“La ambigüedad del decreto lo hace extremadamente peligroso porque deja indefinidas muchas cuestiones que, por tratarse las Fuerzas Armadas del instrumento con mayor fuerza letal del Estado, deberían estar mejor definidas”, advierte Paula Canelo, investigadora del Conicet, en referencia al decreto del presidente Mauricio Macri para habilitar la militarización de la Seguridad Interior, que dos días después de su publicación en el Boletín Oficial derivó en movilizaciones masivas de rechazo en todo el país. Licenciada en Sociología (UBA), magíster en Ciencia Política (Idaes-Unsam) y doctora en Ciencia Sociales (Flacso), Canelo destaca que “las fuerzas armadas no están educadas ni entrenadas ni equipadas para reprimir o disuadir conflictos internos sino para aniquilar al oponente, por eso la cuestión es peligrosísima y el escenario que se abre es muy preocupante”. Detrás de la decisión de la alianza Cambiemos de asignar facultades policiales a los militares, la profesora de la UBA y la UNSAM observa la búsqueda de apoyo en un núcleo duro profundamente conservador, la necesidad de ampliar el control sobre todo posible instrumento de represión ante la creciente conflictividad social y también un mensaje directo a los militares por lo que el propio Macri llamó “condena” por “un drama que quedó en el pasado”, en alusión al terrorismo de Estado.
–¿Qué cambia exactamente el decreto de Macri? ¿Sólo anula parcialmente el 727/06 de Kirchner o además viola leyes?
–El decreto es muy ambiguo, transcurre en los intersticios de las leyes. Deroga algunos artículos del 727 de la ministra Nilda Garré y podría entrar en contradicción (tema que debería estudiar en profundidad) con la ley de Seguridad Interior (LSI). En las normas que regulan el funcionamiento de las fuerzas armadas en la Argentina, la amenaza de “agresión externa” está representada en ejércitos de orden estatal, de otros países, pero el decreto de Macri desdibuja el carácter estatal y abre la cuestión a diferentes interpretaciones. Desde hace varias décadas asistimos a cambios en la configuración de la agenda de seguridad que resulta en la doctrina de las “nuevas amenazas”, que sugiere cambios en el rol de Fuerzas Armadas y de seguridad. Esa doctrina supone amenazas difusas, por lo general de origen transnacional, e incluye fenómenos muy variados como narcotráfico, crimen organizado en sentido amplio, terrorismo, indigenismo, conflictos raciales o étnicos. Son amenazas de orígenes distintos y que deberían tratarse de modos distintos pero para esta doctrina todas son materia de posible represión por parte no sólo de fuerzas de seguridad sino también de fuerzas armadas. El decreto de Macri abre la posibilidad bastante concreta de que dentro de esas “agresiones externas” comiencen a ser consideradas esas amenazas (narcotráfico, terrorismo), por eso es peligroso.
–¿Por qué entraría en contradicción con la Ley se Seguridad Interior?
–Esa ley de 1991, gobierno de Menem, prevé la posibilidad de que las fuerzas armadas presten apoyo a fuerzas de seguridad en casos excepcionales cuando el sistema de seguridad interior resulte insuficiente con previa declaración del estado de sitio, como sucedió durante la crisis del gobierno de De la Rúa en 2001, cuando no hubo intervención militar porque las Fuerzas Armadas se negaron. El decreto de Macri permite que las Fuerzas Armadas incluyan en su doctrina, su equipamiento y otros importantes aspectos, como la producción de inteligencia, hipótesis vinculadas con la seguridad interior. Es una cuestión sutil, técnica, que entra en contradicción con la LSI y potencialmente podría violar el marco legal.
–¿Qué riesgos implica asignar a los militares el rol de “custodia de objetivos estratégicos”?
–Es la tercera cuestión importante del decreto. Hasta ahora esa custodia correspondía a las fuerzas de seguridad. ¿Pero quién define cuáles son los objetivos estratégicos? ¿Vaca Muerta lo es? ¿Esto va a suponer la militarización de la zona donde está ese yacimiento? ¿Qué va a suceder si hay un conflicto sindical o local en torno a “objetivos estratégicos” vinculados por ejemplo con la cuestión de los recursos naturales? ¿La Casa Rosada puede ser considerada un objetivo estratégico? ¿Entonces pueden intervenir las fuerzas armadas en Plaza de Mayo? Son especulaciones, pero la ambigüedad del decreto lo hace extremadamente peligroso porque deja indefinidas muchas cuestiones que, por tratarse las Fuerzas Armadas del instrumento con mayor fuerza letal del Estado, deberían estar mejor definidas. Si el Ejército tira, mata. Las fuerzas armadas no están educadas ni entrenadas ni equipadas para reprimir o disuadir conflictos internos sino para aniquilar al oponente, por eso la cuestión es peligrosísima y el escenario que se abre es muy preocupante.
–¿Cuáles son a su entender los objetivos de fondo de la decisión, más allá de la alegada “lucha contra el narcotráfico”?
–El gobierno de Cambiemos ha venido tanteando el terreno desde que asumió para ampliar la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, el decreto es el hecho institucional más contundente en ese sentido, pero no es novedad. ¿Por qué ahora? Hay varias lecturas posibles. Primero por una búsqueda de Cambiemos de fortalecer el apoyo de lo que podríamos llamar su núcleo duro tras la crisis cambiaria que terminó con el acuerdo con el FMI. Si se analizan discursos de funcionarios, por ejemplo respecto al aborto legal, dando más apoyo al poder de lobby de la Iglesia, o a la gobernadora (María Eugenia) Vidal en la Rural afirmando que “no hay Argentina si al campo no le va bien”, se ve un intento de reforzar la alianza con el ala más de derecha conservadora que contiene Cambiemos. En segundo lugar el decreto apunta a ampliar el control del gobierno sobre todos los instrumentos posibles de represión. Cualquier ajuste implica la necesidad potencial de reprimir el descontento y están avanzando en ese sentido. Este gobierno apoyó casi incondicionalmente a las fuerzas de seguridad en todos los casos donde se puso en duda su accionar, pero ahora están previendo además un escenario de conflictividad social mucho más duro y grave. Tercero, hay una señal dirigida directamente a las fuerzas armadas y a los núcleos que apoyan una memoria social diferente sobre el terrorismo de Estado, que incluye a negacionistas y a quienes lo reivindican, a los que el gobierno desde el principio les dio voz y les abrió las puertas, con señales de apoyo muy claras. “No hay que seguir condenando a las Fuerzas Armadas por un drama que quedó en el pasado”, dijo el propio Macri al anunciar el decreto. Creo que confluyen esas tres cuestiones para explicar la decisión.
–¿Cuánto hay de iniciativa propia y cuánto de alineamiento con la política militar de Estados Unidos en la decisión del gobierno?
–Es cierto que Macri plantea un realineamiento fuerte en su política exterior pero en este caso creo que el decreto es posible más por una convicción ideológica propia que por pragmatismo o conveniencia con la administración o el ejército de los Estados Unidos. Estas medidas son posibles porque en el gobierno de Cambiemos creen fervientemente que van por el camino correcto, no es sólo pragmatismo por intereses económicos. Cambiemos impulsa una refundación profunda de la sociedad argentina, tienen un proyecto de orden social muy concreto, de recomposición de jerarquías. Se refuerza la idea de que los ricos deben mandar y que es legítimo distribuir el ajuste sobre los sectores de menos recursos. Creo que es una derecha ideológicamente conservadora y tradicional que no tiene nada de moderna ni de democrática. Son democráticos sólo desde lo procedimental porque formaron un partido y ganaron la elección, pero no mucho más que eso.
–Alfonsín al asumir como presidente planteó la importancia de asignar un “nuevo rol” a las Fuerzas Armadas luego de décadas de actuar en seguridad interior, con las consecuencias conocidas. ¿Cómo se explica que sea un gobierno del que forma parte el radicalismo el que proponga volver al pasado con un tema en el que su máximo referente tuvo una posición tan clara?
–Creo que la UCR gobernante como parte de la alianza Cambiemos no tiene mucho que ver con la alfonsinista. Esta UCR es más parecida a la línea nacional de (Ricardo) Balbín del 70, que se sentaba con (el general Albano) Harguindeguy a dialogar. La UCR ha modificado muchas de sus posiciones, ha perdido su caudal electoral tradicional, sigue conservando algunos elementos como su peso territorial (que al PRO le vino muy bien), sigue proveyendo cuadros de gestión, pero no tiene mucho que ver con la UCR alfonsinista que propuso la judicialización de los crímenes de lesa humanidad, convirtiendo a la Argentina en uno de los pocos países donde se pudo lograr un modelo para el mundo. Si pensamos en el clivaje de la UCR en los 70 y 80, por un lado con el Movimiento de Renovación y Cambio de Alfonsín y por otro con la línea nacional de Balbín, más conservadora, diría que los radicales actuales, los que están tomando decisiones, son más parecidos en términos ideológicos a Lilita Carrió (son conservadores) pero cercanos a las posiciones conservadoras de Balbín y del delaruismo por ejemplo. La UCR como partido centenario es un todo complejo que tuvo en su interior versiones ideológicas muy diferentes, muy distantes entre sí, como también tuvo el peronismo.
