Con el fin de la feria judicial empezaron en Tribunales los problemas para María Eugenia Vidal. Como adelantó Página/12 el último domingo, en los juzgados que recibieron denuncias sobre los aportantes truchos a Cambiemos se proponían avanzar con las investigaciones tras el receso y el juez de La Plata Ernesto Kreplak dio hoy el primer paso en ese sentido: le solicitó Ministerio de Desarrollo Social que informe sobre los beneficiarios de planes sociales y le pidió fuero electoral el listado de quienes hicieron aportes a las campaña del oficialismo en el 2017 para cotejar los datos de una y otra nómina y luego tomar otras medidas. Además, el fiscal federal Jorge Di Lello remitió su investigación sobre el caso al juzgado con competencia electoral platense.
En el juzgado de Kreplak recayó la denuncia que el pasado 4 de julio realizó la senadora bonaerense de Unidad Ciudadana María Teresa García. No es el único juez que investiga las irregularidades en el financiamiento electoral de Cambiemos. En la Ciudad de Buenos Aires también tiene una causa por ese mismo tema el juez federal Sebastián Casanello, quien ya imputó a Silvia Chabán y Alfredo Irigoin, dos dirigentes del PRO de segunda línea vinculados a la tesorería.
El fiscal que interviene en el expediente a cargo de Casanello es Carlos Stornelli. Además, se ocupa del asunto Di Lello, quien tiene competencia electoral. La sospecha es que Cambiemos cometió delitos electorales y delitos penales.
Como primera medida, Kreplak cruzará los datos entre quienes son beneficiarios sociales y la lista que el oficialismo entregó a la Justicia Electoral consignando quiénes realizaron aportes a su campaña. El caso salió a la luz cuando se reveló que personas de bajos recursos que reciben asistencia social figuraban como aportantes al oficialismo sin haber puesto un solo peso. A partir de ahí se conocieron hasta casos de candidatos de la alianza gobernante que negaron ser aportantes pese a figurar como tales y el escándalo cobró aún mayor magnitud. Además de solicitar informes al Ministerio Desarrollo Social y la Justicia Electoral, el magistrado platense citó como testigo Juan Amorín, el periodista que dio a conocer el caso en El Destape.
De comprobarse que hay personas que figuran como aportantes de campaña y no entregaron dinero cobraría fuerza la presunción de que los denunciados cometieron por varios delitos graves. Uno de ellos es el de lavado de dinero porque la Justicia podría presumir que se trató de plata en negro que fue blanqueada en la campaña. Los otros delitos en los que habrían incurrido las autoridades provinciales del PRO -encabezadas por Vidal, presidenta del partido- son usurpación de identidad por haber utilizado el nombre de personas que no aportaron y falsificación de documento público.
La lista de beneficiarios sociales ya había sido solicitada por Di Lello. El fiscal formuló el pedido en el marco de la investigación que ahora remitió al juzgado electoral de La Plata.
