Con casos emblemáticos de otros años como los de Norma Bustos, Ana María Acevedo y Lorena Ojeda, como ejemplo, la concejala Norma López dio a conocer un particular informe sobre femicidios: en lo que va de 2018 hubo más crímenes de mujeres enmarcados en la “ausencia del Estado”. Los que encendieron el alerta son hechos vinculados a la narcocriminalidad, guerra de bandas y falta de seguridad. Es que Rosario registró 10 femicidios: siete tuvieron que ver con enfrentamientos y venganzas; y uno, con la inseguridad. En la provincia, la violencia machista suma 24 víctimas (2017 cerró con 38); y en el país son 166. “Pusimos la mirada más allá de la violencia de género y vimos casos que están incluidos en la convención de Belém Do Pará, que habla de mujeres muertas por ausencia del Estado, en contextos de violencia criminalizada y relacionada con economías delictivas. Hay protocolos en los que estos casos aparecen tipificados como femicidios”, aseguró la edila, que estuvo acompañada por Matilde Bruera, titular de la cátedra de Derecho Penal de la UNR y ex defensora Federal; Sofia Botto, de MuMaLá; e integrantes de  Familiares Atravesados por el Femicidio.

Los datos elaborados por la concejala y su equipo de género --Mercedes Pagnutti y Carina Luengo-- son relevados desde 2011 a partir de las publicaciones en los medios de comunicación. Lo que se dio a conocer ayer como un dato “alarmante” venía haciendo ruido hacía tiempo y el equipo encontró un dato revelador para hablar de femicidios cuando hay mujeres muertas que debían ser protegidas por el Estado. “Hay contextos de violencia criminalizada, ajustes de cuenta narcos, economías delictivas. Hoy, siete de diez casos que hubo en Rosario están relacionados con estas situaciones de balaceras, disputas territoriales y otras formas de violencia narcocriminal. Si bien siempre contemplamos estos casos en nuestros registros, este año surgió como herramienta el trabajo de la UFEM, que elaboró un protocolo donde están determinadas estas muertes como femicidios. Es la primera vez que encontramos que la mayoría de las muertes tienen que ver con estos contextos”, señaló la edila.

López recordó tres casos que ocuparon las páginas de Rosario12: Norma Bustos fue asesinada en noviembre de 2014 luego de denunciar a los hermanos Damario como los homicidas de su hijo. No tenía miedo de denunciar y la mataron a tiros. “El Estado conocía su situación: entonces es un femicidio”, aseguró. Ana María Acevedo murió en 2007 porque no logró que le garantizaran un aborto no punible, porque en el hospital Iturraspe privilegiaron un embarazo de pocas semanas, pese a que tenía cáncer de maxilar. Lorena Ojeda recibió las balas que iban para su hermana, quien era la principal testigo del crimen de su pareja, y “tampoco fue protegida; el Estado sabía que la tenía que cuidar”, dijo la concejala.

Sofia Botto, de MuMalá, fue convocada por López ya que la organización también releva femicidios, ante la falta de datos oficiales. “Estamos preocupadas por la situación de desigualdad que también generan esto: pobreza, exclusión; y ponemos nuestras vidas y calidad de vida en riesgo. Entendemos al Estado como el garante de nuestros derechos. La ausencia del Estado da lugar al crimen organizado y a la desigualdad”, dijo.

Y como el Estado también es el Poder Judicial, Bruera sumó que “la Justicia no tiene incorporada la visión de género. La mujer está sometida en su situación de desigualdad, sometida a la explotación y se reproduce en estas organizaciones”, señaló. Y sumó que en el contexto de las bandas actuales, las mujeres empezaron a aparecer como jefas porque son “quienes dan la cara (por parejas presas o fallecidas). En la Justicia Federal he visto que aparecen acusadas como mulitas y demás: vemos mujeres jóvenes, pero también mayores”.

En la charla estuvieron también familiares de víctimas de femicidios como Vanesa Celma, Daiana Capacio, Nadia Benítez y Jésica Olivera. “La policía no está preparada para investigar estos casos: se pierde evidencia, se contaminan escenas”, se quejó Hugo Capacio, padre de Daiana.

El relevamiento da cuenta de que la violencia vinculada a contextos de criminalidad organizada como el narcotráfico, la disputa de territorio y los ajustes de cuentas, comienzan a marcar un patrón en los femicidios en Rosario. En comparación, Santa Fe aparece segunda en cantidad de casos, ya que la provincia de Buenos Aires suma 55 femicidios; Córdoba, 12; y Tucumán, 11. De las 24 mujeres muertas en Santa Fe, el 80% son de Rosario y la ciudad capital. De este porcentaje, un tercio fueron a causa de ajustes de cuentas.

En total, del análisis estadístico surge que entre 2011 y 2018 se produjeron 71 femicidios en la ciudad. Otro dato alarmante es que entre 2015 y lo que va de 2018, los femicidios se duplicaron respecto al periodo 2011-2014. En 2016 se registró la mayor cantidad.

Los casos que van más allá de la violencia de género se registraron desde el segundo día del año. El 2 de enero, pasadas las 22.30, cuando una familia cenaba en la vereda de su casa de Grandoli y Seguí y un Chevrolet Corsa gris pasó a los tiros: Sofía Barreto, de 26 años fue una de las víctimas. Dos días después, el cuerpo de María del Rosario Vera apareció calcinado en un volquete de basura, en Felipe Moré y Gaboto. Tenía 23 años. El 15 de enero, también en la zona oeste, fue asesinada Marcela Díaz, hermana del "Tubi" Segovia. Por el hecho están acusados Alan Funes y su pareja. El 10 de febrero, en una balacera, murió una empleada de la Dirección de Tránsito, y se habló de “ajuste de cuentas”. El 23 de junio, una mujer mayor apareció sin vida en zona sur, en lo que se dio a conocer como un hecho de inseguridad. El 4 de julio pasado, en la zona norte, una nena murió en una balacera al frente de su casa. Su madre denunció que la policía arregla con los narcos de la zona. A los tres días, en zona oeste, murió una mujer baleada supuestamente por error en un ajuste de cuentas.