El compromiso con el Fondo Monetario Internacional y el decreto que habilita a las fuerzas armadas a participar en conflictos internos son dos caras de la misma moneda. Son pasos en la dirección de transformar radicalmente el lugar geopolítico de nuestro país. Apuntan a alejarnos de todo proyecto soberano de desarrollo nacional y de integración regional, a abandonar nuestra política de paz y no intervención y a adoptar como propia la agenda estratégica y las prioridades de Estados Unidos en la región y en el mundo. No en último lugar, el decreto es una señal muy peligrosa que se emite en el contexto de agravamiento de las condiciones sociales de vida de vastos sectores de nuestra población y del clima de resistencia movilizada que se insinúa para los próximos meses: sin ninguna promesa positiva hacia el futuro, el macrismo hace equilibrio entre el sonsonete de futuros semestres en los que desaparecerá la inflación y seremos un gran país (sin que se sepa cómo se alcanzarán tan benéficos resultados) y la amenaza cada vez menos velada contra quienes luchen para evitar la verdadera consecuencia de las políticas en marcha, el empobrecimiento del pueblo y la pérdida de soberanía del país. 

Las apelaciones de estos días a la memoria de la noche sangrienta de la última dictadura no son retóricas. No constituyen un folklore del activismo político. Por el contrario, durante los doce años de gobiernos kirchneristas hubo una profunda revisión crítica de las interpretaciones predominantes sobre ese terrible período del país. En los tiempos inmediatamente posteriores a la recuperación del estado de derecho, bajo el gobierno de Raúl Alfonsín, la sociedad argentina avanzó intensamente en el conocimiento  y el repudio a la barbarie dictatorial. Pero el relato oficial seguía girando en torno de una comprensión de esa época en la perspectiva de una etapa violenta que había enfrentado a dos bandos antagónicos que habrían hecho del uso de las armas el único argumento político; la conocida teoría de los dos demonios. La lógica armada tenía que ser reemplazada por el fortalecimiento de las instituciones democráticas para que “nunca más” el país volviera a recorrer el camino de entonces. 

Lo que nunca pudo explicar ese relato es el enorme viraje que significó el golpe de 1976 en la orientación del país respecto a los gobiernos anteriores. Desindustrialización, extranjerización, pauperización, disciplinamiento interno y sumisión externa, endeudamiento colosal, timba financiera generalizada y alentada desde el estado; tales los nombres claves de la política de los años de Videla, Martínez de Hoz y compañía. Alcanza con poner negro sobre blanco ese viraje para sacar a los golpistas de ese lugar de milicos desaforados y fanatizados a causa de las agresiones sufridas a manos de los insurgentes de los años setenta. Los milicos del proceso fueron ni más ni menos que el brazo armado de un grande y ambicioso proyecto de reestructuración político-cultural de la nación en la dirección del viejo y siempre renovado proyecto del poder económico de los sectores más concentrados de nuestra economía, en alianza, cambiante y conflictiva pero permanente, con las grandes corporaciones globales. El estado dictatorial fue el agente de una estrategia de poder y no (solamente) una banda de asesinos. 

Parece que esto no tuviera nada que ver con los hechos actuales. Pero solamente parece. Para convencernos de lo contrario, alcanza con leer la editorial del diario La Nación del domingo 22 de julio pasado, titulada “La Argentina vacía como el Elefante Blanco”. Allí hay un resumen muy elocuente de la ideología de la Sociedad Rural y sus aliados políticos. Está la guerra contra el populismo y está la  política oligárquica de ahora y de siempre como supuesto camino excluyente para el país. Como refuerzo ideológico de ese proyecto funciona la sumisión incondicional a los poderosos del mundo. Y no podía faltar la proclamación de su capacidad de extorsión sobre la política, -particularmente expresada en los últimos fragmento. Amenaza, incluso, a un gobierno que desde el primer día colmó a ese sector de piropos y de regalos. En tiempos turbulentos como los que estamos viviendo, La Nación considera oportuno avisarle a Macri y su equipo que está mirando atentamente su conducta. Que es el gran momento para rehacer el país. Que es una oportunidad histórica. Que hay que estar dispuesto a “pagar los costos” de una nueva y definitiva reestructuración del país. Pero, ¡atención!: los privilegios del “campo” no se tocan. No es admisible subir las retenciones a las exportaciones agrarias. Ni siquiera es posible dejar de disminuirlas periódicamente. Nada de eso se justifica para seguir sosteniendo la exagerada plantilla del Estado. Como para disimular se agregan otros sectores considerados “competitivos”: la minería, la pesca y otros. Pero a la hora del “programa” lo que claramente sobresale es el complejo sojero-financiero, como el sector a proteger para asegurar el futuro del país. 

El discurso no ha variado gran cosa desde los días previos a aquel nefasto 24 de marzo. En aquellos tiempos, la sigla que producía documentos en esa dirección era la APEGE (Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Económicas) y al lado del discurso estaba la acción. Como la que produjo un gran lockout patronal nacional, pocos días antes del levantamiento militar definitivo. Con razón, ese entramado entre la oligarquía y los mandos militares sublevados contra la Constitución y las leyes, ha sido nuevamente puesto en el centro de la interpretación de los años del terrorismo de Estado y el genocidio. Muy razonable es también la advertencia de que no se establezca entre aquel período y el tiempo actual una identidad plena. Es importante porque lo que sucedió aquella vez es lo que hoy hay que evitar. Y lo que hay que evitar es que la visible impotencia política del actual elenco gobernante degenere en el empleo –una vez más en la historia de las clases dominantes– de la violencia estatal sistemática contra los argentinos y argentinas que enfrentan sus designios. 

Lo cierto es que el último decreto de Macri marca un hito en la historia de la recuperación democrática argentina. Es un acto transparente de revisionismo político respecto del gran consenso nacional y democrático del “nunca más” de 1983. Claro que la revisión de la historia no es su transformación por el acto mágico de un documento del poder ejecutivo. Por ahora se mantiene la gestualidad “tranquilizadora” que trata de demostrar que no es una recreación de los tiempos de la doctrina de seguridad nacional y la guerra interna (coordinadas desde Estados Unidos). Se intenta separar este gesto de todo lo que vienen diciendo Macri y sus ministros –particularmente Patricia Bullrich– respecto de la existencia de un enemigo interno con diferentes aspectos exteriores pero la misma vocación de ataque a la Argentina. Mapuches, guerrilleros kurdos, iraníes, venezolanos y muchas otras figuras exteriores, constituyen, en esta farsesca interpretación del presente argentino, aliados del  populismo, es decir del mal que hay que “extirpar” del cuerpo nacional para convertirnos en un “gran país”. En ese discurso aparecen inseparables el designio de una nueva y definitiva reestructuración neoliberal de la Argentina con su clave política, la acción contra el populismo, concentrada, claro está, en las personas políticamente identificadas con los gobiernos inmediatamente anteriores a diciembre de 2015. Una acción punitiva que no necesariamente contemplará los límites legales e institucionales, como lo demuestra el encarcelamiento de Milagro Sala y la persecución sistemática     –incluida en muchos casos la prisión– para una importante cantidad de militantes y dirigentes políticos y sociales. 

Los tiempos del revisionismo histórico macrista coinciden con los de una etapa muy tensa de la política argentina. Estamos en tiempos en que la obediencia, la resignación, la ilusión y la aceptación del actual régimen por el odio al anterior han ido perdiendo posiciones en la sociedad argentina. Y el sistema político ha tomado nota de ese cambio. Eso ha subido los costos de la complacencia parlamentaria de la oposición “dialoguista” y ha complicado severamente la estrategia del aislamiento de quienes enfrentan realmente las políticas en curso. Ya no es fácil adjudicar al kirchnerismo todo lo que sucede en contra de los intereses del gobierno y sus sostenedores. El reciente documento plural y contundente de políticos, dirigentes sindicales y sociales, artistas e intelectuales contra el acuerdo con el Fondo es un hecho llamado a tener una gran proyección en el futuro inmediato. Oportunamente completado con un programa mínimo e inmediato para sacar al país del marasmo en el que lo metió la ideología, el amateurismo y la ambición desaforada de los actuales gobernantes, ese texto es la base de sustentación de un futuro para el país. Ese programa mínimo bien podía ser encabezado por un nuevo “Nunca Más”. Nunca más la violencia estatal contra el pueblo. Y también nunca más la entrega de la soberanía, el endeudamiento irresponsable, la plata de los gobernantes en las guaridas fiscales, el aliento a la timba financiera en detrimento de la producción y el trabajo de argentinos y argentinas, el saqueo a los sectores sociales más débiles en beneficio de un grupo minoritario de privilegiados. 

Tal vez la forma de este nuevo nunca más sea la de un proyecto de nueva constitución argentina a cuyo alrededor se desarrolle un intenso debate popular y que pueda ser la base de un nuevo lanzamiento de la democracia argentina que recuperamos en 1983.  La facilidad y velocidad con la que el gobierno de Macri revierte las conquistas recientes de nuestro pueblo son un argumento a favor de darle jerarquía constitucional a un rumbo de reforzamiento de la democracia con justicia social y soberanía.