidad.
Se impone un rechazo del acuerdo y una gran movilización de todos los sectores de la sociedad, que contribuirá a evitar el avance del neoliberalismo y el deterioro de la soberanía nacional. La alternativa deberá surgir de la política para ofrecer una perspectiva de esperanza y progreso frente al escenario actual, que solo augura mayores penurias y sufrimientos colectivos.
* Cátedra Abierta de Plan Fénix, Facultad de Ciencias Económicas, UBA.
