En La Rioja, el gobierno municipal de la capital financia la campaña antiderechos. Ayer, el intendente justicialista Alberto Paredes Urquiza, socio político de la Nación, decretó asueto para los empleados municipales el viernes entre las 10.30 y las 12.30 para que puedan participar de la marcha “Por la vida”, convocada en esa ciudad por grupos antiderechos, “en vigilia federal y en apoyo de los senadores en contra de la despenalización del aborto”, según dice el texto oficial. Además, Paredes Urquiza dispuso que ese día el transporte municipal sea gratuito si se lleva pañuelo celeste. El decreto, se aclara en los considerandos, responde al pedido de la Asociación Esperanza, que milita contra la legalización del aborto. El asueto no alcanza a instituciones educativas.

El gobernador Sergio Casas también se pronunció como antiderechos, al fotografiarse con el pañuelo celeste al cuello, semanas atrás, en una reunión en la que recibió a diputadas provinciales alineadas contra la despenalización del aborto, después de otra marcha “por la vida”.

En La Rioja pretenden negar el impacto en la salud pública de la criminalización del aborto. En esa provincia, cada 44 horas, una adolescente llega a un hospital con complicaciones por un aborto clandestino. A lo largo de 2016, fueron atendidas con ese cuadro 198 chicas menores de 19 años, el doble que en 2015, cuando fueron 96. Pero tal vez el dato más dramático que revelan las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud de la provincia –a las que tuvo acceso PáginaI12–, es que hubo 31 internaciones por aborto de nenas de entre 10 y 14, y la misma cantidad, por parto. En total, en los últimos cinco años, llegaron con complicaciones por aborto, solo al sector público, 2888 mujeres. En 2016, fueron 840: una internación por aborto por cada 10 nacimientos. Es la punta del iceberg.