Desde marzo hasta hoy se presentaron tres proyectos de ley que tienden a abrir las aguas entre el Estado y la Iglesia. Uno es del Frente de Izquierda de los Trabajadores, otro lleva la firma del diputado Alejandro Echegaray (UCR-Cambiemos) y un tercero fue redactado por la diputada Araceli Ferreira (FpV).

El artículo 146 del Código Civil establece que la Iglesia Católica es una persona jurídica pública, es decir, la coloca al mismo nivel que el Estado Nacional, las provincias y los municipios. Esta potestad que le permite a la Iglesia aplicar “su jurisdicción” y regirse por “las leyes y ordenamientos de su constitución” ya había sido otorgada por el gobierno de Onganía. La ley N° 17.032, también de Onganía, homologó el Concordato entre la República Argentina y el Vaticano y garantizó a la Iglesia “su jurisdicción en el ámbito de su competencia, para la realización de sus fines específicos”. Es decir, le otorgó la posibilidad de aplicar el derecho canónico por fuera de los tribunales comunes. A estos privilegios se suman otras prerrogativas que establecen su financiamiento por parte del Estado. La mayoría de ellas provienen de decretos de la última dictadura. Un ejemplo es el decreto N° 21.540, del 3 de marzo de 1977, firmado por Rafael Videla, que establece que los Arzobispos y Obispos y el Vicario Castrense tienen una jubilación equivalente al 70% de la remuneración de Juez Nacional de Primera Instancia.

El proyecto del FIT presentado la semana pasada apunta a derogar la legislación que sostiene el financiamiento de la jerarquía eclesiástica (tanto lo establecido durante el gobierno de Onganía como los decretos de la última dictadura). La presentación del proyecto de ley corre en paralelo con una campaña para juntar un millón de firmas por la separación definitiva de la Iglesia y el Estado, con una petición en change.org a la que ya se sumaron más de once mil personas. En cambio, el proyecto del radical Echegaray propone derogar los decretos que establecen sueldos y pensiones para obispos de la Iglesia Católica, pero no se refiere al acuerdo de 1966 con la Santa Sede, que el FIT sí plantea eliminar. Por su parte, el proyecto de la diputada Ferreira se limita a prohibir: “la instalación y/o exhibición transitoria o permanente de imágenes, motivos, símbolos o cualquier objeto que remita a la práctica religiosa, en todos los edificios y/o espacios públicos”.