Uno de los fracasos más rotundos del programa económico de Mauricio Macri es el del combate a la inflación. Antes de asumir, el presidente señalaba que en poco tiempo reduciría la inflación a un dígito. Luego fue menos ambicioso y proyecto metas de inflación que quedaron para la anécdota. La inflación del 40 por ciento de 2016 superó ampliamente la meta del 25 por ciento de aquel año. La suba de precios del 23 por ciento de 2017 también sobrepasó la meta oficial de 17. La meta para 2018 fue originalmente del 12 por ciento, luego modificada al 15 y, tras el acuerdo con el FMI, se ubica en un máximo de 32 por ciento que nuevamente se encamina a ser superado por la realidad. 

El origen del fracaso puede rastrearse en el rol de Macri como opositor. El entonces candidato a presidente forjó un discurso para responsabilizar de la inflación a las políticas populistas de Cristina Fernández de Kirchner. El exceso de gasto financiado con emisión monetaria era señalado como el causante de la suba de los precios. Bajo esa visión, el financiamiento del déficit público con deuda externa en lugar de emisión interna terminaría rápidamente con la inflación y evitaría un ajuste brusco inviable desde el punto de vista político. Pero la aplicación de dicha política tras el acuerdo con los fondos buitre mostró que el diagnóstico era equivocado.

Ya sin libreto ortodoxo, el discurso oficial viró hacia admitir ciertos mecanismos no monetarios en la dinámica de los precios. La suba del dólar y las tarifas cuyo impacto inflacionario fue primeramente ninguneado, comenzó a ser señalados como relevante. También la inercia inflacionaria se coló en el discurso del presidente, pero más como un intento de delegar responsabilidades en su antecesora que otra cosa. Sin embargo, el cambio discursivo no se tradujo en un cambio de política. No hubo anuncios de pactos sociales con congelamientos de precios, tarifas y dólar que eliminen de cuajo los mecanismos inerciales y los impulsos de devaluaciones y tarifazos. Tampoco se optó por una vía gradual, donde se busque cierta estabilidad de precios previa a la paritaria, resultando en acuerdos de aumentos salariales moderados, con controles para que los empresarios no sobreactúen su traslado a precios, todo ello acompañado de un sendero acorde en la evolución del dólar y las tarifas.

Por el contrario, la política de precios acordada con el FMI insiste con metas de inflación, reforzadas simbólicamente por restricciones al financiamiento del Banco Central al gobierno (que ya era poco relevante), un retorno a la vieja Carta Orgánica donde el único objetivo era la “estabilidad de precios” (que de hecho era el único infructuosamente buscado), y estableciendo “mecanismos de responsabilidad con el Congreso y el pueblo argentino” cuando la inflación se desvía de la meta oficial. En paralelo, se proyectan nuevos tarifazos para reducir el gasto en subsidios y el valor del dólar se deja a la gracia del mercado previéndose fuertes depreciaciones de la moneda nacional. Es decir, la misma política que viene acumulando fracasos desde diciembre de 2015, por lo que vayan preparando la ejecución de los “mecanismos de responsabilidad con el Congreso y el pueblo”.

@AndresAsiain