Hechos y falsedades alrededor de la causa

 Hartos de tener que salir a desmentir una falacia tras otra, los Maldonado armaron un sitio en Internet, durante los últimos doce meses en que la maquinaria del Estado gobernado por Cambiemos y sus voceros no les dieron tregua. La noticia sobre el ADN que hizo caer el montaje más burdo, y al que más fichas había puesto el Ministerio de Seguridad, según el cual Santiago había sido acuchillado por un puestero en Epuyén, equiparó un poco la balanza. Desde algunos medios hasta la propia ministra Patricia Bullrich en el Senado y en televisión, pasando por el ejército de trolls oficialistas que llegó al colmo de atacar la marca de té que sustenta a parte de la familia, dispararon con el mismo objetivo que tuvo el médico de la Policía Federal que filtró la foto del cadáver del tatuador y los programas de farándula que se burlaron de los encapuchados mapuches: distorsionar los hechos para encubrir a los responsables de su desaparición y muerte. PáginaI12 repasó con testigos, víctimas y documentos lo que queda en pie luego de quitar tanta hojarasca.

• ¿Qué pasó el 31 de julio y el 1º de agosto de 2017?

El último día de julio del año pasado hubo una feroz represión en Bariloche contra los mapuches del territorio recuperado al empresario italiano Luciano Benetton, en Cushamen, quienes protestaban al cumplirse un mes del segundo encarcelamiento de su líder político y espiritual, Facundo Jones Huala. Pablo Noceti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, participaba de una reunión estratégica con autoridades políticas de las tres provincias patagónicas y sus fuerzas policiales y de seguridad, para apretar las riendas contra la RAM, el nuevo enemigo interno. “Que sepan que va a ir todos presos”, amenazó por radio. Y así fue en Bariloche: quedaron detenidos la mitad de los jóvenes weichafes (guerreros) de Cushamen. Por eso, en la ruta eran apenas siete u ocho, necesitaban refuerzos y allá fueron Santiago Maldonado y Nicasio Luna, cubriendo sus rostros para no terminar con una causa abierta. Era mucho peor lo que les esperaba: cuatro escuadrones de gendarmes, casi 200 efectivos los reprimieron al grito de “vamos a quemarles las casas a estos indios de mierda”. La orden del juez Guido Otranto era para despejar la ruta 40 de un nuevo corte mapuche, pero nada decía de entrar en territorio de ese pueblo originario. El operativo fue ilegal, pero contó con luz verde política, por eso gritaban “fuego libre”, mientras perseguían a los mapuches que huían hacia el río como única vía de escape. La mayoría logró cruzarlo y una vez a salvo insultaron a los gendarmes, que se enfurecieron más aún. Luna se lanzó al agua aunque no sabía nadar, y quedó agarrado de unas ramas de sauce, rodeado de cuatro verdeolivas. Casi al mismo tiempo y a pocos metros estaba Santiago. 

• ¿Por qué el Gobierno dijo que los gendarmes no habían llegado al río, que Maldonado estaba en todas las provincias menos en Chubut, entre otras tantas falacias?

Es lo que suele hacer el Estado cuando sus fuerzas de choque cometen un crimen, encubrir para protegerlas. El CELS enfatiza que la hipótesis de la desaparición forzada se constituye por dos elementos, no sólo porque hay una persona que no aparece sino porque la autoridad a cargo del operativo en el que desaparece esa persona oculta información. La ministra Bullrich no quería tirar “un gendarme por la ventana”, porque admitió que necesitaba a “esa fuerza para todo lo que tenemos que hacer”. Otra iniciativa habitual es ofrecer recompensa a cambio de información: según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es la manera de sembrar pistas falsas en los expedientes que desvían la pesquisa del foco de los uniformados. Así sucedió con la desaparición de Jorge Julio López.

• ¿Santiago murió ahogado?

La autopsia determinó que así fue, además de por hipotermia. Sin embargo, no se pudo determinar la data de muerte, por lo tanto tampoco el sitio preciso. Maldonado pudo haber muerto ahogado rodeado de gendarmes armados, escapando de ellos: Emmanuel Echazú, Carlos Pelozo y Daniel Gómez, entre otros.  

• ¿Estuvo desaparecido? 

Maldonado desapareció en el marco de un procedimiento ilegal que reprimió una protesta social, y apareció muerto 78 días después. Lo que falta esclarecer es si hubo responsabilidad directa de Gendarmería en su desaparición, aunque sobran evidencias que implican a esa fuerza en su muerte.

• ¿Se lo llevaron los gendarmes en una camioneta?

Así lo afirmaron varios testigos, pero una de las razones que impidieron corroborarlo es que Gendarmería lavó los vehículos. Las fotografías ratificaron los dichos de los mapuches respecto de la presencia de un camión Unimog estacionado de culata muy cerca del río.

• ¿Maldonado quedó en el río o lo tuvieron detenido en alguna parte?

Hay elementos que inducen a suponer que lo sacaron del río: el posteo del periodista oficialista Ricardo Bustos en Facebook donde afirmó que “lo tiene preso Gendarmería”, y el nerviosismo con que respondieron en los escuadrones de esa fuerza cuando Claudina y Ailinco Pilquiman fueron a buscarlo a El Bolsón y Esquel. Además, el jueves pasado PáginaI12 publicó el informe del perito criminalístico Enrique Prueger según el cual en el relato oficial, en las conclusiones de la autopsia, y por lo tanto en la causa, hay un hueco de 48 días: el estudio de la experta palinóloga Leticia Povilauskas determinó la presencia de polen en los pantalones del joven tatuador, y señaló que “bajo ningún punto de vista” tal sustancia podría haber permanecido en sus ropas por más de 30 días (foja 54 de la autopsia: ver imagen). El análisis de este experto también cuestionó la aplicación de las tablas que miden la descomposición en el agua y señaló como un error haber tomado las temperaturas mínimas y no las promedio, que dio el margen de entre 53 y 73 días sumergido en el pozo del río.

• ¿Los gendarmes dispararon balas de plomo?

Hay nuevos indicios que ratificarían tal sospecha inicial. Algunos testimonios, como el de Luna, mencionan que el sonido de los últimos disparos difiere del que producen las escopetas. Estaría en marcha un peritaje del sonido de videos del procedimiento.

• ¿Hubo fotos falsas?

No. Las fotos y los videos no fueron manipulados pero los investigadores sospechan que Gendarmería no entregó todo el material audiovisual que completa la secuencia de lo sucedido. Las imágenes incriminan directamente a los gendarmes que gritan “fuego al indio”. Como se observa en un video revelado por este diario, minutos antes de entrar a la Pu Lof en Resistencia de Cushamen los gendarmes dicen “vamos a quemarles las casas”. Las fotos conocidas provienen tanto de Gendarmería como de fotógrafos locales, y son parte de las pruebas de la causa. También circularon algunas imágenes tomadas por los mapuches y otras personas que los apoyan. Así como las fotografías de Pepe Mateos y Sergio Kowaleski impidieron que se instalara la impunidad en el caso de la masacre del Puente Pueyrredón, en junio de 2002, la que obtuvo Gustavo Zaninelli, para este diario, de Noceti sobre la ruta 40 saludando a un gendarme, demolió una parte importante del discurso oficial. 

• ¿Por qué acusaron de “truchos” a abogados?

El Gobierno y sus voceros aprovecharon un error en la mención de los abogados que lograron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la medida cautelar para obligar al Estado a buscar a Santiago. Al mencionar sólo APDH y no APDH Córdoba para referirse a Carlos Chuzo González Quintana propiciaron que el primer organismo expresara que ese letrado no integra tal agrupación, lo cual es cierto porque se separaron con sus respectivas personerías jurídicas por diferencias políticas. Por su parte, el otro peticionante ante la CIDH, Fernando Cabaleiro, tiene su propia ONG, Naturaleza de Derechos. En una campaña difamatoria, que ya llegó a los tribunales con juicios cruzados, algunos medios plantearon que convencieron a la CIDH con testimonios falsos, cuando ese organismo interamericano emitió su cautelar antes de que llegaran a Washington tales testimonios.   

• ¿Hubo reticencia de los testigos mapuches? 

Antes de la llegada de Maldonado a la Patagonia, en Cushamen habían sido reprimidos con ferocidad en varias oportunidades, la quema de casas y la vulneración de los derechos de los pueblos originarios habían recrudecido. En enero por poco muere un mapuche de un disparo en la mandíbula; Ivana Huenelaff fue torturada, la amenazaron con hacerla desaparecer mientras el fiscal general Carlos Díaz Mayer negaba su condición de detenida. A pesar de este contexto, algunos acudieron a declarar, tras lo cual fueron estigmatizados en los medios y criminalizados en los tribunales. Matías Santana, uno de los principales testigos, está imputado en cinco causas, y la vocera de la comunidad, Soraya Maicoño, está acusada de “omisión” de información. Durante el operativo del 18 de septiembre encabezado por el juez Otranto, del que participó el coordinador del Ministerio de Seguridad, Gonzalo Cané, Santana fue retenido doce horas tirado en la tierra con las manos precintadas, mientras los miembros del GEOF le decían a él y los demás peñi que eran unos terroristas. Las querellas coinciden en que es imprescindible para el esclarecimiento del caso que declaren todos los que aún no lo hicieron. De hecho, una fuente afirmó a PáginaI12 que al menos otros dos jóvenes habrían visto lo mismo que Santana. 

• ¿Hubo “sitios sagrados” que no pudieron ser rastrillados?

Es falso que haya habido territorios sagrados que no pudieron ser rastrillados. Lo que hubo fue la prepotencia de Otranto, a quien los mapuches le pidieron unos minutos para consensuar cómo se haría el ingreso de las fuerzas de seguridad a determinados sectores del territorio recuperado, y respondió avanzando igual, mientras decía que él estaba “por encima” de toda razón. 

• ¿En qué estado está la causa judicial principal sobre Santiago?

Esa investigación generó otras, contra los testigos mapuches por varios delitos, como falso testimonio, y de la familia Maldonado contra el Estado por espionaje (escuchas ilegales ordenadas por Otranto y la fiscal Silvina Avila). El expediente principal sigue caratulado como desaparición forzada, aunque la fiscal Avila no fue apartada como pretenden la querella de la APDH y de la familia, tras calificarla como “abogada de la Gendarmería”. La Corte Suprema analiza el pedido de la abogada de la familia, Verónica Heredia, que significaría un verdadero vuelco: la intervención de un equipo de expertos independiente de los poderes del Estado que responda algunos de los huecos e interrogantes que deja un caso condicionado por los dictados del Gobierno desde el minuto cero.

No hay imputados, salvo Echazú que se autoimputó para que Gendarmería y el Gobierno puedan tener acceso al expediente. En sus declaraciones testimoniales, los gendarmes incurrieron en varias contradicciones, y están comprobadas graves irregularidades en el operativo. A criterio de una de las querellas es imprescindible que declaren los mapuches que aún no lo hicieron para completar la reconstrucción más fiel a los hechos posible, y luego podrían ser acusados, por desaparición forzada seguida de muerte, o por homicidio agravado.

No fue investigado el teléfono de Noceti, que estuvo en el lugar de los hechos, fue visto pasar por la ruta 40 al mediodía y luego cerca de las 5 de la tarde del 1º de agosto.