En medio de la dura disputa entre quienes acompañan la legalización del aborto y quienes sostienen su rechazo total, ayer el senador salteño Juan Carlos Romero se sumó al grupo de legisladores que se oponen a la iniciativa. De esta manera los denominados “celestes” alcanzarían unos 36 votos en contra, mientras que los “verdes” suman 32. Si algunos no revén su posición, la interrupción voluntaria del embarazo sería rechazada el próximo 8 de agosto. En este contexto, un grupo de senadores evalúa una tercera iniciativa. La impulsa el santafesino Omar Perotti, uno de los dos senadores del peronismo que aún no hicieron pública su posición pero que, según fuentes parlamentarias, estaría en contra del rechazo así como de la media sanción aprobada por la Cámara de Diputados. Perotti, que ya mantuvo conversaciones con otros colegas del Bloque Justicialista, propone una opción muy poco ambiciosa: la despenalización, en línea con el fallo FAL de la Corte Suprema y además, según el borrador del proyecto al que accedió PáginaI12, un protocolo muy similar al que se aplica en la ciudad de Rosario. Esta jugada es de muy difícil realización ya que para prosperar necesitará un amplio consenso. 

Cuando falta menos de una semana para la sesión, en el Senado los sectores “verde” y “celeste” siguen trabajando para hacerse de un triunfo. Los antiderechos lograron esta semana acumular 36 votos mientras que, al consensuar una serie de modificaciones al texto aprobado en Diputados, los que están a favor de la legalización sumaron 32. La neuquina Lucila Crexell había anunciado su abstención y la puntana Eugenia Catalfamo está de licencia por su embarazo, de 8 meses. 

“Luego de meses de análisis por el debate y habiendo escuchado a diversos sectores de la sociedad a favor y en contra, advierto que existe la convicción mayoritaria de los salteños que la ley sobre la legalización del aborto no prospere por lo que confirmo mi voto negativo”, escribió Romero en su cuenta de Twitter.

La definición del salteño se suma a la que en los últimos días dieron otros tres ex “indecisos”: la peronista catamarqueña, Inés Blas –quien además es presidenta de la Comisión de la Mujer del Senado– y los radicales Angel Rozas y Juan Carlos Marino, de Chacho y La Pampa. La UCR se convertirá así en el bloque que más votos aportará al rechazo, con 9 senadores. Sólo 3 votan a favor: Luis Naidenoff, Pamela Verasay y Eduardo Costa. Esta situación provocó una fuerte interna en el radicalismo, ya que agrupaciones como la Juventud Radical y la Franja Morada, entre otras, están abiertamente a favor. 

Ahora sólo quedan el tucumano José Alperóvich y Perotti como los únicos que aún no han definido su expresamente postura. “No puede ser que la única respuesta del Senado sea el rechazo total. Hay un reclamo de la sociedad en relación a este tema y hay un consenso, incluso entre muchos que van a votar en contra de la media sanción, en que no se debe penalizar a la mujer por un aborto”, explican fuentes cercanas al santafesino. El borrador que está circulando, y que continúa sujeto a negociaciones con otros legisladores, establece el aborto no será punible en tres casos: Si “está en riesgo la vida o la salud física o mental de la mujer o persona gestante”, si el embarazo “es producto de un abuso sexual, con el sólo requerimiento y la declaración jurada de la mujer o persona gestante ante el/la profesional de salud interviniente” y si “se diagnosticara la inviabilidad de la vida extrauterina del feto”. Además, establece un plazo de 10 días para que se lleve a cabo la práctica desde que la mujer lo solicita, siempre cuando se cumpla alguna de esas tres causales. De esta manera el proyecto convierte en ley la interpretación que hizo la Corte Suprema en su fallo de 2012, en base al Código Penal vigente desde 1921.

Al comienzo de la sesión, el 8 de agosto, se producirá un debate sobre una cuestión reglamentaria que fue discutida el miércoles en el plenario de comisiones convocado para la firma del dictamen. Allí los “celestes” decidieron no pasar a la firma ningún proyecto, mientras que los “verdes” presentaron el suyo, con modificaciones a la media sanción, con 26 rúbricas. El sector opositor a la legalización sostuvo que la cantidad de firmas no es suficiente para obtener dictamen, ya que se debían computar la mitad más uno de las firmas de cada comisión, y no del conjunto del plenario. Esto complicaría los planes ya que, de imponerse esa interpretación, los legisladores deberían tratar la media sanción proveniente de la Cámara de Diputados, aprobarla en una votación en general y luego introducirle los cambios propuestos en otra votación, en particular, artículo por artículo.