“Es muy arbitraria”

El fiscal Martín Suárez Faisal impugnó el intento del juez federal Reinaldo Rodríguez de cerrar la investigación por delitos de lesa humanidad al ex agente secreto del Ejército, Julio “Tipi” Ramos, a quien un ex  militante de la JP, Luis Felipe Solé, dice haberlo visto operar en un centro clandestino de la dictadura donde estuvo secuestrado y así lo denunció cinco veces ante la justicia durante 34 años. Rodríguez ordenó detener a Ramos, pero tras un fin de semana dispuso su “inmediata libertad” por entender  que el “cuadro de pruebas” en la causa es “insuficiente”. El fiscal consideró “arbitraria”, “parcial” y  hasta “contradictoria” la resolución del magistrado y apeló ante la Cámara Federal de Rosario para que la revoque. En apenas cuatro días y con “las mismas pruebas”, el juez pasó de ordenar la detención de Ramos a liberarlo y disponer su “falta de mérito”. “Así no se logra entender el fugaz cambio de criterio” de Rodríguez, planteó Suárez Faisal y descartó que “sea solo por la negativa de Ramos en su indagatoria”. 

Lo que se investiga es el circuito del terrorismo de estado. Solé asegura –y lo dijo en sus cinco declaraciones judiciales, dos de ellas ante el propio Rodríguez- que lo sacaron de la cárcel de Coronda, donde estaba detenido, para interrogarlo sobre el “paradero” de su hermano desaparecido, Alberto Solé. Un traslado clandestino que ubica entre “fines de 1976 y principios de 1977”, primero, hasta una comisaría de Santa Fe que cree que es la 11ª, donde lo entregan a un grupo de tareas del “Servicio de Inteligencia” que lo lleva hasta un chupadero en la zona norte. Allí es donde reconoce a Ramos, que era uno de sus interrogadores y operaba “a cara descubierta”. 

La “contradicción” que el fiscal Suárez Faisal le atribuye al juez es que en el curso del proceso solicitó una prueba que después ni siquiera tuvo en cuenta al dejar libre a Ramos. La prueba es un pedido de Rodríguez a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia para que “realice un relevamiento” del libro de guardia de la seccional 11ª entre fines de 1976 y principios de 1977 y verifique si se anotó el ingreso de Solé como “detenido”, en ese lapso. “El juez pretendió acreditar un traslado a la comisaría 11ª cuando la víctima ya estaba privada ilegítimamente de su libertad en la cárcel de Coronda”. Y luego –cuando liberó a Ramos- planteó que la prueba había sido “omitida” por el fiscal y “resultaba indispensable para acreditar la hipótesis acusatoria”.

El fiscal le contestó que el circuito de la represión era clandestino. El hecho de que en la seccional 11ª no blanquearan el cautiverio de Solé, “no desacredita el mecanismo al que estuvo sometido” como víctima. El propio Solé se lo dijo a Rodríguez, que en la comisaría no lo “registraron” y en su legajo de la cárcel de Coronda “constan varios egresos e ingresos” en el período en el que asegura haber visto a Ramos.