La poda en las asignaciones familiares que dispuso el Gobierno por decreto el viernes pasado afectará a más de 570 mil niños y niñas por la reducción en la ayuda escolar y eliminación del plus o extra por trabajar en zonas menos favorecidas. Según estima un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la Anses, al cancelar la zonificación del beneficio, recortaría recursos por un total de 9500 millones de pesos sólo durante el transcurso de este año. Esto impactará especialmente en trabajadores de economías familiares o jornaleros que son empleados temporales en esas zonas desfavorables, donde el recorte por asignación alcanzará al 50 por ciento del monto actual del beneficio. Solamente la población comprometida en las cuatro zonas afectadas (sólo por la eliminación de los extra) equivale a unos 450 mil casos, de acuerdo con estimaciones del abogado previsionalista Miguel Ángel Fernández Pastor sobre la base del “Informe Estadístico” de mayo de la Anses.

El decreto estableció tres importantes modificaciones en el régimen de asignaciones familiares –conocido como salario familiar–, que perciben trabajadores registrados. La primera es reducir el tope de ingresos familiares de 94.786 a 83.917 pesos. Además, se dispuso que un hogar no puede percibir la asignación si un integrante de ese grupo familiar cobra más de 41.959 pesos. Antes ese tope era de 47 mil pesos. En tercer lugar, se eliminaron los plus por zona que se habían establecido en la norma original, de 1996, y tenían el espíritu de impulsar el desarrollo de regiones específicas de la Argentina, como Norte, Cuyo y Patagonia.

Según el informe del CEPA, la eliminación de las zonas afecta a 335.668 casos, que se reparten en 188.897 de la zona 1 (La Pampa, Río Negro, Neuquén, y departamentos de Formosa, Mendoza y Salta), 73.708 de la zona 2 (provincia de Chubut), 718 casos de la zona 3 (departamentos de Jujuy, Salta y Catamarca) y 72.345 casos en zona 4 (Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur). “A estos 336 mil chicas y chicos debe adicionarse un total de 235.985 casos que en marzo percibirán un monto inferior por ayuda escolar”, señala el informe, con lo cual el recorte total ascendería a 571.683 asignaciones por hijo e hija. 

“Por ejemplo, para los grupos familiares con una hija o hijo que se ubiquen en la zona 3 y tengan un rango de ingresos de entre 2816 y 24.492 pesos, perderán 1577 por mes de asignación, lo que equivale al 50 por ciento de la misma. Para la misma zona pero ingresos de entre 24.492 y 35.922 pesos, la pérdida será del 38 por ciento; en el rango de 35.922 a 41.473, el recorte será de 25 por ciento, y para ingresos familiares de entre 41.473 y 94.786, de 26 por ciento. “Los recursos estimados que ahorra Anses proyectando a doce meses las erogaciones de marzo de 2018, y considerando lo correspondiente a Ayuda Escolar sólo por un mes, como resultado de la eliminación de las 4 zonas diferenciadas asciende a 6866 millones de pesos anuales”, afirma. Sin embargo, si se considera los cuatro aumentos de movilidad para el año, la proyección de ajuste en las asignaciones alcanza a los 9499 millones de pesos.

El ajuste en la contención social para los más necesitados, pese a la promesa que hizo el Gobierno y el Fondo Monetario de mantener esa ayuda, sería incluso más salvaje y dejaría sin protección a trabajadores de empresas con problemas financieros. Según consta en el decreto, la Anses sólo liquidará las asignaciones a empleados de empresas que no tengan deuda previsional con el organismo. “En los casos en que la presentación de Declaraciones Juradas por parte del empleador se realice por períodos vencidos respecto de la pertinente obligación mensual y ésta determine, por tanto, el pago de retroactivos de asignaciones familiares, las mismas serán abonadas por la Anses, en la primera liquidación disponible, una vez verificado el ingreso de los aportes y/o las contribuciones patronales correspondientes. Idéntico procedimiento operará en el caso de solicitudes de retroactividades de asignaciones familiares”, señala el artículo 6 del decreto. 

Hasta ahora bastaba con que el empleador declarara a sus trabajadores para que la Anses depositara en la cuenta del empleado la asignación, sin importar si la patronal no había cumplido con el pago al fisco. De prosperar el espíritu de ese artículo conocido el viernes, la Anses sólo librará el pago si la empresa no tiene deuda. Esto podría complicar todavía más a los empleados de firmas que están actualmente con problemas financieros y no pagan en tiempo y forma las contribuciones a la seguridad social. “Es un caso más de la habitual práctica oficial de ‘si pasa, pasa’ y seguramente se van a escudar en el error. Pero esto es una aberración jurídica”, señaló Fernández Pastor. “En un contexto de franca crisis económica, incluso si una empresa cumplidora se atrasa en los pagos de cargas sociales, el que financia la crisis es el trabajador”, opinó a este diario el economista y director del CEPA, Hernán Letcher.