“Las iniciativas que haya en materia de justicia penal juvenil nunca pueden significar una baja en la edad de imputabilidad y un aumento de las penas”. Así lo indicó Luis Pedernera, experto independiente del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que el viernes pasado estuvo en Rosario para hablar sobre jóvenes en conflicto con la ley penal y las responsabilidades del Estado argentino en la materia, durante un panel debate que compartió –entre otros— con la defensora de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe, Analía Colombo. Sus dichos estuvieron basados en el último informe que hizo el Comité con recomendaciones para Argentina. El tema del aborto fue parte de las observaciones, en las que se planteó al Estado que asegure el acceso a servicios de aborto seguro y atención post aborto para niñas y adolescentes, asegurando que sus opiniones sean escuchadas. “El Senado tiene una gran oportunidad”, dijo.

Antes de la charla, Pedernera dialogó con este diario sobre la situación de niños, niñas y adolescentes, en materia de derechos humanos y punibilidad. “Los Estados se someten de buena fe al Comité y a partir de entrevistas e informes, éste elabora un informe sobre cuestiones en las que cree que debería haber cambios. Esperamos que sea base para la revisión de la política pública que permita la elaboración de otras, basadas en los derechos del niño”, dijo.

En el caso de justicia penal juvenil, el Comité le dijo a Argentina que todavía tiene que cumplir con las recomendaciones de 2010. “La evidencia más clara de ese incumplimiento es que todavía tienen una ley de la dictadura. También saludamos la discusión sobre la ley de justicia penal juvenil (a nivel nacional). El Comité dijo que saluda la iniciativa pero que nunca puede significar una baja de edad de imputabilidad y un aumento de las penas”.

Pedernera agregó que marcaron al Estado las disparidades que hay entre provincias, en materia de derechos y garantías para niños, niñas y adolescentes; y en políticas sociales: “Hay provincias con estándares muy buenos en materia de mortalidad infantil, por ejemplo; y hay otras, en el norte, donde se ven problemas graves de desnutrición y salud”, dijo sobre el pedido de que las leyes se pongan en línea con estándares internacionales.

También se le marcó al Estado que “pese a tener un llamado de atención de la Corte Interamericana sobre las penas perpetuas, hay lugares donde se condena a niños a penas muy elevadas, que podrían equivaler a una perpetua. Les decimos que aquellas penas que en la vida del niño tienen el impacto de una perpetua tienen que eliminarse”. Además, pidieron que se termine el hacinamiento en los lugares de encierro para jóvenes (como el Irar), y que sean condiciones de detención. “Nos preocupan las denuncias de malos tratos y torturas. No hay informes oficiales ni condenas por estos hechos. Incluso sucede en lugares de acogida, donde hay niños que no cometieron delitos. La impunidad es un problema que debe ser abordado. Y queremos que las víctimas sean reparadas”.

El informe también tiene recomendaciones sobre el defensor de niños, niñas y adolescentes. “Pedimos que el Parlamento lo elija y designe porque es una ley que tiene más de 10 años”. En cuestiones de narcotráfico, apuntó a que los niños “siempre son víctimas”.

Sobre los casos de aborto adolescente, dijo que la recomendación al Estado tiene que ver con garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva y a los servicios de educación. El Comité puso especial atención en la necesidad de prevenir el embarazo precoz y asegurar el acceso a servicios de aborto seguro y atención post aborto, asegurando que las opiniones de las niñas sean escuchadas. “Las familias y las adolescentes tiene que pasar por un derrotero. En algunos casos, no hay persecución penal a los violadores y lo dialogamos con el Estado. Sabemos que el Senado está discutiendo esto, y es el momento de cumplir con las recomendaciones. Tienen la posibilidad de alinearse con un órgano de control de tratados como el Comité de Derechos del niños, niñas y adolescentes, que se suma a otros que ya le dijeron que garantice el acceso a este servicio de aborto”, finalizó.