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Mal negocio para el país

Por Andrés Repar *

En las actuales instancias de la Argentina, la exportación de gas a Chile planteada por el ministro de Energía, Javier Iguacel, es un perjuicio para el país. La evaluación que realiza el ministro es que va haber sobrantes en la producción de gas durante el próximo verano, soslayando que esa evaluación está montada sobre una serie de variables económicas muy inestables.

La exportación de gas, de acuerdo a la ley 24.076, sólo es posible autorizarla demostrando que no se afecta el abastecimiento interno. Por su parte, las condiciones de un mercado interno satisfecho se vinculan a una situación dinámica, en donde intervienen posibilidades del mercado ante menores precios  por mayor oferta. Es decir, una mayor oferta interna de gas genera beneficios económicos generalizados, por ejemplo, que se empiece a trabajar sobre una reconversión de sistemas de calefacción eléctricos hacia el gas. Además, la exportación planteada se va a revertir en el invierno próximo a una importación del GNL a un valor desconocido, aunque seguramente por encima de los 8 dólares por Mmbtu. Es decir que con este intercambio se está haciendo un pésimo negocio.

Ante precios atractivos del gas por mayor oferta interna habría en el país un incremento del consumo en el GNC, por ejemplo, que podría pasar rápidamente de un consumo restringido una demanda de un 7 por ciento del total. Es decir, cerca de 2 millones de m3/día. También en las usinas, el precio mayorista al que compra Cammesa puede bajar de los tradicionales montos “inflados” de 70 a 60 dólares por MWh o menos. Y por supuesto que la industria se beneficiaría de esta situación y recuperaría parte de su competitividad térmica. Estos beneficios sistémicos implican en conjunto bastante más que los 3,5 millones de m3/día prometidos como exportación a Chile.

En realidad, la exportación planteada beneficia solo a un par de empresas, mientras que la baja del precio del PIST en el mercado interno a millones de usuarios. La opción es clara.

Ante una industria castigada y una región entera como el NEA aún sin gas, se trata de una exportación inconveniente. Un aumento del uso del GNC posibilita además ahorro de naftas y con ello más disponibilidad de exportación de crudo.

El Gobierno también anunció que se bajan los estímulos al shale gas de 7,50 a 6 dólares por Mmbtu. En realidad es un amague, pues es sólo para los nuevos participantes. Para los restantes, que son los que ya producen, el precio se mantiene igual. La resolución 1/2013 del ministro Axel Kicillof es la que puso dicho estímulo a 7,50 dólares por Mmbtu por un lapso de cinco años, hasta el 1 de enero 2018. Hoy esos estímulos a los productores están vencidos. Sin embargo, el ex ministro Juan José Aranguren le reconoció una extensión ilegítima e irresponsable, que provoca incrementos dolorosos al déficit fiscal. Si no se reducen a todos por igual, no se tiene prácticamente ningún ahorro al tesoro.

La energía barata y competitiva es clave, de otra manera las gasíferas seguirán siendo un sector privilegiado del país con valores nefastos para el desarrollo nacional.

Por último, cabe subrayar que las resoluciones del Enargas N° 300 a la 311 –vinculadas a la cuestión tarifaria– están cuestionadas por múltiples presentaciones cautelares dado que adolecen de fallas, incumplimientos legales, afectación de los derechos humanos  de los usuarios para una vivienda digna, la no realización debida de la audiencia pública para el PIST y otras irregularidades como aplicar el ajuste del PIST un mes antes de lo que especifican los contratos de las licencias afectando en un 40 por ciento (reajuste) de la factura de ese mes en favor de las empresas. Para los usuarios residenciales el precio del gas debe revisarse drásticamente. Sin atender el incremento de ingresos para las petroleras por la devaluación, el ministro Iguacel ha planteado nuevos incrementos a las tarifas en octubre del 25 por ciento.

* Especialista del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz.

La encrucijada

Por Arturo Trinelli *

En materia de hidrocarburos prácticamente todos los esfuerzos oficiales parecen estar puestos en Vaca Muerta. El Ministro Iguacel habló de crear una mesa sectorial para que, en cinco años, Argentina se convierta en “uno de los cinco exportadores de gas más importantes del mundo”. En ese marco, algunos de los principales interrogantes es terminar de definir si se va a mantener el estímulo estatal a la producción no convencional en Neuquén, así como saber qué rol jugará YPF en ese desarrollo y cómo el Gobierno hará valer su mayoría accionaria para conducir la empresa a ese objetivo.

En lo más coyuntural, entre las últimas iniciativas que impulsó el nuevo funcionario pueden destacarse: (1) mantener un precio sostén para el gas no convencional de los proyectos ya aprobados (a pesar de lo confrontativo que esto resulte para su propio relato, signado en limitar al máximo posible la intervención del Estado en la economía) con la idea que, en algunos años, la mayor producción de shale sustituya incrementalmente a la importación de gas; (2) invitar a todas las empresas, incluidas las que tienen dicho beneficio, a participar de licitaciones de Cammesa para la compra de gas destinado a las centrales térmicas, abaratando el costo del millón de BTU y, consecuentemente, el de la generación de energía eléctrica;  (3) encaminar la producción hacia el exterior con la posibilidad de exportar gas a Chile sin necesidad de compensación, es decir, volver a venderle fluido al país vecino, tal como se hacía en los 90. A la par de ser una iniciativa pensada para mejorar la balanza comercial energética, que actualmente explica el 40 por ciento del déficit comercial, la presunta sobreabundancia de gas que depararía Vaca Muerta también requiere de mercado y, se sabe, Argentina tiene niveles de demanda muy disímiles en verano e invierno, lo que obliga a pensar destinos de exportación frente a la imposibilidad de almacenar el excedente en época estival.

No obstante, hay temas sobre los cuales hasta el momento no se observa una decisión de fondo. En campaña los equipos técnicos de Cambiemos criticaban el desacople de los precios internacionales a los locales que había sostenido la gestión anterior, argumentando que dicho esquema desalentaba inversiones por la creación de precios “artificiales” y provocaba un enorme esfuerzo fiscal en materia de subsidios. Sin embargo, el incremento del precio internacional del crudo y la devaluación hoy contradicen aquellos cuestionamientos iniciales, dejando al Gobierno frente al dilema de no subsidiar a la industria minimizando el traspaso de costos a los consumidores. ¿Hay margen para la tan mentada competitividad haciendo recaer ese impacto en las empresas?

Por otro lado, se desconocen los planes oficiales para la producción convencional, con reservas a explotar estimadas en 2400 millones de barriles de petróleo y en más de 0,3 billones de metros cúbicos de gas, y más concretamente saber cuál es la estrategia de diversificación en la producción energética hidrocarburífera, de manera de generar incentivos para orientar la inversión local en los diferentes recursos y fuentes de generación. En paralelo, en virtud de los últimas subas anunciadas, se impone conocer cuán exigente será la factura energética en un contexto general de ajuste y recesión, donde el Gobierno se encuentra en franca encrucijada: si, por un lado, se dispone a incidir para reducir el precio de venta del gas en el mercado interno (insumo clave para las centrales de generación térmicas que se abastecen de gas para la generación de energía eléctrica) y descomprimir las ya abultadas facturas que los usuarios deben afrontar, deberá destinar un millonario volumen de subsidios para las petroleras en momentos donde el FMI le exige reducir el gasto público. Pero si se inclina por dejar flotar el precio del gas, de mayor gravitación en nuestra matriz, para que se aproxime a valores compatibles con lo que se conoce como import parity (mismo precio de venta para el mercado interno que el de la importación) tornará las facturas y los combustibles impagables, asumiendo un costo político que, en un año de elecciones, puede comprometer seriamente sus chances electorales.

* Centro de Estudios y Desarrollo de Políticas (Cedep), www.centrocedep.com.ar
Docente UBA, Flacso y Unpaz.