Producción: Tomás Lukin
Un déficit para cada modelo
Por Rafael A. Selva *
El modelo de apertura y valorización financiera imperante entre 1976 y 2001 se propuso alcanzar el equilibrio fiscal mediante la minimización del Estado y el endeudamiento, pero fracasó en el intento. Aunque sus detentores hayan construido un relato de paladines de la consolidación fiscal, los resultados de esas políticas fueron elocuentes y perduran en la memoria colectiva los efectos del colapso de los años noventa. Paradójicamente, las cuentas fiscales mejoraron cuando se adoptó un rumbo orientado a la producción, antes de 1975 y después de 2003. Es en esas etapas cuando el resultado fiscal dejó de ser un objetivo para transformarse en un instrumento, evidenciando que las cuentas fiscales no se ordenan a partir del debilitamiento del Estado, sino con su fortalecimiento.
Desde una perspectiva histórica, se puede circunscribir la evolución de las cuentas públicas a los profundos cambios acaecidos en las formas de intervención del Estado. Así, previo a 1975 la característica fue un resultado económico (ingresos menos gastos corrientes) superavitario, que permitió niveles elevados de inversión pública.
Algo similar ocurrió a partir de 2003, cuando el Estado comenzó a recuperar instrumentos de intervención y a ampliar progresivamente su rol. Esta reconfiguración tuvo reflejo tanto del lado de los ingresos como de los gastos. El incremento de la presión tributaria y la apropiación de parte de la renta agraria permitieron equilibrar las cuentas al tiempo que se recuperaba la inversión pública y se expandían las prestaciones y derechos sociales. El desendeudamiento y la independencia del FMI permitieron además impulsar, con políticas fiscales expansivas, el crecimiento del mercado interno con el objeto de reducir el desempleo.
El déficit financiero aunque bajo en términos históricos (promedió 2 por ciento del PIB contra un 3,8 por ciento entre 1960-1990 o 4 por ciento en 2001) y en la comparación internacional, apareció en 2009 por el impulso fiscal adoptado para contrarrestar los efectos de la crisis internacional. No obstante, sólo en 2015, hubo un resultado económico deficitario (0,8 por ciento del PIB).
Un ardid metodológico pergeñado por los defensores del equilibrio, es que se hable generalmente de déficit primario (excluyendo de los gastos los intereses por el endeudamiento que ellos mismos ayudaron a generar, como si no formaran parte de un gasto plausible de “ajustar”) y no de resultado económico (que es el que refleja el ahorro o desahorro del sector público). Además, se excluyen de los ingresos corrientes fuentes genuinas como las rentas y utilidades del FGS o el BCRA (así medido el déficit primario fue de 4,1 por ciento del PIB en 2015).
En contraposición, en la última dictadura y durante la convertibilidad, con el equilibrio presupuestario como objetivo de política, se redujo la intervención estatal con privatizaciones y ajustes en salud, educación y seguridad social y se desregularon los mercados, incluidas las relaciones de trabajo. También se profundizó la regresividad del sistema impositivo y la merma de los ingresos tributarios (reducción en contribuciones patronales, generalización del IVA y desvío de recursos a las AFJP). La consecuencia fue la retracción de la industria, la mayor desigualdad en la distribución del ingreso y el endeudamiento. Finalmente aumentó el déficit (3 por ciento del PIB en 2001), ya que la caída del gasto operativo del Estado se vio más que compensada por la disminución de los ingresos y la mayor carga en intereses de la deuda pública. Y se contrajo la inversión pública.
Hoy, como en el pasado, el modelo económico de Cambiemos pone en relieve la visión del Estado que trae aparejado. El acento vuelve a ponerse en el equilibrio fiscal como objetivo y se anuncian las mismas recetas de ajuste. Mientras tanto, en 2016 el déficit se incrementó (a cerca de 5 por ciento del PIB) y no para impulsar la actividad económica. Ya que éste se debió centralmente a la reducción de impuestos a sectores de elevados ingresos, en tanto se contrajo el gasto en términos reales orientado a los sectores populares.
* Economista del Ciepyc - UNLP.
La aritmética del ajuste fiscal
Por Fabián Amico* y Alejandro Fiorito **
El gobierno de Cambiemos hizo de la disminución del déficit fiscal un punto medular de su política, apuntando a que el ajuste del gasto público debía llevar a una baja del peso del déficit fiscal sobre el PIB. Pero la aritmética no es tan simple: el gasto público influye en el producto y el tamaño de éste incide sobre la recaudación. La contabilidad hogareña no sirve aquí. Una familia nunca influirá sobre sus ingresos cambiando sus gastos ni imprimirá dinero. Un Gobierno sí. Una familia “austera” puede controlar el resultado de sus gastos e ingresos; el Gobierno no. Los ingresos del Gobierno no son independientes de sus gastos. El Gobierno puede decidir cuánto gastar, pero no puede decidir cuánto “ganar” (recaudar) porque eso depende también del sector privado.
Cuando el Gobierno expande su gasto, aumenta el PIB aunque en una proporción mayor dado que existe un efecto multiplicador que para nuestros fines, podemos suponer apenas encima de la unidad. Así, el mayor gasto público supone mayores ingresos privados y eso aumenta la recaudación (ocurre al revés con la reducción del gasto). Pero la recaudación no varía proporcionalmente: la elasticidad de los principales impuestos ante cambios del PIB en Argentina es muy alta: Ejemplo: cuando el PIB cae 1 por ciento, la recaudación disminuye entre 1,4 y 1,9 por ciento.
¿Por qué el gobierno está empecinado en reducir el déficit fiscal? Esta sería una condición para el aumento (o llegada) de inversiones, el motor “genuino” del crecimiento sostenido. La inversión aumentaría por la mejora de la confianza y por la reducción de los costos de financiamiento gracias a la disminución del déficit fiscal.
Uno de los trabajos empíricos más completos sobre los determinantes de la inversión en Argentina realizado por Coremberg, Marotte, Rubini y Tisocco concluyó que “el comportamiento de la inversión privada en Argentina en el lapso 1950-2000 habría sido procíclico, mayormente asociado a variaciones en la demanda agregada, como el mecanismo del acelerador”.
Mala noticia Nº1: la baja de la demanda agregada, por causa del ajuste fiscal, supone así un obstáculo infranqueable al aumento de la inversión privada. Más simple: ¿quién va a invertir si no hay a quién venderle una mayor producción?
Mala noticia Nº2: Los autores del documento comprobaron que las variables proxy del costo de invertir (tasas de interés nominal y real, activa y pasiva, volumen de crédito, etc.) no resultan relevantes para explicar la inversión privada. Así, aun suponiendo que la reducción del déficit tenga relación con el costo del financiamiento, el ajuste sería un esfuerzo inútil.
Mala noticia Nº3: La investigación examina la relevancia de la “inseguridad jurídica” sobre la inversión y no se reveló ninguna correlación definida. La “confianza” parece no ser importante.
La implicancia directa de todo esto es que el ajuste fiscal impacta negativamente en la demanda (como está ocurriendo), lo que implica una reducción en el PIB y por tanto una caída de la inversión. Así se llega a la “desagradable” aritmética del ajuste fiscal. Haciendo cuentas simples, si el gobierno reduce el gasto público real, hace caer al PIB en dicho monto más un múltiplo, lo que a su vez induce una caída de la inversión, que reduce adicionalmente el PIB. Finalmente, la recaudación cae más que el PIB. Por ende, los ingresos fiscales caen más rápido que los gastos y que el PIB. El ratio de déficit fiscal (gastos - impuestos) sobre PIB empeora (aumenta) y el PIB y la inversión disminuyen.
¿Es tan apremiante eliminar el déficit fiscal? Si el gobierno se endeudara en moneda doméstica para financiar el déficit, no hay ninguna posibilidad de que el Estado quiebre en su propia moneda. Sea un bono del Tesoro o Lebacs del BCRA, ninguna deuda en pesos podrá “explotar” nunca. Si hay desempleo y existe capacidad ociosa, cuando el gobierno se endeuda para gastar eso aumenta el nivel de actividad y de empleo. El problema es el endeudamiento en dólares, justamente porque no “fabricamos” esos billetes verdes, y ahí –como sabemos– se puede quebrar en grande.
La política del gobierno, gradual o de shock, no consigue disminuir el déficit, ni aumentar la inversión ni relanzar el crecimiento. Más bien, en Argentina el crecimiento sería una precondición para reducir el déficit, lo cual torna bastante irrelevante preocuparse por él, como sostenían Abba Lerner y los viejos keynesianos.
* Economista. Director de revista Circus.
** Economista. Profesor de Universidad Nacional de Moreno.