La única salida que imagina el Gobierno para contener las presiones devaluatorias es la recesión. Mientras más pronunciada sea la caída de la actividad económica, más posibilidades habrá de cerrar el desequilibrio del sector externo que puso en jaque el experimento de Cambiemos. El equipo económico está dispuesto a sacrificar las empresas que sean necesarias, los empleos que hagan falta, la calidad de vida de millones de personas para evitar que el principal factor de desestabilización política en la Argentina, el precio y la disponibilidad de dólares para un sector acotado de la población, salga otra vez de su control. El salto del tipo de cambio de 20 a casi 30 pesos entre fines de abril y fines de junio expuso con virulencia los riesgos para la gobernabilidad que implica una corrida sin vallas de contención. Esa situación no ha sido superada, pero logró ser encorsetada con el “salvataje” del FMI y un paquete de medidas monetarias y fiscales contractivas que generan un alto costo en materia de producción, consumo y ocupación. El plan recesión es justamente lo que aminora la sangría de divisas que ponía todo el andamiaje económico al borde del colapso, por el freno que implica en el nivel de importaciones y por la disminución de gastos de argentinos en el exterior. Es la receta habitual del Fondo Monetario frente a casos similares. El oficialismo se abrazó a ella como una tabla de salvación, confiando en repetir la experiencia de los primeros dos años de gestión: un 2016 recesivo y un 2017 de rebote que le permitió llegar a las elecciones de medio término con la promesa de un futuro mejor nuevamente a flote. La expectativa, otra vez, es que luego de un 2018 en picada sobrevenga un 2019 de recuperación que mejore las chances electorales de la alianza gobernante en los comicios presidenciales. La estrategia depende en buena medida de los grados de tolerancia social a las medidas de ajuste. Como se ha podido comprobar desde diciembre de 2015 a la fecha, la política económica no ofrece un horizonte para el desarrollo nacional, ni soluciones a problemas estructurales como la insuficiencia relativa de divisas, la inflación o las debilidades del tejido industrial. Todas esas variables y otras como el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones sufrieron un deterioro acelerado, al tiempo que la deuda del sector público se catapultó en 90 mil millones de dólares sin que ello redundara en mejoras del aparato productivo que garanticen el repago de esos compromisos. Cambiemos, en definitiva, no ha resuelto ningún problema, ha empeorado los que existían, ha engendrado una grave crisis y ha provocado, sobre todo, una transferencia regresiva del ingreso nacional en favor de un puñado de sectores concentrados.

El plan de recesión económica para disminuir la salida de dólares por menos importaciones y menos argentinos viajando por el mundo enfrenta, desde el punto de vista de la ecuación de las divisas, dos problemas fundamentales que la estrategia en marcha ni siquiera se propone abordar: la fuga de capitales y la carga en aumento de intereses de la deuda. La compra irrestricta de dólares que habilitó el Banco Central con la desregulación cambiaria es el Talón de Aquiles del modelo desde un primer momento, el cual fue disimulado mediante aquella explosión de nueva deuda por 90 mil millones de dólares y con el ingreso de capitales especulativos atraídos por las altas tasas de interés. Ese mecanismo, sin embargo, hizo eclosión cuando se cortó el financiamiento externo el último verano y cuando los capitales golondrina empezaron a volar en bandada a fines de abril por una ligera suba de la tasa de interés en Estados Unidos. Eso es lo que Mauricio Macri llama la tormenta, cuando en rigor salta a la vista que el problema era la inviabilidad del esquema instaurado de vía libre a la avalancha importadora, fuga de capitales y deuda al por mayor. Esa deuda, a esta altura, acumuló un caudal de intereses a pagar en moneda dura que dificulta los problemas en esta instancia.

  No deja de ser paradójico que el achicamiento económico, con la destrucción que ello implica, sea el camino elegido por el Gobierno para intentar recuperar la confianza de los capitales especulativos. Ya ni siquiera se apela a demandar el sacrificio de la población con la promesa de que ello traerá más adelante una lluvia de inversiones productivas. Solo se plantea que hay que ajustar a cualquier precio para exhibir a los mercados una reducción del déficit fiscal que resucite los canales de financiamiento externo. Así como se condena a la economía a la recesión para contener el valor del dólar, el equipo económico se compromete a que esa política será permanente para ganarse nuevamente el favor de los prestamistas internacionales. Tanta devoción por el ajuste se explica en que el actual modelo solo puede terminar en un estallido devaluatorio y eventualmente en un default si no recupera el acceso a la deuda y a los dólares de los inversores golondrina. Como el perro que se muerde la cola, en caso de que el plan oficial tenga “éxito” en los términos buscados, solo servirá para ganar tiempo hasta la próxima huida de los fondos especulativos o una nueva interrupción de los flujos de deuda, exponiendo otra vez a la Argentina a una crisis que será peor que la actual porque el país estará más endeudado y con menos posibilidades de defensa frente a una situación de ese tipo.

Si el Gobierno tuviera alguna intención de evitar la recesión o al menos amortiguar sus efectos sobre quienes dependen de salarios o jubilaciones desplegaría una batería de medidas anticíclicas de orden monetario y redistributivas. Los ejemplos de las recesiones de 2009 y 2014 están a mano para comparar las diferentes respuestas de política económica ante situaciones similares. En 2009 la Argentina sufrió las repercusiones de la crisis financiera internacional y también una grave sequía. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner reaccionó primero a fines de 2008 con la estatización de las AFJP a fin de terminar con esa estafa a los trabajadores pero también para acceder a fondos acumulados que utilizó, por ejemplo, para darle créditos a empresas en crisis para evitar despidos y reforzar la obra pública. El ejemplo emblemático fue el préstamo a la General Motors. Con la rentabilidad de ese fondo puso en marcha a fines de 2009 la Asignación Universal por Hijo, una potente medida de redistribución del ingreso que sirvió además para reactivar el consumo y la producción industrial pyme que atiende al mercado interno. Pero además se desplegó a lo largo y ancho del país el plan Repro, consistente en el pago de una porción de los salarios de los trabajadores de empresas en crisis para atenuar el salto de la desocupación. Desde lo financiero, se creó el Fondo de Desendeudamiento para evitar recurrir al financiamiento de los mercados cuando se había disparado la tasa de interés. “Nuestro gobierno buscó proteger al mercado interno de la volatilidad internacional, exactamente lo contrario a lo que ocurre ahora. Fuimos expansivos en lo fiscal, tomamos medidas redistributivas y usamos los ahorros acumulados para acotar la crisis”, resume Roberto Feletti, ex secretario de Política Económica en aquel momento, en el equipo que conducía Amado Boudou.

En 2014, agrega Emmanuel Alvarez Agis, ex número dos del equipo de Axel Kicillof , también se aplicaron políticas contracíclicas frente a la recesión, como la multiplicación del plan Procrear de créditos a la vivienda, el aumento del 50 por ciento en el monto de la AUH, la creación del plan Progresar de estímulo a estudiantes, la extensión del plan Conectar Igualdad de producción nacional y distribución de computadoras entre estudiantes, se obligó a los bancos a prestar hasta el 10 por ciento de los depósitos a las pymes, se impusieron techos a las tasas de interés de créditos bancarios y pisos para las tasas de los plazos fijos, se aumentaron las partidas de créditos de la línea productiva, se creó el programa Ahora 12 de préstamos subsidiados al consumo popular, se contuvo el aumento de tarifas a los servicios públicos y se instauró el programa Precios Cuidados para morigerar la inflación. “Las medidas del actual gobierno son procíclicas, nosotros hicimos política monetaria y fiscal anticíclica y por eso la recesión no fue tan profunda y se salió más rápido”, describe Alvarez Agis.

El plan recesión de Cambiemos solo busca la supervivencia política de la segunda alianza, condenando a la mayoría de los argentinos a pagar las consecuencias, mientras se sostienen políticas inviables que solo traen involución, penurias, destrucción del aparato productivo y hasta muerte, como se pudo comprobar esta semana con los desgarradores casos de la escuela de Moreno, a la vez que se compromete el futuro de las próximas generaciones con un endeudamiento descontrolado. Eso, más que un plan, es una sentencia al fracaso.