El crimen de Juan Cruz Ibánez, a principios de este mes, puso nuevamente bajo la lupa las fallas del sistema de juzgamiento juvenil vigente en la provincia de Santa Fe. Por el hecho está preso un chico de 17 años, en el Instituto de Rehabilitación del Adolescente (IRAR) y fue el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro quien, ante la congoja y reclamo de justicia de la familia de estudiante de ingeniería oriundo de Murphy, salió a decir que el imputado debería ser juzgado como un mayor. Si bien el funcionario apuntaba a que caiga sobre el acusado todo el peso de la ley; el asesor de menores de los Tribunales de Rosario, Daniel Papalardo, resignificó el discurso y dijo que también quiere que el pibe sea juzgado como un adulto, ya que el sistema actual de mayores permite un juicio justo. En ese sentido, reclamó que la Cámara de Senadores de la provincia trate el proyecto de ley de nuevo Código Procesal Juvenil, que permitirá dejar atrás un sistema inquisitivo y para dar paso al acusatorio, donde hay fiscales que investigan, defensores y un juez que resuelve en cada etapa del juicio al adolescente. Actualmente, las juezas de menores “investigan, acusan, sentencian y además tutelan a los menores”, reprochó el asesor. “El atraso lo pagan los chicos y la sociedad”, dijo. Cada año ingresan unas 500 causas de menores en Rosario, en su mayoría por delitos leves. Papalardo criticó al sistema, que no atiende desde lo social a los imputados de causas menos gravosas; y también a la Secretaría de Niñez.

A casi un mes del caso Ibáñez --tenía 23 años cuando fue apuñalado en su departamento de Zeballos al 2100--, que aún conmueve a la provincia y al país, resurgieron críticas al sistema de enjuiciamiento de menores y hasta hubo planteos de mano dura y más rigurosidad para juzgarlos. Rosario/12 habló con Papalardo, quien reclamó la urgente aprobación de la ley que permitirá que los pibes en conflicto con la ley penal tengan un juicio justo, tanto para ellos como para las víctimas y familiares, que hoy no pueden constituirse en querellantes. “Hay una habitualidad, que es el grueso del trabajo de los Juzgados de Menores, que desde la sanción de la ley 26.061 (2006) tuvo un viraje de 180 grados en el posicionamiento del sistema de enjuiciamiento a jóvenes de entre 16 y 18 años, por delitos con penas mayores a los 2 años. Con ese cambio, se abandonó la ley de patronato y apareció la de protección integral, e hizo que la persona deje de ser un objeto de tutela y pase a ser un sujeto de derecho. La ley prevé la figura de defensor del niño. Pero ese cambio quedó en la faz civil”, lamentó el funcionario. “La ley de derecho penal de menores (22.268) es de la época de la dictadura y quedó vigente: o sea, la misma persona vista desde lo Civil es sujeto de derecho; pero desde lo Penal, sigue con regulaciones de patronato”.

Con esa “base defectuosa”, en la provincia se trabaja con un código procesal anterior a la 26.061, con “un sistema inquisitivo, por lo que el mismo juez de menores (en Rosario hay dos juezas para cuatro juzgados) investiga, juzga su propia investigación y a la par tutela al menor. Toda la estructura funciona con esa dialéctica. En los mayores, eso sucedía con el juez de Instrucción y con el nueva sistema penal (que rige desde 2014) se ajustó a la Constitución y a los adultos se les da la posibilidad de tener un juicio oral, con un órgano que investiga, otro que defiende y un juez imparcial que resuelve conforme el planteo de las partes”.

Pese a que ese sistema de mayores tiene 4 años, todavía no se logró trasladarlo a la órbita que juzga a los menores. “Hoy los chicos no saben en qué instancia de la causa están”, lamentó ante la falta de actos que por lo simbólico permitirían separar cada instancia. “Sentarlo en una sala de audiencia, frente a un juez, con su defensor; y que se le explique claramente en qué situación procesal está. La Justicia de Menores sigue nombrando los artículos de la ley derogada. Como defensor siempre lo planteo”, dijo. Para Papalardo, si bien hoy aparece la figura del fiscal en causas de menores, se trata de un “papel decorativo”, porque “quien investiga es la jueza”. Sobre la prisión, lamentó que no es la forma de rehabilitar. “Se le deben ir asignando derechos: si no tiene educación, si está en situación de calle, y demás”.

 

Nuevo código

Papalardo ponderó el proyecto de nuevo Código que mandó la provincia a la Legislatura. “Pasó por muchos filtros de control durante la gestión de (el ex ministro de Justicia, Juan) Lewis y se presentó recién con la gestión de actual. Fue un debate similar al que se está viendo sobre el aborto”, comparó. “En Diputados salió la media sanción (a fines de noviembre pasado), pero acá estamos. Ese Código plantea la intervención de 4 jueces: uno de garantías, que es quien fija medida cautelar; otro que decidirá si va a juicio oral (no es totalmente público), otros jueces que juzgarán la responsabilidad y otro que determinará la pena. El chico recibe una garantía de que cada juez hace lo que le corresponde y solo decide sobre lo que le plantean las partes (querella, fiscal, asesor y defensor). Todo se trabaja en conjunto. Hoy, la misma que investiga es la que dicta la pena”, señaló. “Los defensores reclamamos un juicio justo; queremos que esto sirva y que hable el ministro de Justicia y pregunte por qué los senadores trabaron la ley”, reclamó.

 

Como mayor

En rigor, para Papalardo, “todo el estatuto legal que protege a un chico se hace trizas cuando se trata de la parte penal”. Y agregó: “En ese contexto aparece Pullaro y dice que (al joven del caso Ibáñez) lo tienen que juzgar como a un mayor, y no está tan mal”, ironizó. “A pesar de la intención con que lo dice Pullaro, si a un menor le dan hoy un juicio de mayor, tiene más garantías que en el sistema actual”. Así, “buscando otro objetivo, el ministro deja abierta la puerta”, dijo. Para el asesor, “este caso puede servir para mostrar qué le toca a un menor cuando va a juicio. Inclusive hablo de lo que les toca a las víctimas, porque con este sistema de menores, no se pueden constituir en querellantes, por eso la víctima tiene que ir a hablar con el presidente (dijo en alusión a que la familia de Ibáñez fue recibida por Mauricio Macri, la semana pasada), porque no pueden ser parte de la investigación. Es todo oscuro, no se sabe qué pruebas hay, y por eso las propias víctimas buscan ir al Ejecutivo”.

 

Contención

“La acumulación de papeles hace que a muchos chicos les tome declaración un sumariante y salgan, porque se priorizan los casos más graves, con presos. En lugar de trabajar el robo de una moto, se priorizan los más graves y no se advierte que hay un chico (el que roba) que está dando un aviso por una situación de vulnerabilidad, pero después tiran todo el prontuario que tiene por robo de motos. No se trabaja antes para sacarlo de ese estado y el chico sigue viviendo. Luego se les asigna castigo”, lamentó. Y agregó: “A nadie le importa si son soldaditos; hoy los pibes se hacen de armas porque la economía delictiva se las proporciona. No hay más robos simples, porque el 80 por ciento son con armas. Pero no se analiza, no se trabaja”.