El Ministerio de Trabajo anunció que se suspende por un mes la eliminación de las zonas diferenciales para el pago de asignaciones familiares. La medida era parte de un paquete de modificaciones que el Gobierno decretó la semana pasada en lo que se conoce como salario familiar y que generó fuertes controversias porque afectaba negativamente a casi 400 mil hijos e hijas alcanzados por ese beneficio. La decisión se tomó luego de que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los ministros de Interior, Rogelio Frigerio, y de Hacienda, Nicolás Dujovne, se reunieran con intendentes y legisladores oficialistas. El diputado pampeano Daniel Kroneberger (UCR), tras el encuentro, había asegurado, pese al comunicado de Trabajo, que se les prometió que la marcha atrás era definitiva. La cartera que conduce Jorge Triaca aclaró que durante los próximos 30 días corridos se retrotraen los montos de las asignaciones familiares a las escalas vigentes previas a la publicación del decreto, mientras se evalúan los alcances y las alternativas.
El decreto había establecido tres modificaciones en el régimen de asignaciones familiares que perciben trabajadores registrados. La primera era elevar el piso de ingreso para acceder a las asignaciones familiares de 200 a 2816 pesos. Por debajo de ese valor ese derecho se cubre con la Asignación Universal por Hijo (AUH). La segunda fue reducir el tope de ingresos familiares de 94.786 a 83.917 pesos y se dispuso que un hogar no puede percibir la asignación si un integrante de ese grupo familiar cobra más de 41.959 pesos. Antes ese tope era de 47 mil pesos. El tercer punto, el más resistido, es la eliminación de los plus por zona que se habían establecido en la norma original, de 1996, y tenían el espíritu de impulsar el desarrollo de regiones específicas de la Argentina, como Norte, Cuyo y Patagonia. Solo ese tercer punto se suspende por 30 días.
Según un informe del Centro de Estudios de Economía Política (CEPA), la eliminación de ese extra por zona desfavorable afecta a 335.668 casos, que se reparten en 188.897 de la zona 1 (La Pampa, Río Negro, Neuquén, y departamentos de Formosa, Mendoza y Salta), 73.708 de la zona 2 (provincia de Chubut), 718 casos de la zona 3 (departamentos de Jujuy, Salta y Catamarca) y 72.345 casos en zona 4 (Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur). La medida iba a comenzar a regir en septiembre, pero los mandatarios de las provincias afectadas que responden a la alianza Cambiemos pidieron que se revea la situación y los funcionarios nacionales les habrían asegurado su eliminación y su reemplazo por una medida alternativa.
A través de un comunicado, el Ministerio de Trabajo confirmó la suspensión de la medida por 30 días en los que "se realizará una evaluación del alcance de la norma y los tiempos de implementación de la misma, con el objeto de seguir trabajando para alcanzar un Sistema de Seguridad Social más inclusivo y sustentable". El día anterior, el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, había defendido la eliminación de la zonificación. En declaraciones a un medio rionegrino dijo que "cada argentino debe ser cuidado de la misma manera". "Nos parece injusto que en 2018, a los que viven en alguna zona se les pague más que en otra", opinó.
El diputado santafesino Luis Contigiani celebró la marcha atrás "como un paso adelante contra la agenda del ajuste". "Las llamadas zonas desfavorables constituyen parte esencial de una política poblacional tendiente a promover el crecimiento y desarrollo de determinadas provincias o regiones, con el objetivo de disminuir el constante despoblamiento de nuestro interior", aseguró el legislador socialista en diálogo con Página/12, quien instó a que la suspensión temporaria de la medida se convierta en "eliminación definitiva".