Pese a la resistencia social y política a una inminente militarización de la seguridad interior, el gobierno nacional de Mauricio Macri defendió una vez más la reforma de las Fuerzas Armadas impulsada por el decreto 638/18, violatorio de la legislación vigente, al reivindicar la importancia de que los militares colaboren con la seguridad interior. Aunque anclado en un pasado distinto –una guerra civil que duró más de diez años–, también en El Salvador el proceso de militarización agravó los niveles de violencia existente al tiempo que la participación del Ejército en tareas de seguridad interna fue funcional al crimen organizado, afirma Amparo Marroquín Parducci, profesora de la Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador. En la base social, las pandillas cambiaron su composición y afinaron sus prácticas delictivas. A nivel político, gobiernos de diverso tinte ideológico impulsaron políticas de seguridad de tolerancia cero y conminaron a los jóvenes a abandonar los barrios y pasar a la clandestinidad. Los medios de comunicación tuvieron un rol clave: “antes de que la violencia alcanzara esos niveles, ya habían construido al gran monstruo”, concluye la investigadora salvadoreña.

–¿En qué situación se encuentra actualmente el conflicto entre pandillas en El Salvador? 

–Mirar El Salvador sirve para entender lo que no hay que hacer en políticas de seguridad. “Vean lo que nos pasó, no repitan esa estrategia”, sería el mensaje. Tanto los gobiernos de izquierda como los de derecha han apostado de manera sistemática a medidas de seguridad de tolerancia cero; lo único que lograron es aumentar la violencia. Las pandillas son grupos juveniles de los barrios, que nacieron en la década de los ‘80 en El Salvador, durante el conflicto armado. Cuando finalizó la guerra civil y se firmaron los acuerdos de paz sufrieron una transformación. 

–¿En qué consiste esa transformación? 

–En ese momento, mucha gente volvió a El Salvador y también hubo una primera ola de deportaciones desde Estados Unidos, entre estos deportados había algunos pandilleros que habían construido su práctica allá. Las organizaciones se mezclaron entre sí, entre los años ‘90 y los 2000, otros grupos barriales desaparecieron y se consolidaron dos pandillas que habían nacido en Estados Unidos: La Mara Salvatrucha y El Barrio 18. Una vez que esas dos pandillas tomaron protagonismo, las políticas de mano dura provocaron que los chicos dejaran los barrios y se clandestinizaran. Eso complicó la situación: en los últimos años, las prácticas de la violencia dentro de las pandillas se afinaron cada vez más, con la consecuente degradación del tejido social que se traduce en un incremento de homicidios y amenazas a la seguridad en los barrios. 

–¿Qué formas concretas toman las amenazas a la seguridad en los barrios? 

–Uno de los modos de extorsionar a las personas es pedir una cantidad de dinero mensual, cuando las personas ya no pueden pagar se tienen que mover del lugar. En el año 2009, la izquierda llegó al poder y el presidente Mauricio Funes decidió construir un espacio de negociación, que posteriormente se conoció como “La Tregua”. Para mí, el mayor problema de esa negociación es que no se hizo de manera abierta y de cara a la sociedad. Se prometió a los pandilleros cosas que no son las mejores, como aminorar el tipo de castigo en las cárceles de máxima seguridad y otra serie de prerrogativas que terminaron generando malestar entre los pandilleros que no estaban en las cárceles y, por supuesto, con la población salvadoreña. 

–¿Qué consecuencias trajo ese malestar?

–En lugar de debilitar la fuerza de las pandillas, esa tregua produjo nuevas escisiones entre las pandillas. Los que están en las cárceles perdieron su liderazgo y se produjo una atomización muy particular. Considero que la única salida posible ahora sería un proceso de negociación de cara a la sociedad. 

–¿Qué características distintivas habría tenido una negociación de cara a la sociedad? 

–Una tregua es simplemente un cese momentáneo del enfrentamiento violento. Una negociación donde la sociedad intervenga no debería ser un cese momentáneo de la violencia. La tregua es: yo necesito que me bajes la cantidad de homicidio porque eso me está jodiendo, entonces bájamelos y yo te doy algo... y después veremos qué hacer. La negociación implica una estrategia a largo plazo: un proceso de reincorporación de los jóvenes y generación de puestos de trabajo, implica buscar otros medios de subsistencia que no sean la pandilla misma. Una negociación requiere, además, procesos claros en los que los líderes que hayan cometido crímenes contra la sociedad se sometan a juicio; son los elementos de base de una negociación con cualquier otro actor que esté por fuera de los procesos legales de un gobierno. La tregua termina dando un respiro en el cual las dos partes se rearman y el enfrentamiento continúa de una manera más violenta. 

–En forma paralela a esta tregua, se aprovecharon los altos niveles de enfrentamiento y violencia para impulsar una política crecientemente punitiva.

–Antes de que la violencia alcanzara esos niveles, los medios de comunicación ya habían construido al gran monstruo. La sociedad salvadoreña siempre ha necesitado un otro a quien culpar de lo que las mismas élites no hacen. Las élites, los dirigentes políticos de izquierda y de derecha, no se han preocupado por construir un país; entonces es muy cómodo tener a quien echarle la culpa de que el asunto no funcione. Primero, el culpable del problema del desarrollo fue el indígena, posteriormente se echó la culpa a los comunistas y a los estudiantes revoltosos, durante la guerra civil fue por culpa de la guerrilla salvadoreña... y cuando se firmaron los acuerdos de paz, se quedaron sin nadie a quien culpar. Es allí donde quizá algún creativo del marketing político inventó a los nuevos culpables: los pandilleros. 

–¿Qué hay detrás de crear al nuevo responsable/culpable de que la sociedad no avance? 

–En El Salvador tenemos un capitalismo neoliberal muy voraz, extractivista, que le apostó a la tercerización de la economía y debilitó profundamente la agricultura. El Salvador es, además, una economía dolarizada. 

–¿Qué sector o sectores son responsables del crimen organizado en El Salvador? 

–Muchos sectores. La diferencia con otro tipo de lógicas violentas es que el crimen organizado debe tener complicidad del Estado. El Salvador es fundamentalmente una zona de paso, como lo es Centroamérica en general: la droga que viene del Sur hacia los Estados Unidos pasa por allí. Entonces, la pelea mayor es el control de los territorios y las rutas. Ahora, ¿eso lo hacen las pandillas? Depende, algunas sí, otras se dedican a otro tipo de negocios criminales (tráfico de armas, extorsión, narcomenudeo, etc.).

–¿Qué implicancias sociales tiene el proceso de militarización en El Salvador, frente a un enemigo definido como “omnipresente”, y cuán legal es esa intervención de las fuerzas armadas en las políticas de seguridad? 

–El proceso de militarización empieza con las políticas de mano dura. Con los acuerdos de paz en El Salvador –proceso que culminó en 1992–, parte de las discusiones consistieron en desmantelar algunas instancias coercitivas que habían sido violatorias de los derechos humanos, habían cometido desapariciones, torturas y asesinatos. Desaparecieron algunas estructuras y se crearon otras que garantizaran la seguridad, como la Policía Nacional Civil, al tiempo que el Ejército dejó de estar vinculado a tareas de seguridad. Pero los niveles de violencia empezaron a aumentar y en 2001 resurgió la política de mano dura. 

–¿En qué consistió esa política de mano dura? 

–Es una política de tolerancia cero a la delincuencia y de régimen de excepción. Con el argumento de que con los efectivos de la Policía Nacional Civil no era suficiente para cubrir todo el territorio, se pidió la excepcionalidad para que el Ejército saliera a las calles e hiciera tareas de apoyo. Independientemente de la historia que se ha vivido, en El Salvador la autoridad militar tiene legitimidad en la visión popular: se cree que con el Ejército estaremos más seguros. Los medios de comunicación también juegan un papel importante en la construcción de esa imagen del militar como una institución que verdaderamente nos puede salvar, que es incorruptible. En los últimos ochos años, la remilitarización ha sido mucho mayor. El agravante de la militarización es que el Ejército, al igual que otras estructuras del Estado, se infiltra y termina sirviendo al crimen organizado. 

–¿En qué medida la política de mano dura, impulsada con el argumento de circunscribir y combatir a las pandillas, se expande hacia la coerción de otros sectores de la sociedad?

–En este último período gubernamental que terminará en mayo de 2019, se impulsaron medidas extraordinarias que permiten apresar más fácilmente a un sospechoso y tenerlo detenido durante un tiempo largo sin que hubiera empezado necesariamente una investigación o el juicio. Estas medidas son violatorias de los derechos humanos de los encarcelados, tanto los que están con condena como los que no, cuyos derechos no se respetan. Y el mayor peligro es que volvemos a presenciar una judicialización y una condena de la pobreza a priori. Cada vez más la policía local apresa a los chicos porque sí: porque son skaters, porque tienen tatuajes, porque “parecen pandilleros”, porque son pobres. 

–¿Hay algún tipo de resistencia frente a estas violaciones a los derechos humanos? 

–Hay un movimiento que se llama “Azul originario”, encabezado por Wendy Morales, una chica que estuvo encarcelada tres meses y le dijeron: “ups perdone, usted tiene razón, no es culpable”. “Azul originario” y “Los siempre sospechosos de todo” son movimientos que nacen de condenas injustas y ayudan a jóvenes que están encarcelados esperando un juicio sin ninguna prueba que muestre que ellos son pandilleros o que han cometido algún tipo de ilícito. En algunos casos se probó que la policía sembró droga en la mochila de algunos jóvenes para apresarlos. Volvemos a encontrar fuerzas armadas y policiales terriblemente coercitivas. Más que la pobreza, el problema en El Salvador es la desigualdad que lleva a estos altos niveles de violencia.

–¿En qué medida logra colarse la palabra oficial, gubernamental, en el discurso mediático? 

–Hay allí, al menos, tres cuestiones. La primera tiene que ver con una sociedad profundamente autoritaria de la cual el periodista forma parte y, por ende, está acostumbrado a multiplicar ese discurso oficial. Es complejo también exigirle al periodista que salga de esa lógica social en la cual está inmerso, donde además, probablemente viva en zonas controladas por pandillas y también sea extorsionado. La segunda cuestión se refiere a la lógica perversa de muchos medios de comunicación que hacen que un mismo reportero tenga que cubrir cinco notas en un día, de temas muy distintos y en espacios muy distintos. Eso te crea una aproximación muy básica al tema que estás cubriendo. Entonces, imagínate la siguiente escena. El presidente dice: “Llevamos 1500 homicidios pero no te preocupes que 1000 de esos son pandilleros. Esos, que se maten”. El periodista alcanza a tomar nota, no tiene datos para hacer una repregunta y sabe que dentro de media hora debe estar cubriendo otra nota. La propia lógica mediática nos impide construir discursos más articulados. La tercera cuestión es la compra de periodistas por parte del Estado. 

–¿Cómo se llega a esa cooptación de los periodistas? 

–Hay periodistas que prácticamente son comunicadores institucionales cuidando la imagen estatal, que en lugar de hacer preguntas de fondo a un funcionario reproducen lo que el funcionario está diciendo. En ciertos casos, se sabe que hubo sobresueldos cobrados por periodistas desde distintos espacios por determinados favores. 

–¿Es posible establecer continuidades entre el derrotero de la guerra civil en El Salvador y la forma que tomaron los acuerdos de paz con el rasgo autoritario que usted asigna a la sociedad salvadoreña? 

–La guerra civil en El Salvador forma parte de estos procesos latinoamericanos en donde grupos de campesinos, grupos de estudiantes, obreros de fábricas entre otros, se dan cuenta de que nuestros Estados, que en casi toda América Latina estaban liderados por militares, eran autoritarios y promovían una profunda desigualdad socioeconómica. Frente a ello, deciden emprender una lucha revolucionaria para intentar cambiar el sistema. La terrible represión de los años ‘70 no logra bajar los niveles de lucha. Por el contrario, el slogan del momento era: “a más represión, más lucha, más organización”. El 15 de octubre de 1979 llega al poder la Junta Revolucionaria de Gobierno que da un golpe de Estado al general Carlos Humberto Romero, el presidente de entonces. Pero a los seis meses nuevamente se le da un golpe a la Junta Revolucionaria y se vuelve otra vez a los procesos represivos. A principios de 1980 matan a Mario Zamora, uno de los grandes dirigentes de la Democracia Cristiana y asesinan también a Oscar Arnulfo Romero, un arzobispo muy famoso en El Salvador que denunciaba las injusticias cometidas por el gobierno militar. 

–El asesinato del arzobispo Romero fue un punto de inflexión para la sociedad salvadoreña, durante la dictadura. 

–Sí. En ese momento, la sociedad tomó conciencia de que ese asunto no iba a mejorar mediante pequeñas reformas y mucha gente decidió tomar las armas. El 10 de octubre de 1980, cinco organizaciones guerrilleras militares –provenientes de distintas perspectivas político-sociales que, además, estaban dispersas en distintos puntos del país– decidieron crear el Frente Farabundo Martí por la Liberación Nacional (FMNL). Esa lucha se prolongó diez años y después vinieron los acuerdos de paz. Yo destacaría dos cuestiones. Una, que los dos partidos políticos que han estado en el poder nacen de una guerra militar y sus dirigentes tienden a reproducir estrategias político-militares; eso se mantiene. 

–¿Y la segunda cuestión? 

–Una de las grandes deudas de los acuerdos de paz en El Salvador es no haber trabajado con la víctima ni con el proceso de reconciliación. En una sociedad autoritaria, al igual que en una familia autoritaria, se dice: “nos callamos y no se vuelve a hablar del asunto”. En El Salvador no hubo un proceso de diálogo, de ver cómo nos sentimos, qué fue lo que pasó. 

–¿Los acuerdos de paz no incluyeron un proceso de diálogo? 

–No incluyeron trabajar la reconciliación. Cuando se firman esos acuerdos, después de crear una comisión de la verdad que investiga crímenes, se produce una amnistía general para todos... y borrón y cuenta nueva. Entonces, veinticinco años después de los acuerdos de paz, la gente empieza a preguntarse si no tendríamos que hablar de esos temas, si no se tendría que hablar de las masacres que han pasado, si no habría que reconocer a la víctima. 

–El que no haya habido una política de memoria se traduce en avances tibios por parte de los gobiernos de izquierda. En forma paralela, hay batallones que mantienen el nombre de los generales que encabezaron masacres a la población durante la dictadura. 

–Sí. Al mismo tiempo, en la sociedad salvadoreña se está creando mayor conciencia de la importancia de trabajar la memoria. Surgen nuevas propuestas y peticiones de la sociedad civil, como el año pasado, durante la celebración de los 25 años de los acuerdos de paz, el gobierno se comprometió a construir un Museo de la Memoria. Los Museos de la Memoria que tenemos han sido creados y administrados por la sociedad civil; lo que el Estado no hace lo va construyendo la gente. En materia de memoria, destaco el trabajo del Museo de la Palabra y la Imagen, pero también hay museos en sitios donde hubo masacres, pequeños espacios donde la gente intenta mantener la memoria de su historia. 

–En su estudio sobre las migraciones de ciudadanos salvadoreños hacia Estados Unidos, describe los rasgos de una “cultura nómada”. ¿De qué se tratan esos rasgos? 

–En El Salvador subyace un discurso construido desde los medios de comunicación según el cual la migración es la gran posibilidad de movilidad social. El último informe de desarrollo humano, realizado hace aproximadamente seis años, afirma que de cada tres salvadoreños que consiguen trabajo, dos están fuera del país. Esto da una pauta de la problemática a la que se enfrenta cualquier salvadoreño que está intentando construir un proyecto de vida en el país. Esta cultura migrante asume que El Salvador es un lugar que te cierra las puertas. Actualmente, los jóvenes de clases populares tienen dos opciones como posibilidad de defensa: ingresar a la pandilla o migrar. 

–¿Entrar a la pandilla supone una suerte de ascenso social? 

–Si entras a la pandilla, aunque te maten muy joven, te aseguras que al menos tu mamá y tus hermanos tendrán casa o posibilidades de estudiar. Más que ascenso, hay una suerte de protección de la propiedad. La pandilla y la migración llegan a donde el Estado no llega. Aunque el Estado salvadoreño se comprometa a decir: “Los vamos a convencer y no van a migrar más”, la gente seguirá migrando. Y además, la reunificación familiar se vuelve muy importante. En este momento, la primera causa de migración es la reunificación familiar, la segunda causa de migración es la violencia: la pandilla te amenaza y te tienes que ir. En Centroamérica, la sociedad civil está muy sola. Vemos estrategias de supervivencia en esta moderna soledad que se habita.