El Colegio de Magistrados de Rosario expresó ayer su preocupación porque a dos meses de ocurrido el primer atentado contra la vivienda de un juez, no hay avances en la pesquisa. “No hay resultados concretos en la investigación”, fue la frase elegida por la organización de jueces. "Queremos hacerle un firme planteo al Ministerio de la Acusación (MPA) que lleva adelante la investigación, conjuntamente con las fuerzas de seguridad, ya no solo a nivel provincial sino de otros organismos de naturaleza federal -pidió Gustavo Salvador-. Si no podemos dar con los autores de estos hechos estamos en un grave problema", remarcó el presidente del cuerpo colegiado, en relación a los diversos ataques sufridos por los jueces que integraron el Tribunal que juzgó a Los Monos.

“En nuestro posicionamiento institucional queremos reflejar nuestra preocupación ante la situación que se viene evidenciando, en la cual, a dos meses del primero de los hechos de esta naturaleza manifestado a través de ataques a domicilios que tienen relación con integrantes del Tribunal que intervino en una causa de resonancia pública, el escaso avance en la investigación” enfatizó Salvador. “Queremos hacer hincapié en que, más allá de la exigencia de nuestra parte en reclamarle a los organismos competentes de llevar adelante la seguridad en materia de prevención también queremos hacer hincapié en el escaso índice de análisis resolutivo de estos hechos. Y acá queremos también hacer un firme planteo al Ministerio Público de la Acusación, que es el encargado de llevar adelante la investigación, conjuntamente con las fuerzas de seguridad, provinciales y federales. Y lo que estamos evidenciando es que, a dos meses de estos hechos, no tenemos una definición de un resultado concreto en cuanto a quiénes fueron los autores materiales o intelectuales”.

Salvador suavizó un poco su crítica al considerar que “se están haciendo los esfuerzos”, pero señaló que “por deficiencias en la investigación o por imposibilidad de obtener resultados concretos, los mismos no están dando resultados fructíferos”.

“Los jueces penales van a seguir cumpliendo su rol y su trabajo como lo han hecho hasta ahora, no hay temor, bajo ningún aspecto de seguir adelante con el camino que se han tendido de prestar el servicio de justicia. Y también consideramos que la puesta a disposición del Poder Ejecutivo en lo que hace a la seguridad personal de los magistrados está siendo cumplida”, concedió el magistrado. Pero también, en contraposición expresó: “Lo que sí nosotros no podemos seguir tolerando es este nivel de amedrentamiento y de intimidación por hechos que no pueden ser resueltos y que van más allá de una seguridad personal de los magistrados. No podemos dejar pasar que a dos meses de que esto comenzó, no hay una definición concreta”.

Por su parte, Ariel Ariza, presidente de la Federación Argentina de la Magistratura, expresó que “no hay situaciones comparables” a lo que está ocurriendo en Santa Fe y expresó su más profunda solidaridad con la jueza Marisol Usandizaga. “Lo que queremos expresar desde la Federación Argentina de la Magistratura es el acompañamiento a todas las acciones desplegadas por el Colegio de Magistrados de la provincia de Santa Fe y, particularmente expresar nuestra solidaridad con la doctora Usandizaga”, apuntó.

“Entendemos, desde la Federación que debe provenir desde la fuerza de seguridad provincial, desde la estructura provincial una determinación contundente para hacer cesar estos hechos que al día de hoy constituyen una provocación a todos los poderes del Estado”, concluyó.