A las 9.38, sonaron las sirenas ayer en Salta 2141, a cinco años de la tragedia que dejó 22 muertos y más de 60 heridos. Familiares de las víctimas pidieron celeridad de la causa que aún no tiene fecha de juicio, con la presencia de la intendenta Mónica Fein y la ministra de Cultura Chiqui González, para recordar la explosión que sacudió a la ciudad el 6 de agosto de 2014. "Es terrible que no haya justicia y cinco años después encontrar a las familias mucho más angustiadas, porque la Justicia no hace olvidar pero repara en algo el dolor", dijo la intendenta minutos antes del acto, y afirmó que la mayoría de los presentes siente “que la Justicia no cumplió". La crítica se debió a que todavía no hay fecha para el inicio oral y público en la causa por estrago culposo agravado, que tiene a once personas imputadas, entre los administradores del edificio, gasistas, inspectores y empleados de la empresa Litoral Gas. El predio donde estuvo el edificio será convertido en un espacio educativo y para la memoria, un proyecto para el que ya se lanzó un concurso nacional. Cuando sonaban las sirenas, una vecina tiró una botella desde su edificio (ver aparte).
El homenaje congregó a autoridades, familiares y allegados de las 22 víctimas, enfrente de las torres desaparecidas, donde se espera construir un centro cultural. A las 9.38 sonó la sirena de los bomberos para recordar el momento exacto de la explosión. Luego, también como suelen hacer cada aniversario, hablaron las familias afectadas.
Eleonora López, hermana de Carlos, una víctima fatal, expresó: "No nos dejen solos en este reclamo. Parece mentira que hayan pasado cinco años de uno de los peores desastres. Fue un camino de penas, de lucha, de impunidad. No bastó para tomar conciencia y producir cambios para que no vuelva a ocurrir".
La mujer subrayó que "los cambios a nivel de la red de gas nunca ocurrieron, como la señalización en la vía pública para evitar escapes. Litoral Gas no posee planificación alguna para mejorar la red de gas. Después de la tragedia, cuando se hizo la auditoría, no colaboró con información. Debemos exigir servicio de calidad y que no se mate a nuestra gente", añadió. López informó que solicitaron audiencia con el flamante ministro de Energía nacional, Javier Iguacel, y aún no recibieron respuesta.
Por su parte, Claudia Vaio, mamá de otro de los jóvenes fallecidos, Santiago Laguía, indicó: "Aunque parezca que no podemos más, estamos más unidos que nunca para seguir gritando a los cuatro vientos que fueron víctimas de la inoperancia, negligencia y la corrupción. Que descansen en paz, nosotros no vamos a parar".
Alicia Vidal, madre de Maxi Fornarese, muerto en la explosión, subrayó que “cada uno hace el duelo como puede, nosotros lo hacemos luchando. Hoy con una toma simbólica para que se pueda construir ese espacio que pedíamos para ellos como recuerdo”, dijo sobre el espacio proyectado.
En la justicia fueron imputadas once personas: el gasista Carlos García y su ayudante, Pablo Miño, quienes manipulaban el medidor de gas cuando explotó; José Allala, otro gasista que trabajó en el edificio los días previos, y los tres responsables de la administración del consorcio, Mariela Calvillo, Norma Bauer de Calvillo y Carlos Repupilli. También cinco empleados de Litoral Gas: el jefe de la sección, Claudio Tonucci, la gerenta técnica de la empresa, Viviana Leegstra, y los inspectores Gerardo Bolaños, Guillermo Oller y Luis Curaba.
