El debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) entrará esta semana en la cuenta regresiva. El miércoles está convocado el plenario de comisiones de Salud, de Asuntos Constitucionales y de Justicia del Senado, que deberá emitir dictamen para llegar a la votación en el recinto el 8 de agosto. En medio de un escenario complejo, conviven actualmente tres posturas: quienes están a favor de la media sanción tal como vino de la Cámara de Diputados, quienes proponen directamente su rechazo y un tercer grupo, por ahora minoritario, que pide realizar modificaciones. Esta última alternativa, planteada inicialmente por los tres senadores de Córdoba, fue rechazada por las organizaciones que integran la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, ya que significaría un “retroceso” respecto de lo aprobado en la Cámara Baja. Además, implica un riesgo de que la discusión se empantane y no se apruebe la ley. Mañana será la última de las audiencias donde los senadores escucharán expositores pero, además, se producirá una reunión clave entre algunos de los legisladores que apoyan la media sanción y aquellos que reclaman cambio. El objetivo es negociar un texto común, en caso de no poder superar las dificultades para avanzar con el proyecto tal como está.

Desde el 14 de junio, día en que se realizó la histórica sesión de la Cámara de Diputados, hasta hoy, el escenario en el Senado fue virando de un claro optimismo a un clima de moderación e incertidumbre. Los sectores conservadores y las franjas católicas y evangélicas contrarias al aborto seguro activaron una fuerte presión sobre el Congreso, que en muchos casos se expresó de manera agresiva contra los defensores de la legalización. Las audiencias públicas tuvieron momentos escandalosos, como cuando el médico Abel Albino mintió sobre la efectividad del preservativo para la prevención de enfermedades de transmisión sexual, entre otras cosas.

En este contexto y si bien todavía queda una decena de senadores indecisos –o que se definieron pero no han manifestado su posición–, algunos de los referentes a favor de la legalización están evaluando una nueva estrategia. Se trata de senadores de peso como el jefe del interbloque Argentina Federal, Miguel Pichetto, quien, ante la posibilidad de que se imponga el rechazo, explora la opción de acumular fuerzas alrededor del dictamen con modificaciones. En su entorno aseguran que la esencia de la iniciativa se mantiene y que serviría para sumar voluntades entre los indecisos.

El borrador presentado por los cordobeses Laura Rodríguez Machado (PRO-Cambiemos), Ernesto Martínez (Partido Nuevo-Cambiemos) y Carlos Caserio (Bloque Justicialista), propone acortar el plazo para la realización de la interrupción voluntaria del embarazo de la semana 14 a la 12, incorporar la objeción de conciencia institucional –para los centros de salud privados– y destinar una partida presupuestaria específica para las provincias. También se eliminan las sanciones penales para los médicos o autoridades institucionales que se nieguen a practicar abortos (prevista en la media sanción para quienes no estuvieran en el registro de objetores de conciencia) y se incorpora la producción pública de medicamentos como el misoprostol, que la Nación deberá proveer a las provincias. 

Entre otras cuestiones, desde la Campaña replican que acortar los plazos “vuelve a empujar a las más vulnerables a la clandestinidad” y que con la objeción de conciencia institucional “se sostiene la desigualdad territorial en el acceso al derecho”. En línea con esa postura, los cambios son rechazados por el bloque del Frente para la Victoria-PJ, cuyos nueve integrantes –incluida la ex presidenta Cristina Fernández– se comprometieron a votar la media sanción de Diputados. Algunos senadores de este espacio consideran que detrás hay una jugada del gobierno nacional para que vuelva a Diputados y la iniciativa muera por falta de consenso. También hay en el Bloque Justicialista y otras fuerzas senadores que no coinciden con los cambios y que sólo los apoyarían en la circunstancia de que sea necesario para evitar el rechazo total. “No es la posición mía. Yo creo que las cosas que se están objetando pueden solucionarse vía reglamentación pero hay muchos senadores que solamente votarían la legalización bajo algunas modificaciones”, explicó ayer el titular del bloque PRO, Humberto Schiavoni, uno de los pocos oficialistas que acompaña la media sanción.

Según fuentes parlamentarias, el dictamen de rechazo podría conseguir 24 firmas, mientras que los que apoyan el proyecto de Diputados juntarían 22. Restan los tres cordobeses, que de mantenerse en su postura de impulsar un despacho propio otorgarían así la mayoría a la negativa. Saber qué proyecto consigue más firmas es importante porque eso determina el orden en el que se pondrán a consideración los proyectos el día de la votación, el 8 de agosto. Si el dictamen con más firmas es el de rechazo, primero todos los senadores deberán votar, por sí o por no, esa propuesta. Si es descartada, se pasa a la siguiente con más firmas, que también debe ser votada por sí o por no.

No sólo en las comisiones está complicado el escenario, en el pleno de la Cámara Alta el también. Hasta ayer, el poroteo realizado por PáginaI12 arrojaba 31 votos para el rechazo, 29 a favor de la media sanción, 1 abstención y 11 indecisos. Para aprobar la ley no se necesita una mayoría especial. Con que haya quórum (37 senadores presentes de los 72 totales) y que la media sanción consiga un voto más que el rechazo es suficiente. Sin embargo, entre los 11 indecisos hay una probable ausente (la puntana Eugenia Catalfamo, embarazada de 8 meses) y entre los restantes la balanza se inclina hacia la negativa. Sobre esa base, y en función de la intransigencia de aquellos que exigen cambios, es que se baraja ahora la posibilidad de que quienes acompañan la media sanción terminen acompañando las modificaciones. De aprobarse esa iniciativa el 8, el texto deberá volver a la Cámara de Diputados.

Según el artículo 81 de la Constitución Nacional, un proyecto corregido por la Cámara revisora (en este caso el Senado), debe volver a la Cámara de origen para su análisis. Si los diputados quieren insistir con su redacción inicial, deberán contar con una mayoría igual o superior a la que obtuvieron los cambios aprobados el Senado. Si no lo logran, quedará sancionada la norma con las correcciones. La Constitución también establece que la Cámara de origen no puede desechar por completo el texto modificado, ni agregarle nuevas modificaciones. Los impulsores de las modificaciones se basan en esto para afirmar que si el Senado aprueba los cambios la ley será sancionada. Sin embargo, Diputados podría no tratar nunca los cambios del Senado, haciendo caer la iniciativa.

En este momento la principal expectativa está depositada en la calle. Los organizadores prevén una movilización multitudinaria e imponente, que duplique la cantidad del 13 de junio y que ronde las 2 millones de personas. Esperan una marea verde que inunde las calles y traspase las barreras del Congreso.