A partir del miércoles aumentarán hasta un 7,5 por ciento el precio de sus planes, según lo establece la resolución 1239/18 del Ministerio de Salud. Un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria (FSS), al que accedió PáginaI12, remarca que, con este ajuste, en los últimos 12 meses la suba será del 34 por ciento y desde diciembre de 2015 habrá acumulado un incremento de 126 por ciento, unos 25 puntos por encima de la inflación minorista del mismo período. El aumento en las cuotas de las empresas de medicina prepaga está generando también una baja en la cantidad de afiliados.

El aumento del miércoles será el tercero en lo que va del año. Los anteriores fueron del 4 por ciento en febrero y 7,5 por ciento desde junio. Según la resolución de Salud, el incremento en las cuotas está “fundado en variaciones de la estructura de costos de las empresas” realizado por la Superintendencia de Servicios de Salud, teniendo en cuenta, entre otras cosas, “los cálculos actuariales necesarios, la verificación fehaciente del incremento del costo de las prestaciones obligatorias, suplementarias y complementarias” así como “el incremento de costos de recursos humanos”.

En las prepagas dicen que estos aumentos resultan insuficientes y que solicitarán a la Superintendencia de Servicios de Salud la autorización para nuevas remarcaciones con los incrementos de costos que han venido soportando. Así lo expresó, por ejemplo, Asociación Civil de Actividades Médicas Integrada (ACMI). Sin embargo, el informe de FSS advierte que los aumentos autorizados hasta ahora superan la proyección de los costos de los prestadores privados de medicina, los cuales representan en promedio el 80 por ciento de los costos de las empresas de medicina prepaga. “En 2017, la suba fue de un 31 por ciento anual, casi duplicando la meta de inflación proyectada para ese año”, dice el informe. 

Sólo este año la suba ya es del 20 por ciento por tratarse de aumentos acumulativos y los empresarios apuestan de nuevo a superar una inflación que será mayor al 30 por ciento. A fines de junio, apenas se autorizó este aumento de 7,5 por ciento que ahora entrará en vigencia, Hugo Magonza, titular de ACMI aseguró al diario Clarín que “los mayores costos de la actividad, en una estimación muy conservadora, implicarán un incremento de no menos 34,6 por ciento para el presente año. A ello debe agregarse el impacto de la denominada inflación médica”. 

Las prepagas cuentan con 6 millones de beneficiarios, de los cuales 1.200.000 son voluntarios, pero la suba desenfrenada de precios está forzando a muchos a desafiliarse. En la Ciudad de Buenos Aires, según datos de la Dirección General de Estadística y Censos, el porcentaje de afiliados por contratación voluntaria cayó en el primer trimestre de 2018, al 6,1 por ciento de las familias porteñas (era un 8,1 por ciento en el mismo trimestre de 2015; 8,6, en 2016 y 10 por ciento en 2017). Quienes tienen cobertura privada por derivación de aportes han pasado de 21,6 por ciento en 2015 al 17, 3 por ciento en 2017.

“La facilidad con la que la actual gestión ha estado autorizando aumentos en las tarifas de medicina prepaga, por arriba de la evolución salarial y de la estructura de costos de los prestadores privados, pone de relieve la necesidad de modificar la legislación  vigente”, remarca el informe de FSS, el cual a su vez propone que el Congreso Nacional avance con una nueva regulación destinada a incrementar los controles con un organismo independiente del Poder Ejecutivo. “A fin de poder resguardar a la población de un Estado que elige no hacerse presente y deja que el mercado sea quien regule el acceso a la salud de su población, es cada vez más necesario reforzar la legislación actual incorporando organismos colegiados de control independientes del Ejecutivo nacional e involucrando a la población civil al debate”, concluye el informe.