El abogado Jonatan Baldiviezo aseguró que en las áreas del gobierno porteño que otorgan permisos de obra y demolición “existe una práctica sistemática de violar el Código de Planeamiento para favorecer a los empresarios inmobiliarios” y denunció que “les pagan a los funcionarios por habilitaciones de más metros cuadrados”.

Baldiviezo, abogado urbano, ambientalista, especialista en Derechos Humanos y presidente del Observatorio del Derecho a la Cuidad, encara junto a vecinos de diferentes barrios porteños la lucha contra un modelo que destruye la identidad de los barrios y perjudica la calidad de vida de los porteños, denunció penalmente a los funcionarios que otorgaron autorizaciones contrarias al actual código urbano.

–¿Cuáles son los artilugios jurídicos que usa el gobierno para permitir las obras ilegales?

–Uno de ellos es el completamiento de tejido aplicándolo a situaciones que van más allá de las situaciones previstas por el Código de Planeamiento.  Otra es la compensación volumétrica, que es una autorización del gobierno a cambiar la forma que autoriza el código moviendo el volumen de un lado a otro. Por ejemplo, se retira de la línea oficial de construcción de la vereda cuatro metros. Y porque se retira esos cuatro metros de ahí permite construir sobre el pulmón de manzana o en más altura. El tema es que la compensación volumétrica nunca puede autorizar al propietario a violar los parámetros del Código de Planeamiento. Es algo que no figura en el código y fue una incorporación que hizo el Poder Ejecutivo a partir de su interpretación y no puede modificarlo interpretándolo. El tercer artilugio que están usando ahora es la aplicación de un Código urbanístico que no existe. Esto puede sonar como irreal, pero lo que sucede es que el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad ordena que se tiene que reemplazar el Código de Planeamiento por un nuevo Código Urbanístico y dice que se tiene que reemplazar el criterio de pensar únicamente en la parcela para tomar en cuenta la manzana y el entorno y con ese criterio general la Legislatura tendría que abocarse a aprobar un nuevo Código Urbanístico. En ausencia de ese Código Urbanístico, el Ejecutivo dice que está en el mandato del Plan Urbano Ambiental considerar la manzana y ellos empiezan a adoptar un criterio que va más allá de la parcela y autorizan a construir a mayor altura porque si a tu edificación no le permiten construir a determinada altura pero en la misma manzana hay un edificio con una altura mayor, el gobierno te lo habilita, porque dicen que están aplicando el criterio del futuro Código Urbanístico, que hoy no existe. El Ejecutivo hace varios años que autoriza emprendimientos inmobiliarios de gran altura porque existe un edificio de esa magnitud cercano a esa parcela.

–¿Cuál es el objetivo de todo esto?

–El principal objetivo es aumentar la capacidad constructiva de las parcelas y que se pueda construir más o a más altura de lo que el actual código permite porque, además, los departamentos valen más si están a más altura.

–¿Y por qué utilizan estas herramientas para favorecer a las desarrolladoras inmobiliarias?

–Hay connivencia e incluso hasta se puede decir corrupción entre los empresarios y los funcionarios. Los empresarios pagan a los funcionarios por habilitaciones de más metros cuadrados. Es decir reparten una coima por los metros de más que les autorizan construir. 

–¿Y cuántas son las construcciones que obtuvieron estos permisos ilegales?

–Nosotros hicimos una presentación de 14 edificios ilegales pero son muchos más. Luego de la primera presentación nos llegaron muchas más, inclusive algunos con causas judiciales que ni estábamos enterados que habían ganado.