Desde Santa Fe
El decreto que Hermes Binner anunció en 2008 para poner un tope a los sueldos de los funcionarios políticos y directores de empresas públicas, como Aguas Santafesinas y la EPE, lo firmó Miguel Lifschitz diez años después. Es el número 2055/18 que se publicó ayer en el Boletín Oficial y establece que “ninguna autoridad o personal del gabinete” o directivo de “sociedades del Estado o sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria podrán percibir una remuneración o contraprestación por todo concepto, bajo cualquier modalidad” que supere el ingreso de un ministro del Poder Ejecutivo. El salario más alto será entonces el del gobernador, quien justificó la medida en la “lógica de la austeridad”.
El ministro de Gobierno, Pablo Farías, dijo que Lifschitz firmó el decreto 2055 el viernes pasado. “¿Será retroactivo o se aplicará en el futuro?”, le preguntaron. “No puede ser retroactivo porque son derechos salariales. Pero a partir de ahora, cualquier sueldo que sea superior al del gobernador tendrá que retrotraerse a los montos que percibimos los ministros”, explicó.
Ya la semana pasada, en el entredicho por los sueldos de la EPE, la secretaria de Energía Verónica Geese anunció que Lifschitz tenía a la firma el decreto que pone un techo salarial a los funcionarios políticos y ese límite era el ingreso de los ministros del gabinete. La decisión marcará “la austeridad con la que tenemos que manejarnos todos para acompañar el esfuerzo de la gente”, interpretó la funcionaria. Y recordó que Lifschitz ya le había ordenado al presidente de la EPE, Maximiliano Neri, que pusiera un tope a los salarios de directores y gerentes de la empresa –que en mayo cobraron un bono anual por más 400.000 pesos, en algunos casos-. Por lo tanto, lo que hace el decreto es “extender ese tope al resto de los funcionarios políticos en todas las áreas”, aclaró Geese.
La polémica por los sueldos de los funcionarios políticos no es nueva, ya se planteó en 2008, en el arranque del gobierno de Binner cuando el ex mandatario descubrió que los directores de Aguas Santafesinas duplicaban el ingreso del propio titular del Poder Ejecutivo. En ese entonces, una de las hipótesis era imponer un tope a la grilla salarial por decreto. Binner la descartó, pero ahora Lifschitz se inclinó por esa alternativa. En la primera reacción, el abogado constitucionalista Domingo Rondina dijo que “ese tipo de decretos siempre generan injusticias. Van por el camino de que a la política solo llegan los ricos o los que no tienen otra forma de conseguir sustento”.
Sin embargo, Lifschitz consideró el decreto 2055 como una “medida concreta” para “controlar” y hacer más eficiente el “gasto público”. El objetivo es aplicar “políticas de contención, control y reducción del gasto con la finalidad de compatibilizarlo con los recursos disponibles”.
“Es necesario –planteó el mandatario- que las remuneraciones de las autoridades superiores, que presten servicios en el ámbito del Gobierno, se ajusten a parámetros uniformes en un contexto de lógica austeridad” y respondan “a principios de eficiencia y eficacia”. Esto permitirá un “manejo ordenado de la finanzas públicas”, contribuirá a “establecer un marco de previsibilidad en el accionar económico y financiero del Estado” y amortiguará “el eventual impacto que puedan tener las eventuales fluctuaciones de la recaudación provincial”.
