En los últimos años, la Ciudad de Buenos Aires perdió espacios verdes, triplicó la población en villas, aumentó la concentración de las tierras, lo que generó más inquilinos, profundizó la desigualdad, colapsó los servicios públicos, destruyó la identidad de los barrios gracias al modelo de urbanización de las grandes torres, a la especulación inmobiliaria y a la desatención de la crisis ambiental y habitacional. Todo esto, según los mismos vecinos, como resultado de la falta de planificación, regulación y control de las instituciones y el Estado.

Por eso, vecinos de diferentes barrios que se ven afectados por las construcciones de torres se reúnen habitualmente para coordinar acciones que en algunas casos aseguran llegarán hasta los funcionarios que firmaron los permisos ilegales.

En un galpón de la calle Pasco al 1400, los vecinos debaten los pasos a seguir ante una amenaza que avanza desde hace años y cuyo impacto será irreversible: la construcción de 14 edificios que comenzaron su proceso de desarrollo y construcción pero que afectará a cada una de las zonas durante y después de su edificación porque según los especialistas son obras “a las que se les otorgaron permisos ilegales por el GCBA que no respetan el Plan Urbano Ambiental y el actual Código de Planeamiento”.

Hasta el momento, las denuncias de grandes desarrollos inmobiliarios con presuntas habilitaciones irregulares son el edificio “Astor” de San Telmo, en Bolívar y Avenida Caseros; el edificio de Avenida Congreso 3817; el “OM Botánico”, en Avenida Santa Fe esquina Aráoz; las “Tower Link” de Puerto Madero, en el Dique Nº 1;  el “Distrito Quartier” de Puerto Retiro; el “Palacio Roccatagliata”; el “Complejo Concepción” de Colegiales, en Concepción Arenal 2931; el edificio de avenida Luis María Campos 112; el edificio de Fitz Roy y Costa Rica; el edificio ubicado en Carlos Pellegrini 1535; el de Agüero 2143; el de Benjamín Matienzo 1624; “Altos de Independencia”, en avenida. Independencia y Bolívar, en San Telmo; y el edifico en el ex convento, en Pareja 3673, en Villa Devoto.

Muchas de las irregularidades fueron reconocidas por la justicia, pero ante la práctica sistemática de entregar permisos de obras a proyectos desarrolladores que no respetan el Plan Urbano Ambiental ni el Código Urbanístico, los vecinos autoconvocados decidieron llevar adelante una denuncia penal colectiva contra los funcionarios que firmaron las autorizaciones. 

Para María Rosa Martínez, que es arquitecta y vive en el barrio de San Telmo y además es integrante de Casco Histórico Protege, desde hace tiempo que “hay un montón de obras que no respetan ni el casco histórico, ni la protección de los edificios”.

“En San Telmo se hizo un edificio en Juan de Garay y Chacabuco que es una torre infernal. Hay una normativa que cubre toda un área y se hizo una ampliación hasta la 9 de Julio  y, sin embargo, hay recovecos para no cumplir la norma. La norma es clara y dice qué es lo que no podés hacer,  pero no se respeta y aparecen disposiciones que permiten otra cosa”, agregó Martínez.

En cuanto a la construcción del edificio Astor, a cargo de la inmobiliaria TGLT, con diseño del Estudio Aisenson, que tiene una altura permitida de 22 metros sobre Caseros y 13 metros sobre la calle Bolívar, explicó que viola la normativa porque tiene una altura autorizada por 28,85 metros.

Algo también similar pasa en la zona denominada Palermo Hollywood con el edificio de Fitz Roy y Costa Rica. “Desde hace unos diez años nuestra zona a la que llaman Palermo Hollywood viene con mucha presión inmobiliaria a partir de que se reactiva la construcción. Y en ese marco hay todo un proceso de mucha construcción pero no cumplen con la normativa. Esta zona tiene una altura máxima y no se cumple. O sea que no es un tema de la normativa sino más bien de no cumplimiento de la normativa”, explicó a PáginaI12 una vecina de la zona que no quiere dar su nombre por cuestiones de seguridad.

Otro vecino, también de la zona y que también prefirió reservar su identidad, agregó que el edificio Fitz Roy “está totalmente fuera de las normas actuales y de las normas nuevas que quiere imponer el gobierno actual de la Ciudad de Buenos Aires con su Nuevo Código de Urbanístico”. 

“Es increíble que un gobierno quiera cambiar el código y que autorice una obra que viola el código actual y el nuevo, me parece descomunal, después de gobernar una ciudad durante 12 años es insólito. La torre no solamente es mucho más alta de lo que permite la ley sino que además destruye el pulmón de manzana porque construyen sobre el mismo pulmón”, agregó indignado.

Sandra es vecina del edifico en construcción de Luis María Campos 112, de la desarrolladora inmobiliaria Portland Administradora Fiduciaria S.A, un proyecto de dos torres de 37 pisos. “Nos estuvimos reuniendo con asesores de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura con la resolución de aprobación de la obra y excede muchísimo la altura, lo que se llama el FOT (Factor de Ocupación Total) y además el otro parámetro que es el FOS (Factor de Ocupación del Suelo) también es excesivo. El terreno lindante al proyecto es una plaza, que es la única plaza del barrio y en invierno quedará completamente en la sombra. Además, los edificios que limitan con ese terreno uno tiene 12 pisos de altura y los demás son viviendas bajas de 3 pisos, tipo PH. Las dos torres no tienen nada que ver con los edificios que están al lado”.

La plaza que está pegada a la obra se llama Jacarandá, ahora más conocida por la placa en homenaje a Ángeles Rawson por los cuatro años de su femicidio. “Es la única plaza del barrio. Nos movimos mucho porque sabemos que es muy importante preservar los espacios verdes y es tan chiquita que va a quedar completamente encajonada. El sol en invierno es fundamental porque ya está ubicada en un corredor entre dos edificios y con las dos torres será peor. Somos muchos los afectados, ya hemos juntado más de 400 firmas y queremos seguir juntando”, afirmó Sandra, que mantuvo en reserva su apellido.

Uno de los casos más emblemáticos de las obras que avanzaron con irregularidades en los permisos en construcción es el del “Palacio Roccatagliata”, un proyecto de construcción de dos torres, una de 13 pisos y otra de 28 rodeando la antigua casona que fuera propiedad de la familia Roccatagliata en Roosevelt y avenida Balbín, en Coghlan.

El proyecto fue anunciado en 2012 y un año después los vecinos comenzaron con los reclamos que continuaron durante varios años. Lograron una cautelar contra el avance de la construcción, cuestionando los permisos que había otorgado el gobierno porteño para la obra. Se declaró la nulidad del registro, la aprobación de los planos y se paralizó la obra.

“Actualmente la obra está detenida por una sentencia del juzgado Contencioso Administrativo 8. Esto fue el 22 de diciembre de 2016, pero no respetaron la sentencia, por ser una obra de permiso nulo por la cantidad de incumplimientos al Código de Planeamiento Urbano. Recién detuvieron la obra cuatro o cinco meses después porque siguieron construyendo a pesar de la sentencia de la justicia”, aseguró Isabel, vecina del barrio.

El permiso otorgado a la desarrolladora inmobiliaria para la construcción del “Palacio Roccatagliata” le permitía lo que no podía: ocupar el pulmón de manzana, duplicar la altura y triplicar la construcción en metros cuadrados. Si bien la obra hoy se encuentra detenida, más de 40 personas le iniciaron juicio al Gobierno de la Ciudad y a la empresa porque la obra está detenida y reclaman lo que ellos pagaron por los departamentos que se iban a construir en ese edificio.

Además, Isabel subrayó que “los compradores quieren que la obra avance, que la terminen y que les den lo que les prometieron, sin importarles que la obra no está en regla, y sin importarles la necesidad o las condiciones de los que ya vivimos ahí, ellos quieren terminar la obra, porque también fueron estafados”.

Ante las irregularidades en los permisos de obras otorgados por funcionarios que deberían ser quienes garantizan el cumplimiento de las normas, los vecinos no se quedaron de brazos cruzados y se unieron para defenderse. Para estos vecinos su arma será la justicia y la denuncia penal para los funcionarios que firmaron los permisos para estas obras que son ilegales.