Para los especialistas en derecho previsional, la decisión del Gobierno de recortar los medicamentos gratuitos a los jubilados que cobren más de 8.500 pesos o tengan una prepaga, un auto de menos de diez años de antigüedad o más de un inmueble es “ilegítimo e ilegal”. La disposición del Pami afectaría a más de un millón y medio de beneficiarios.
“Los jubilados se desayunaron como regalo de reyes la restricción de los medicamentos gratuitos, lo que es una barbaridad. Es ilegitimo e ilegal, porque no estamos hablando de un beneficio que brinda el Estado, estamos hablando de un contrato que el trabajador en actividad tuvo con el Pami y por el que aportó un tres por ciento durante 30 años de manera obligatoria y solidaria”, explicó Christian D’Alessandro, abogado especialista en derecho previsional y director del Instituto de Derecho de las Personas Mayores y Políticas Gerontológicas del Colegio de Abogados de Morón, en declaraciones a la radio AM750.
El abogado recordó, además, que los recortes en el Pami empezaron en mayo del año pasado cuando Carlos Regazzoni, el director ejecutivo del servicio de salud para jubilados y pensionados, restringió la cantidad de medicamentos gratuitos y habló de “sustentabilidad”.
“Están considerando rico a un jubilado por tener un autito modelo 2007 o al que se pudo comprar una casita en Las Toninas con alguien que tiene aeronaves y barcos de lujo. Estos últimos, son sólo 51 personas y por eso se va a perjudicar a más de un millón y medio de jubilados. Además, el que tiene un avión o una embarcación también aportó al Pami durante 30 años”, sostuvo el D’Alessandro.
Para el abogado, quien evalúa iniciar una acción judicial, las irregularidades en el Pami se van a terminar cuando el organismo pase a “ser gobernado por los trabajadores y los jubilados en un directorio como dice la ley”.