El estallido en una escuela de Moreno, provincia de Buenos Aires, producido por una pérdida de gas, les costó la vida a una trabajadora y a un trabajador de la educación. Este hecho desgraciado no es más que una de las tantas muestras de abandono de los establecimientos educativos públicos.

La política de la alianza gobernante es muy clara: desfinanciar la educación pública, ponerla al borde del colapso y así, de ese modo, favorecer la enseñanza privada. Todo un plan de destrucción para ampliar aun más la distancia en ricos y pobres en el acceso a los recursos simbólicos, al conocimiento.

En la década del noventa, cuando el neoliberalismo como etapa contemporánea del capitalismo se instala con fuerza en Latinoamérica y en otros países del mundo, se sancionó la ley federal de educación, la cual amplió la brecha entre quienes podían acceder a una enseñanza de calidad y quienes no lograban ni siquiera completar sus estudios primarios. Además, este gobierno anuló por decreto la paritaria nacional docente, derecho adquirido con las luchas de maestras, maestros y profesores.

Las universidades nacionales también padecen el recorte brutal del ajuste en marcha y esto significa generar conflictos laborales y buena medida fomentar la degradación de las carreras de grado y aumentar la deserción.

La educación no es un bien, ni un servicio, es un derecho que debemos defender en las aulas y en las calles.

La muerte de la maestra en Moreno y del asistente escolar hay que agregarla en la lista de crímenes perpetrados por quienes sostienen la orgía de la timba financiera y modelo extractivista e hipócritamente dicen defender la vida.

 

Carlos A. Solero

Miembro de la Apdh