Mientras por un lado el gobierno se compromete a profundizar el ajuste fiscal que pretende el Fondo Monetario Internacional (FMI), por otro subsidia a las entidades financieras remunerando los encajes bancarios que les exige el Banco Central (BCRA). Esta fenomenal transferencia de ingresos en favor de los bancos se oculta tras el manto de una política antiinflacionaria de neto corte monetarista, y pasa desapercibida del ciudadano que vota producto de las complejidades propias del mundo de las finanzas.
Para detallar la maniobra, vale recordar que el 18 de junio pasado, el Directorio del BCRA resolvió incrementar los encajes bancarios 5 puntos porcentuales para los depósitos a la vista y a plazo. El aumento se produjo en dos tramos: un 3 por ciento el 21 de junio y el 2 por ciento restante el 18 de julio pasado.
El objetivo de la medida es atacar la inflación, lo que se pretende lograr mediante la reducción de la liquidez del sistema financiero en 100.000 millones de pesos (habida cuenta de que cada punto porcentual de exigencia de efectivo mínimo representa aproximadamente 20.000 millones de pesos).
Aunque la determinación de los encajes bancarios es una atribución que tiene la autoridad monetaria sobre el sistema financiero, el gobierno decidió que el Estado compense el costo de oportunidad que tendrán los bancos por no utilizar esa cantidad de dinero para seguir agigantando sus ya abultadas ganancias, en el marco del festival de tasas que el gobierno viene incentivando desde sus primeros días al mando del Poder Ejecutivo. Esto se concretó mediante la Comunicación A6526 del BCRA donde se establece que los bancos podrán integrar dicho incremento total de efectivo mínimo mediante Bonos del Tesoro Nacional en pesos a tasa fija con vencimiento en noviembre de 2020 valuados a precio de mercado.
Esta facilidad se otorga luego de que el Ministerio de Hacienda y Finanzas concretara dos licitaciones del Bono del Tesoro Nacional a tasa fija con vencimiento en 2020 (BOTE 2020). En la primera, durante la corrida cambiaria de junio, colocó 55.753 millones de pesos (valor nominal) a una tasa de corte de 26 por ciento nominal anual, lo cual representa una tasa interna de retorno efectiva anual de 27,69 por ciento y un rendimiento en base semestral anualizado de 26 por ciento. La segunda, fue el 16 de julio, donde se adjudicaron 44.955 millones de pesos, con un rendimiento en base semestral anualizado de 26 por ciento.
Transferencia
Los bancos tenían que cumplir con la normativa del BCRA y aumentar sus efectivos mínimos, hecho que les significaba una reducción en la cantidad de dinero prestable. A pesar de que no estaba obligado formalmente a hacerlo, el gobierno decidió compensarlos con un rendimiento anual del 26 por ciento, mientras exhibía esta colocación como una muestra de confianza de los mercados en colocar dinero en pesos y a tasas fijas.
Además de la fenomenal transferencia de ingresos que se produce en favor de los bancos, con cargo a la deuda pública, el efecto antiinflacionario de la medida es seriamente objetable, puesto que los 26.000 millones de pesos de intereses anuales que el Tesoro tendrá que pagar por estas colocaciones, se traducen en un mayor déficit fiscal futuro que finalmente deberá ser financiado mediante nueva emisión monetaria.
La experiencia en materia de remuneración de encajes en Argentina es tristemente lapidaria. El objetivo antiinflacionario de estas medidas nunca fue logrado, porque el financiamiento de los pasivo fiscales y cuasifiscales netos que se generaba para compensar a los bancos por los efectivos mínimos deseados, terminaba generando un mayor déficit sin un efecto concreto y efectivo sobre la evolución del nivel general de precios. Aunque no el único, el caso de la Cuenta de Regulación Monetaria, implementada por José Alfredo Martínez de Hoz, durante la dictadura cívico militar iniciada en 1976, es un claro ejemplo de ello.
En medio de una puja feroz por reducir el déficit fiscal, el gobierno no tiene empacho en subsidiar a los bancos, grandes ganadores del actual modelo de especulación financiera. Las contradicciones económicas que se observan en la Argentina y que generaron la aguda crisis de confianza que padece el gobierno de Cambiemos se producen por la inquebrantable ideología pro negocio que tiene Mauricio Macri y gran parte de su gabinete económico.
Sólo así se puede comprender la distancia que existe, como ejemplo, entre los 26.000 millones de pesos anuales que el gobierno les dará a los bancos y los 3000 millones de pesos que le quiere recortar a las Universidades Nacionales
