El apriete a los empresarios, dejándolos presos sin razón alguna, parece que produjo un primer “arrepentido” y da la impresión de que es inminente el anuncio del segundo. La orfandad de pruebas de la causa de las fotocopias de los cuadernos requería de un empresario que “se quiebre”, aunque en el menú de los posibles CEOS arrepentidos hay varios odiadores del gobierno anterior y, sobre todo, unos cuantos que hicieron y están haciendo negocios oscuros con el grupo Macri. Los significativo es mirar con detenimiento de qué se va a “arrepentir” el primer empresario y algún otro virtualmente macrista. ¿Dicen que pagaron coimas? No. Dicen que los presionaron para aportar a la campaña electoral, o sea que fueron víctimas de un delito. O sea, ¿qué valor probatorio tiene el arrepentimiento de un empresario, cercano al gobierno, con negocios con la familia del Presidente, que además no dice que pagó coimas sino que sólo aportó, por presión, a la campaña electoral? Todo indica que se prepara con bombos y platillos un segundo empresario macrista arrepentido, Javier Sánchez Caballero, de IECSA, la empresa que Macri le vendió en forma dudosa a Angelo Calcaterra. Por de pronto, ya lo trasladaron a una unidad más confortable de la Policía Federal.
Las preguntas que surgen a cuatro días de la aparición de las fotocopias de los cuadernos son numerosas y se plantean gran cantidad de interrogantes.
1 ¿Cuánta importancia tiene que no aparecen los cuadernos?
El problema es que la prueba del expediente es de una debilidad notoria. Por ejemplo, en el caso del supuesto empresario arrepentido, Juan Carlos de Goycoechea, de Isolux,se le imputa que Baratta fue “el 5 de enero de 2009 a Maipú 741 (sede de la empresa) donde le entregaron una valija con 6 millones de dólares; el 7 y el 29 de abril Baratta se llevó sendas bolsas con dinero” y así sucesivamente. En total, en unas 17 visitas se llevaron 11.900.000 dólares, aunque hay visitas en los que el chofer no pudo determinar la cantidad. ¿Qué respalda estos dichos? Nada. No hay un depósito en ningún lugar, no hay una bóveda, una caja de seguridad, una cuenta en el exterior donde aparezcan cifras como estas.
Dado que las evidencias de la causa son casi inexistentes, el dúo Carlos Stornelli - Claudio Bonadio sostendrá las fotocopias de los cuadernos como la prueba de las pruebas. De hecho, la acusación que se le leyó a los imputados es una mera transcripción de la literatura supuestamente de Centeno. Y sólo hay, además, fotografías de los domicilios –que no significan nada– y el registro de visitas a Olivos, que tampoco es una evidencia en sí misma, dado que los funcionarios iban a Olivos regularmente.
Los peritos calígrafos sostienen que no debe hacerse una pericia sobre fotocopias y que, en cualquier caso, no se podrá determinar la antigüedad de lo escrito en los cuadernos, un dato fundamental. Con esas limitaciones, se podrían usar como indicio, aunque es un indicio dudoso. Tampoco el contenido es del todo verosímil: alguien en twitter sentenció, con humor: “el chofer habla como Carlos Monzón y escribe como García Márquez”.
La falta de evidencia hace más imprescindible el apriete, con la cárcel, a empresarios y ex funcionarios. Y, por supuesto, siempre estará lista la Cámara Federal y las mayorías en Casación para darle validez y anabólicos a esta especie de pseudo pruebas que son los cuadernos.
2 ¿Por qué no aparecen los cuadernos?
El abogado defensor de Julio De Vido, el conocido penalista Maximiliano Rusconi, empieza a plantear que los propios acusadores escondieron los cuadernos porque algo no cierra. Según él, no se entiende cómo es que no se buscaron los cuadernos en los tres meses transcurridos desde que se entregaron las fotocopias. Tampoco se comprende cómo ordenaron detenciones teniendo como prueba sólo las fotocopias.
La ex pareja de Centeno dice que él escribió los cuadernos para extorsionar a Baratta por si lo despedían, pero que al final fue ella la que usó los cuadernos. En cambio el amigo de Centeno, Jorge Bacigalupo, afirma que él se los dio a La Nación y que después se los terminó devolviendo a Centeno. Como se ve, relatos discrepantes. Hay que agregar que la ex de Centeno, Hilda Horovitz, viene de denunciar falsamente a Baratta de tener una bóveda en la casa de sus padres. Fueron hasta con retro-excavadoras y no encontraron nada de nada.
Por supuesto que también llama la atención que el chofer, campeón mundial de la puntillosidad, que anotaba los gustos de helado que se compraban, no se acordaba qué hizo con los cuadernos y terminó yendo con Stornelli a allanar dos domicilios suyos, donde no encontraron nada. Después resulta, según el diario La Nación, que los quemó.
3 ¿Cuadernos que faltan? ¿Detenidos que faltan?
La ausencia de los cuadernos, además, plantea el interrogante sobre lo que se oculta. El periodista Carlos Pagni dijo abiertamente que hay un cuaderno que se escondió, que falta. La página web de Infobae transcribió ayer parte de las fotocopias de los cuadernos y las nueve visitas que, supuestamente, Baratta hizo a la sede de Techint.
A IECSA, la empresa del grupo Macri, que le vendieron de forma muy sospechosa al primo Angelo Calcaterra, le imputan pagos por 12.550.000 dólares, siempre por dichos de Centeno.
La pregunta es, en concreto, por qué no están presos Paola Rocca, el dueño de Techint, y Angelo Calcaterra, el primo de Macri, supuesto dueño de IECSA. Siguiendo los insólitos criterios de detener con el soporte de fotocopias de cuadernos, no se entiende por qué apresaron al número dos de IECSA, Sánchez Caballero, y no al número uno. Y tampoco por qué La Nación escondió la existencia de los pagos de Rocca y el fiscal y juez lo excluyeron incluso de la lista de indagados.
4Sin pruebas ¿aprietan? La estrategia se basó en el siguiente concepto, enunciado por una periodista muy querida por el oficialismo: “no es fácil pasar del piso 42 (de sus imaginarias oficinas) al calabozo”. El abogado de uno de los empresarios detenidos lo puso en otras palabras “presos hasta que el chancho cante”. A simple vista, se trata de métodos de extorsión, casi de tortura.
En el rechazo del viernes a las excarcelaciones todo quedó patentizado: no les permiten recobrar la libertad porque tienen dinero y podrían fugar del país o podrían entorpecer a la justicia. Volvieron a sacar de la galera la llamada doctrina Irurzun, según la cual todos tienen “relaciones residuales”, doctrina que no se usó –y está bien que así sea– en el caso de los aportes truchos de Cambiemos. La usan sólo con los funcionarios del anterior gobierno.
5 ¿Qué valor tiene el nuevo arrepentido y algún otro que se prepara?
De Goycoechea es el principal ejecutivo de la empresa constructora española Isolux, vieja socia del grupo Macri y de Iecsa. Juntos hicieron, por ejemplo, la central eléctrica Brigadier López, en San Lorenzo, y Ensenada Barragán en Ensenada. El gobierno de Macri acordó con ambas empresas la rescisión del contrato a raíz de reclamos, muy débiles de papeles, por 9.000 millones de pesos. Les terminaron dando 1.700 millones, lo que fue un gran negocio para las dos empresas. Isolux y el grupo Macri ganaron esa licitación en 2010, de manera que puede verse la antigüedad de la relación. Por ejemplo, los Macri e Isolux se presentaron juntos –y ganaron– en la fallida licitación del tren bala en 2008.
Pero lo más reciente es que Isolux y el grupo Macri hicieron un escandaloso negociado con seis parques eólicos que Isolux ganó en licitación, y el grupo Macri, a través de empresas armadas de apuro por su contador, Mariano Payaslian, compró las licitaciones en 2016, y las vendió en 2017. Por uno sólo de los parques eólicos, Loma Blanca IV, el grupo Macri se quedó con un plus de 15 millones de dólares: compró en 25 y vendió, unos meses más tarde, en 40, según la investigación que hizo Emilia Delfino, de Perfil, luego convertida en denuncia por Rodolfo Tailhade, diputado de Unidad Ciudadana.
O sea, el arrepentido del viernes, es un aliado del macrismo, con el que hizo negocios oscuros hace menos de un año. Su abogado Jorge Landaburu, integra el estudio de Ricardo Rosental, abogado del propio presidente Macri en causas como la del espionaje. El arrepentimiento de este empresario debería valer muy poco, a menos que presente pruebas contundentes. A esto se agrega que Isolux está denunciado por corrupción en España y aparece involucrada, junto con el primo presidencial, en los sobornos de Odebrecht en la Argentina.
6 ¿Se viene otro arrepentido?
Las jugarretas tienen poco disimulo. Parece obvio que el próximo arrepentido será el de la empresa que era del grupo Macri y (supuestamente) dejó de serlo, Iecsa.
Algunos movimientos del defensor de Javier Sánchez Caballero, el ejecutivo de Iecsa, indican que se prepara para dar el salto. Pero lo más notorio es que el juez ordenó que de Goycoechea y Sánchez Caballero sean apartados de los demás ejecutivos presos. Ambos están alojados en las dependencias de la Federal en Cavia, en Palermo. Los otros permanecen en la avenida Belgrano, en la dirección de Drogas Peligrosas.
7 ¿De qué se arrepienten los arrepentidos?
Un dato clave es que, según el diario La Nación, De Goycoechea se apresta a colaborar y dice que no pagó la cifra que la adjudican pero que, además, no es dinero de coimas sino que lo presionaron para que aporte a la campaña electoral.
Para algunos juristas consultados por este diario, el cambio no es para nada inocente. Se trata de esquivar el delito de cohecho, de uno a seis años de prisión, y derivar las cosas en exacciones ilegales, es decir un delito que comete sólo el funcionario público, no el privado, parecido al de la extorsión. Para la ley, el privado y el funcionario público no son iguales. Este último ejerce sobre el primero un cierto temor y entonces puede ser víctima de una presión, una extorsión o que le saquen plata ilegalmente, una exacción. A lo sumo podría haber un simple delito electoral, aportar más de lo permitido y violar la restricción de aportes de una empresa que tiene contratos públicos. Teóricamente, también la justicia debería investigar si la plata aportada en negro es lavado de dinero, pero eso supone que tiene que haber indicios de un origen ilícito, algo que será difícil de probar.
Debe recordarse también que un imputado colaborador, o sea un arrepentido, puede aspirar a que le reduzcan hasta la mitad de la pena. De manera que el costo penal para el supuesto arrepentido es muy pero muy bajo. De paso, los empresarios aliados y cercanos a Macri canalizan su escasa empatía con la administración kirchnerista, con la que siempre estuvieron incómodos.
Lo importante para los empresarios es recobrar la libertad, porque una buena parte no soporta pasar del piso 42 al calabozo. Pero para la causa judicial habrá que ver qué pruebas aportan. Este diario ya adelantó que más de uno estará dispuesto a confesar que le dio los fósforos a Nerón para quemar Roma y la carabina a Lee Harvey Oswald para matar a Kennedy. El tema es que, al menos en teoría, cualquier cosa habrá que probarla.
8 ¿Fruto podrido del árbol recontra podrido?
La unanimidad de los juristas opina que la causa es nula, con un forum shopping tan grosero que no debería pasar ningún filtro. Salvo, claro está, el del carnaval de Comodoro Py.
Los abogados del ex secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, acusaron a Bonadío de parcialidad, además de maniobras “prácticamente delictivas”. Aníbal Ibarra y Roberto Boico se presentaron el viernes y en su escrito sostienen que se cometieron graves irregularidades para que el dúo Stornelli-Bonadío se quede con el expediente que no tiene relación alguna con el que tramitaban, el de la compra de Gas Natural Licuado. Fiscal y juez adujeron que hay algunos imputados que están en las dos causas, pero se trata de un argumento más que endeble. “Si ello es así, entonces, pareciera que no fue un error o una equivocación, sino fruto de una maniobra oculta e ilegal para radicar esta causa en el Juzgado número 11 del fuero, quizás con el propósito de que aquí sustanciarían imputaciones contra funcionarios del anterior gobierno”, apuntaron Ibarra y Boico en su escrito.
Comodoro Py ha tolerado colectoras inauditas, o sea el armado de causas que debían ser sorteadas y se las quedó un juez, habitualmente Bonadío. Sucedió con Hotesur, que se armó la colectora Los Sauces. Sucedió con el Memorándum de Entendimiento con Irán que se armó la causa por traición a la patria.
9 Al final ¿están las pruebas?
Lo único que importó del caso de las fotocopias de los cuadernos fue el show, político, judicial, mediático. En tiempos de caída vertical de todos los números del gobierno, al decir de Pagni, “como no hay pan, demos circo”.
La lectura de las 26 páginas de la acusación impacta por la falta de evidencia. Es el relato del chofer, sin respaldo alguno. Por ejemplo, respecto de Norberto Oyarbide, sostiene que el ex juez se vió con Baratta y De Vido en el restaurante Sagardi y con un secretario de Baratta dos veces en el restaurante Estilo Campo, donde Oyarbide come habitualmente. La acusación también sostiene que el secretario de Baratta fue varias veces a llevarle bolsos de dinero al ex juez. ¿Cuál es la prueba que sostiene esa imputación? Por de pronto, el relato de Centeno. Tal vez Oyarbide, De Vido y Baratta comieron un día en el mismo restaurante, pero no en la misma mesa. Y respecto de Estilo Campo pudo haber ocurrido lo mismo. Oyarbide dijo públicamente en C5N que nunca vió a Baratta fuera de su juzgado y que en su despacho lo vió dos veces por la causa Tiempos Compartidos.
El punto clave, entonces, son las pruebas. Si aparecen –cosa que no ocurrió hasta ahora–, el expediente podría tomar un camino más serio. Un ingrediente deseable es que se encuentren los cuadernos. Y luego habrá que ver la existencia de delitos y los responsables.
Hoy por hoy, la alianza judicial –política– mediática, con un local partidario de Cambiemos funcionando en Comodoro Py, le quita toda ecuanimidad a la investigación.
10 ¿Y el dinero?
En Brasil, al presidente de la Cámara de Diputados se le encontraron 5 millones de dólares en Suiza; a Geddel Vieira Lima, hombre de confianza del presidente Michel Temer, le encontraron 14 millones de dólares en la casa; a Luis Bárcenas, tesorero del PP español, 48 millones de euros en Suiza y a José López, en la Argentina, nueve millones de dólares en su vivienda del Tigre.
En la Casa Rosada, consciente de la escasez de evidencia, mandaron a la Unidad de Información Financiera (UIF) a instalar que podría ser dinero que supuestamente se le encontró en Miami a la esposa del fallecido secretario de Néstor Kirchner. Daniel Muñoz renunció en 2009, o sea que poca participación pudo tener en una asociación ilícita que funcionó de 2008 a 2015. Tampoco suena razonable que el testaferro de Néstor Kirchner fuera esposa de Muñoz. Debe investigarse como corresponde.
En las pesquisas brasileñas tuvieron como arrepentidos a cueveros que indicaron a qué cuentas transfirieron fondos a Hong Kong y de allí a Suiza. Aún así no pudieron encontrar ni una sola evidencia contra Dilma Roussef o contra Lula. En la Argentina, cuando se notificó de las transferencias a Gustavo Arribas, no se avanzó en la investigación, después que el jefe de la ex SIDE dió tres explicaciones distintas al movimiento del dinero de Brasil a Hong Kong y de Hong Kong a su cuenta en Suiza. Lo sobreseyó Rodolfo Canicoba Corral. El juez de los cuadernos es el mismo que mandó a investigar a los fiscales del caso Arribas, a pedido de él mismo jefe de los espías.
De la cacería de esta semana quedan, cuadernos que no están, detenciones arbitrarias, un arrepentido que no se arrepiente y, sobre todo, una ofensiva política enorme para mitigar “la tormenta” de tarifazos, inflación y caída de salarios y jubilaciones.
