Tras haber logrado, luego de una fuerte y sostenida presión, desplazar a la procuradora general Alejandra Gils Carbó, el presidente Mauricio Macri avanzará esta semana un nuevo paso en su intento por cubrir esa vacante clave de la justicia argentina. El martes, mientras en paralelo se debate la legalización del aborto, el Senado recibirá a la nueva candidata, Inés Weinberg de Roca, jueza del Tribunal Superior de Justicia porteño. Desde el envío de su pliego a la Cámara Alta, la jurista recibió un gran repertorio de objeciones, entre ellos varios de distintos organismos de derechos humanos. “No posee un claro compromiso con los derechos humanos”, sentenciaron desde Abuelas de Plaza de Mayo.
El pasado 22 de marzo, Macri y el ministro de Justicia, Germán Garavano, le comunicaron oficialmente a Weinberg de Roca la voluntad de enviar su pliego al Senado para su designación. En esa ocasión, Garavano –que ofició de vocero del encuentro– sostuvo que “había muy buenos candidatos de primer nivel, con mucha trayectoria”, pero admitió que fue “el tema femenino” lo que determinó la decisión. “Después de haber designado dos hombres como jueces de la Corte habíamos asumido el compromiso que en la próxima designación se iba a analizar la posibilidad de que fuera una mujer”, afirmó el ministro. Desde ese momento, la jurista –cuestionada por sus fallos en favor de las arbitrariedades policiales y por sus polémicas consideraciones en torno al proceso de juzgamiento a los genocidas en Argentina– no hizo más que cosechar impugnaciones.
El organismo presidido por Estela de Carlotto advirtió que las posiciones públicas de la candidata de la Casa Rosada “no resultan coherentes con los estándares alcanzados en materia de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad en la Argentina”. Abuelas recordó que, como miembro del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, al ser consultada por el proceso de justicia en el país africano Weinberg contestó: “Tengo el sentimiento de que es justicia de un solo lado; no tan diferente de la justicia en mi país, pero en Argentina también hubo justicia de un solo lado, y eso no está bien”. Por otro lado, a partir de un análisis minucioso de las posiciones definidas por la jueza como miembro del Tribunal Superior de Justicia porteño, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se mostraron preocupados por “el perfil conservador y restrictivo respecto de los derechos humanos y el acceso a la justicia, en tanto puede significar un retroceso en el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal”. La organización tomó en cuenta los fallos y posturas de Weinberg de Roca en relación con el reconocimiento de los derechos sociales, el margen de las facultades policiales de detención y los procesos de justicia por los crímenes del terrorismo de Estado, entre otras cuestiones, y sentenció: “Sus posiciones restrictivas en materia constitucional, y en algunos casos contrarias al desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, nos generan una fuerte preocupación”.
La candidata no sólo sumó rechazos por sus fallos, sino también por el incumplimiento de requerimientos formales como no haber declarado ante el Consejo de la Magistratura la remuneración que percibía por integrar el Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas –como apunta la impugnación del diputado Rodolfo Tailhade– o no ser independiente del oficialismo (como se supone que debería ser). Esto último fue señalado por la líder de GEN, Margarita Stolbizer, que recordó que la candidata participó como “miembro del Consejo Asesor del Centro de Desarrollo Económico de la Mujer, cargo para el cual fue designada directamente por el Poder Ejecutivo”.
Para ser designada, Weinberg de Roca deberá contar con el apoyo de los dos tercios de los senadores presentes el día de la sesión, un número que Cambiemos sólo podría lograr con ayuda de la oposición. La audiencia pública del martes será un paso clave en ese camino.
