El 17 de julio se cumplieron diez años del “voto no positivo” de Julio Cobos. Unos días antes se conoció la “letra chica” del acuerdo con el FMI. Entre otras cuestiones, los técnicos del organismo financiero internacional recomendaron “mantener la tasa promedio de impuestos a la exportación en productos de soja en 25,5 por ciento”. En la actualidad, las retenciones a la soja son de 26,5 (poroto de soja) y de 23,5 por ciento (subproductos y derivados). Es decir, el Fondo propone interrumpir en septiembre la baja progresiva (0,5 por ciento mensual) de la alícuota.
El ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, había reconocido que “todas las opciones están sobre la mesa”. Por el contrario, el ministro de Agroindustria,Luis Miguel Etchevehere, descartó esa posibilidad. Ante esas opiniones discordantes, las entidades agropecuarias solicitaron una audiencia a Mauricio Macri. El encuentro se concretó el pasado 3 de julio. Allí, el Presidente ratificó la continuidad del cronograma de reducción de las retenciones a la soja.
Sin embargo, la difusión del informe técnico del FMI reactualizó los temores sectoriales. La cuestión divide aguas en el interior de la coalición oficialista. Los asesores económicos de la Unión Cívica Radical recomendaron frenar esa pérdida de recursos fiscales. En esa línea, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, consideró que “mientras dure la crisis habría que parar la baja de retenciones a la soja y revisar un poco ese tema”. A su vez, el “lilito” Fernando Sánchez sorprendió afirmando que “todos tenían que aportar algo” en este momento.
En su última conferencia de prensa, Macri afirmó que “es el Estado el que no debe gastar más de lo que tiene, no podemos pagar más impuestos; lo insólito que es que el gobierno anterior castigara a las exportaciones con retenciones; claramente, por eso no se generaba trabajo”. Ese planteo coincide con el núcleo discursivo de la Mesa de Enlace en el conflicto por la Resolución 125. “Las retenciones son un invento argentino que no existe en ningún lugar del mundo”, sostenía Gustavo Grobocopatel. Los datos duros contradecían al “rey de la soja”.
En ese momento, el 25 por ciento de los países integrantes de la Organización Mundial del Comercio (OMC) aplicaba algún instrumento destinado a: 1) capturar parte de la renta primaria y/o 2) desacoplar los precios internos de los internacionales.
Algunos ejemplos: tributo excepcional del 25 por ciento a compañías petroleras para financiar gastos sociales (Portugal); derechos de exportación del 25 por ciento (harina de trigo, almidón), 20 por ciento (trigo, cebada, avena), 10 por ciento (harinas de maíz, arroz, soja) y 5 por ciento (maíz, sorgo, mijo) (China); derechos de exportación del 35 por ciento a las exportaciones de trigo y productos derivados (Pakistán); derechos de exportación del 40 por ciento al trigo (Federación Rusa). En ese contexto, el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz explicaba que “los precios de los commodities están en aumento y hay pocos instrumentos para [detener] esos precios galopantes; uno de ellos son las políticas de impuestos a las exportaciones”.
La discusión subyacente en el conflicto por la 125 era el modelo de país. La implementación de un esquema de tipos de cambio múltiples –a través de los derechos de exportación– estimula la conformación de una estructura económica diversificada. Por otro lado, las retenciones amortiguan la suba de precios internos motorizada por el proceso devaluatorio. En estos días, la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se mostró sorprendida por el aumento en los precios de los alimentos. El economista Pablo Gerchunoff, cercano al universo de Cambiemos, twiteó: “Para eso estaban las retenciones, gobernadora”.
@diegorubinzal
