Seis militantes de movimientos sociales brasileños continúan una huelga de hambre, iniciada el martes, para exigir la liberación del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva . El ayuno se inició anteayer a las 16 hora local y de Argentina, en las inmediaciones del Supremo Tribunal Federal (STF) en Curitiba. Participan cuatro hombres y dos mujeres, de Vía Campesina, un grupo internacional que en Brasil aglutina a varias asociaciones trabajadores rurales.
“Son pocas las personas que tienen el coraje de tomar una decisión así, pues no se trata de un ayuno de uno o dos días, sino de una huelga sin fecha final”, declaró el miembro de la coordinación del Frente Brasil Popular (FBP) y líder del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), João Pedro Stédile. El activista agregó que ninguno de los huelguistas es suicida, sino que aman la vida y quieren vivir, pero ha insistido en que si tras días de ayuno sucede algo grave con alguno de ellos, no serán ellos los culpables y responsables.
Por su parte, Jaime Amorim, integrante de la dirección nacional del MST y uno de los seis huelguistas, sostuvo que la medida de hambre es un instrumento extremo de batalla política, según informó al blog del MST. “En este momento de la historia que vivimos, hemos decidido echar mano de ese instrumento para salvar al país del caos que se instauró. No podemos dejar que el país retroceda más”, afirmó Amorim, quien también explicó que la huelga tiene dos objetivos centrales. El primero consiste en denunciar la situación económica que asecha al país, que él calificó de “miseria” por los altos índices de hambre, violencia y desempleo. El segundo objetivo es poner en cuestión el rol que desempeña el Poder Judicial en la causa de Lula. “Nuestra huelga de hambre comienza por tiempo indeterminado y terminará el día que se libere a Lula y que él pueda disputar las elecciones”, explicó.
Junto con Jaime Amorim se suman otros cinco militantes populares, Fray Sergio y Rafaela Santos, del Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA), Vilmar Pacífico y Zonália Santos, del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y Luiz Gonzaga (Gegê) de la Central de Movimientos Populares (CMP).
Para otro de los militantes que sostiene la huelga de hambre, el fin de la medida será decidido por los ministros del Supremo que si no libera a Lula, el hambre no será la decisión de unos militantes sino una imposición para muchos brasileños y brasileñas.
Esta medida, por tiempo indeterminado, se suma a las marchas y eventos que viene organizando el Partido de los Trabajadores (PT) por todo el país y que muestran alta adhesión, como sucedió en el multitudinario festival Lula Libre este sábado en Río de Janeiro, donde concurrieron miles de personas y se dieron cita estrellas como Chico Buarque y Gilberto Gil.
Para João Pedro Stédile, también afirmó que esperan una gran agenda de luchas y movilizaciones de la clase trabajadora para los próximos días en todo el país. “Las acciones de los próximos días representarán una diversidad de luchas en todo Brasil en el sentido de garantizar los derechos del pueblo brasileño, organizado en el Comité Lula Libre y en el conjunto de las organizaciones del Frente Brasil Popular”, destacó Stédile.
Según informó, además de la huelga de hambre determinaron un paro nacional para el 10 de agosto próximo. También forma parte del calendario de luchas, la Marcha Nacional Lula Libre, que se realizará entre los días 10 y 15 de agosto y terminará en Brasilia, capital del país. “Estas acciones alzarán la bandera de la libertad del compañero Lula, por los derechos de los trabajadores que los golpistas vienen usurpando vergonzosamente, y presionarán para que el STF respete la Constitución, en el sentido de garantizar el derecho del pueblo brasileño a votar por Lula, pues si impiden que Lula sea candidato, están excluyendo una parte de la población brasileña de las elecciones”.
Desde el pasado 7 de abril, Lula, de 72 años, está encarcelado, sin debidas pruebas, por acusaciones de lavado de dinero en la causa de la constructora Odebrecht. El mandatario se expresó numerables veces al respecto sosteniendo que la acusación es parte de un proceso de judicialización de la política.