El único policía preso por el crimen de Jonatan Herrera, asesinado mientras lavaba su auto en barrio Tablada, pedirá salidas laborales para desempeñarse como administrativo en el estudio de un abogado que lo defendió en el inicio de la causa. Ramiro Rosales está condenado a seis años y medio de prisión, y ayer llegó a audiencia con su defensor público para solicitar una morigeración de prisión; pero el juez Juan Andrés Donnola se declaró incompetente y consideró que es el Tribunal que lo sentenció el que deberá resolver el incidente. Para la familia de la víctima –acompañada por la Multisectorial de Violencia Institucional-- fue un alivio, ya que tenían temor de que se le dieran beneficios. “Mi hijo no los tiene”, lamentó María Elena, la madre de Jonatan. La audiencia se realizará hoy ante el juez Juan Carlos Curto.

Rosales era uno de los nuevos agentes de la Policía de Acción Táctica cuando pasado el mediodía del 4 de enero de 2015 bajó de un colectivo con sus compañeros e intervinieron en un procedimiento que estaba realizando el Comando Radioeléctrico, por la detención de un chico que había robado en una juguetería, en la zona de Pasaje Villar y Ayacucho. Se bajaron y empezaron a tirar. Jonatan estaba en la vereda, lavando el auto cuando las balas lo alcanzaron. El año pasado, tras el juicio oral contra cinco agentes --Rosales, Gladys Galíndez, Francisco Rodríguez, Luis Sosa y Alejandro Gálvez- el acusado de uno de los disparos mortales fue condenado, aunque por el delito de homicidio culposo, es decir que lo mató sin intención. La agente del Comando fue absuelta; y tres compañeros de Rosales recibieron penas mínimas por abuso de arma.

Donnola se declaró incompetente porque la causa pasó por el juicio, y está en revisión de la Corte.

En ese contexto, Rosales es el único que quedó preso. Tiene 26 años y un bebé de cuatro meses al que –según la defensa— debe mantener, por lo que solicita salidas laborales para poder ir a trabajar al estudio jurídico de quien fue su abogado particular, Guillermo Alexander, antes de llegar a juicio, cuando se hizo cargo la Defensa Pública.

Al llegar a la audiencia de ayer, el fiscal Adrián Spelta se encontró con quien fue el juez de la investigación y pidió que sea el tribunal de juicio quien resuelva el pedido. Lo mismo plantearon los querellantes. Para el defensor Mariano Buffarini, cualquier juez debería poder resolver el planteo, ya que lo único que se debe analizar es la peligrosidad procesal del imputado.

Así, Donnola le dio la razón a la parte acusadora y se declaró incompetente porque la causa ya pasó por la instancia de juicio, y está en revisión de la Corte Suprema provincial. “El tribunal es el que tiene total conocimiento del caso. Es ilógico pensar que vuelva a la etapa de la IPP (Investigación Penal Preparatoria) cuando ya resolvió un tribunal”, señaló el magistrado.