Vidal convirtió la reducción del poder sindical docente en una de sus banderas de guerra. Pero no es seguro que lo logre. Primero dilató el llamado a paritarias. Luego tuvo que convocarlas obligada por fallos de la Justicia provincial. En las tratativas presentó una oferta que fue rechazada por los gremios. Ante la amenaza de paro no le alcanzó con su nivel de popularidad, que va menguando, y tuvo que ordenar al gerente de personal que dictara la conciliación obligatoria. 

La caracterización del ministro de Trabajo Marcelo Villegas no es irónica sino descriptiva. Ex director de Capital Humano del grupo Telecom, su punto fuerte en el curriculum es el agua, y del lado del capital extranjero. El CV de su página web informa que “en el grupo Suez ocupó cargos directivos en el área de Recursos Humanos en diversas empresas del grupo”. También indica que fue “director de Recursos Humanos de Aguas Argentinas SA y en Aguas provinciales de Santa Fe SA”. 

Aguas Argentinas es la antecesora de AySA, Agua y Saneamientos Argentinos SA. Perteneció a Suez, el grupo francés que le ganó al Estado una indemnización de 384 millones de dólares por un laudo del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal arbitral del Banco Mundial. La suma debería ser abonada por la rescisión del contrato entre el Estado y Suez, que el gobierno de Néstor Kirchner resolvió porque Suez no quiso asumir un compromiso de inversiones para mejorar la red y el servicio.

Villegas integra el dream team de Vidal con Roberto Gigante, el poderoso ministro de Infraestructura que llegó a la política de la mano de Grindetti, el ahora sospechado vicepresidente del PRO bonaerense. La segunda línea del ministerio también viene del agua. 

Al principio Vidal quiso sortear el paro docente de tres días que el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Suteba, había convocado para lunes, martes y miércoles por la falta de resultados en las negociaciones salariales. Pero no logró hacerlo por su peso político. Debió recurrir al dictado de la conciliación obligatoria por parte de su ministro de Trabajo, Marcelo Villegas.

Conciliación obligatoria significa que las partes sí o sí deben sentarse a negociar. En el período de conciliación los sindicatos suspenden toda medida de fuerza y la patronal no puede sancionar ni modificar las condiciones de trabajo. El riesgo de no acatar la conciliación obligatoria para un sindicato es que puede recibir sanciones expresadas en multas o en la pérdida de la personería gremial. Habitualmente los empleadores reclaman del Ministerio de Trabajo la conciliación obligatoria cuando no pueden dominar el pulso de la negociación. Cuando se sienten débiles. Como Vidal. 

En el caso del Estado se produce una contradicción, porque el Estado es juez y parte. El Ministerio de Trabajo decide la conciliación obligatoria entre las partes pero a su vez es el instrumento de los empleadores. Por eso el Estado suele abstenerse de usar ese instrumento salvo en casos de desesperación. 

Página/12 pudo saber que dirigentes docentes de la provincia a todo nivel y de todos los gremios discutieron si había que acatar la conciliación o no. Dentro de Suteba el argumento de la dirigencia perteneciente a las filiales con conducciones más radicalizadas, como La Matanza, fue que Roberto Baradel y los líderes provinciales de Suteba estaban “vendiendo” el paro. En público fueron más diplomáticos. Tuiteó la diputada nacional del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Romina del Plá y secretaria de la filial matancera de Suteba: “Suteba Matanza rechazo en asamblea el apriete a los docentes de @mariuvidal mediante una conciliación ilegal. El gobierno de los aportantes truchos pretende callarnos. Hagamos masivo el paro de 72 horas, con asambleas y plenario provincial de delegados para continuar”. 

El argumento de la seccional Matanza para tildar de “ilegal” la conciliación se apoya en el artículo 39 de la Constitución bonaerense. Dice que “la provincia garantiza a los trabajadores estatales el derecho de negociación de sus condiciones de trabajo y la substanciación de los conflictos colectivos entre el Estado provincial y aquéllos a través de un organismo imparcial que determine la ley”. Ese organismo nunca fue constituido y la Justicia laboral bonaerense acumula fallos que señalan esa omisión. 

Baradel, que en mayo de 2017 volvió a ganar la conducción de Suteba con el 73 por ciento de los votos frente a Del Plá, no cambió el tuit fijado de su cuenta. Dice: “La gobernadora María Eugenia Vidal tiene en sus manos la responsabilidad del inicio de clases”. A continuación pone la consigna “Por salarios dignos y escuelas dignas, basta de ajuste en educación”. El hashtag es #Los docentes tenemos dignidad. Firma, completo, el Frente de Unidad Docente Bonaerense que integran la propia Suteba, la Federación de Educadores Bonaerenses, el Sindicato Argentino de Docentes Particulares, la Unión de Docentes de Buenos Aires y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica.

A último momento los apremios internos de Suteba recibieron la ayuda de la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, Ctera, que nacionalizó el conflicto, dio patente de paro a Suteba y, de hecho, quitó a Vidal de su centralidad.  

Más allá de las fricciones internas dentro de Suteba, la incapacidad de resolver el conflicto educativo parece un signo de debilidad de la Gobernación. Hasta ahora la gobernadora apostó a desacreditar a los docentes. Quizás no tuvo en cuenta que los sindicatos tienen debilidades (a veces se ciñen al paro como forma de protesta casi excluyente. o miran hacia su interior como si todos estuvieran pendientes) pero que a la vez la sociedad es volátil. Así como condena a los docentes porque los chicos de las escuelas públicas se quedan sin clase, de un día para otro puede condenar a la gobernadora: dirán los críticos que los chicos se quedan sin clase porque el Gobierno no zanja la discusión con un aumento justo. El paso de un estado de ánimo a otro depende de variables extra-gremiales como la situación económica y la credibilidad de Vidal. Una credibilidad que, como mínimo, ya no es más intachable después del modus truchandi del PRO bonaerense. 

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