Además de ser querellante en la causa que investiga una red de trata en Villa Fiorito, en la cual acusa a su hermanastro de ser el jefe de la organización, Anita también demanda al Estado ante la Comisión Interamericana de DD.HH., por reiteradas fallas de seguridad en el Programa de Protección a Víctimas y Testigos. Laura Selene Chaves, abogada de la víctima, explicó que “el Estado no brindó contención ni seguridad una vez que la chica estaba en riesgo. Nunca la ingresaron al Programa de Testigos, incluso con el conocimiento de que la buscaban continuamente para reingresarla a la red”.
“La impunidad de este caso es algo de no creer. En los seis años posteriores a su secuestro, hubo complicidad entre los captores, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, tanto de la antigua gestión y de la actual. Todos los documentos están presentados: la complicidad de jueces como (Ariel) Lijo, los policías que la devolvían a Villa Fiorito, el secretario de consignas que pasaba los datos a los captores. A Anita la desprotegieron”, expuso Chaves.
Meses atrás, se repitió el mismo procedimiento judicial en Tierra del Fuego. Alika Kinan se convirtió en la primera mujer querellante de sus proxenetas. Pero a la vez, denunció al Estado al que considera responsable de facilitar el funcionamiento de la red de trata. “La municipalidad cobraba impuestos a los prostíbulos y expedía una libreta sanitaria. Eramos objetos, carne apta para ser consumida”, declaró Kinan.
