La Justicia jujeña desató un nueva caza a todo show ahora contra los hijos de Milagro Sala y familiares de referentes de la Organización Barrial Tupac Amaru. En medio de la feria, se ordenó el secuestro de una veintena de autos por disposición del juez Jorge Zurueta, quien emitió una resolución con esa narrativa tan habitual en la provincia gobernada por Gerardo Morales, donde las condenas parecen previas a las pruebas: según el juez, Milagro Sala es la “Jefa Suprema” de la Tupac Amaru que “conformó una asociación ilícita destinada a perpetrar sistemática y metódicamente fraudes a la administración pública de proporciones millonarias”. Pese a que no tiene elementos de prueba para sostener la imputación, da por ciertos “hechos ilícitos” aunque debe aclarar a continuación que están aún “sujetos a investigación”. La medida fue cuestionada por el equipo de abogados de la Tupac. Primero porque se produjo en medio de la feria judicial sin mediar los requisitos de urgencia para ello. Luego porque parece una medida de prueba más bien ligada a la causa madre que investiga los fondos para construir viviendas. “Pero sobre todo porque entienden los operativos como nuevas formas de presionar a Milagro y a la organización, ahora a través del hostigamiento sobre los familiares”, dice en diálogo con PáginaI12 la abogada Paula Alvarez Carreras.

Desde temprano la noticia logró estremecer a los familiares de las detenidas políticas de la Tupac, que comenzaron a llegar en el horario de visitas en la cárcel de mujeres. Las primeras noticias corrieron a la mañana por WhatsApp. Y para las primeras horas de la tarde, las visitas de la cárcel tenían la certeza de que esta nueva avanzada cierra el cerco contra todos los que quedaron del lado de afuera. 

“La justicia jujeña abre nuevas causas, con el único fin de disponer medidas de prueba que deberían tener lugar en las ya existentes”, señala Marcos Aldazabal del equipo de abogados de la Tupac. “Esto demuestra dos cosas. La primera, lo flojo de la acusación en los expedientes en trámite, que lleva a iniciar nuevas causas libres de los vicios que afectan a las existentes. Lo segundo, la continua necesidad de mantener un show mediático que justifique ante la opinión pública una persecución insostenible. La constante aparición de causas que tienen como imputada a Sala, sin ninguna circunstancia ni hecho nuevo que las justifique, pone a la dirigente en una situación de incerteza procesal gravemente atentatoria de su derecho de defensa. La justicia jujeña vuelve a utilizar la feria judicial, que sólo se habilita para cuestiones urgentes, para tomar medidas que podría haber dispuesto a lo largo del año. Esto se contradice que la lentitud con que resuelve los planteos defensistas, por los cuales sí corresponde habilitar la feria, debido a que Sala se encuentra detenida. Un caso lo tenemos con el Superior Tribunal de Justicia. Si bien habilitó la feria para tratar la admisibilidad del recurso para recurrir a la Corte por los fueros y su prisión preventiva, aún no se expidió sobre la admisión cuando el dato es muy importante porque atañe a la libertad de Milagro”. 

En la misma línea se expresaron Ariel Ruarte y Alvarez Carreras. La abogada explicó que el juez Zurueta hizo alusión en el escrito de diez carillas a dos expedientes que en realidad son los expedientes de la causa conocida como los Pibes Villeros, es decir la causa de los 29 millones de pesos que usa Gerardo Morales como uno de los latiguillos constantes contra la dirigente social. Esa causa concluyó la etapa de prueba y la semana pasada la fiscalía pidió la elevación a juicio oral. Las defensas están respondiendo a esa presentación en el día de hoy. Pero Alvarez Carreras cree que la mención de ese expediente en el secuestro de los autos da cuenta de que esto empezó a investigarse en el marco de aquella investigación principal. “Eso significa que aunque se abrió con información de la primera causa, ahora parece entrar en una causa diferente cuando en realidad debería ser una medida de prueba de la principal. Por eso creemos que todo esto busca mostrar cómo se profundiza la persecución sobre los familiares por el origen de los fondos o ahora por cómo adquirieron autos de alta gama, tal vez en la búsqueda de generar elementos de prueba que no pudieron conseguir en la causa principal.” Ruarte está convencido de que esto es parte del show que busca mostrar a la Tupac como corrupta, una persecución contra familiares para presionaros y extorsionarlos.

Los operativos se realizaron en el día de ayer. En el contexto de un listado que incluye 28 vehículos en total, fueron secuestrados autos de los hijos de Milagro Sala, Claudia y Sergio. Sobre ellos, el juez afirma sin ningún tipo de elemento de prueba a la vista que “con el ánimo de asegurar el producto y el provecho del dinero malversado”, adquirieron vehículos de alta gama. Enumera en total siete camionetas Toyota Hillux, tres Fiat 500 y tres Fiat Idea. No dice que los dos trabajaron. Que Claudia es mecánica dental, estudiante avanzada de Abogacía, emprendedora y que se desvinculó de la Tupac hace tiempo. 

A lo largo del escrito, el juez plantea resumidamente que Milagro Sala es la “Jefa Suprema” de una organización que desvió fondos del Estado destinados las viviendas de “los jujeños” para beneficiar discrecionalmente a quien quiso. Que para hacerlo contó con una escribana y un hermano de la escribana, a quienes también imputó. Y con personas que supuestamente actuaron de prestanombres para el defalco. 

La hipótesis, que en realidad presenta como si fuera un hecho, no contempla que las decisiones de la organización no las tomaba Milagro Sala sino la organización reunida en asamblea. Por otra parte, como sucede en los escritos judiciales de la provincia, la narrativa permite ver cómo son las construcciones de las condenas antes de arrancar. “El hecho por el que el Ministerio Público solicita el secuestro –señala– es porque la señora Sala en su calidad de jefa suprema de la organización barrial Tupac Amaru conformó una asociación delictiva destinada a perpetrar sistemática y metódicamente fraudes a la administración pública de proporciones millonarias”. Señala que para hacerlo adquirió bienes muebles e inmuebles registrables y cosas muebles suntuosas, “hechos ilícitos sujetos todavía a investigación en las unidades fiscales y premencionadas”. Más adelante, enumera el listado de personas entre las que también menciona a Raúl Noro, el compañero de Milagro Sala. Y señala que “estos sujetos podrían licuar el dinero público mal habido”. Y señala que en todos los casos las personas “jamás podrían haber adquirido” los bienes “por no contar con dinero producto del trabajo”. En uno de sus momentos de máxima exaltación, da cuenta que lo que está en juego es el dinero de Jujuy. Para entonces, habla de la función de la escribana y de su presunta cobertura, “fachada de legitimidad que transformaba el dinero público destinado a la construcción de viviendas para familias jujeñas para provecho y beneficio propio”.